Dom01212018

ActualizadoDom, 21 Ene 2018 1am

Lectura de Domingo: "Carlos Menen puede ser candidato a senador" por Carlos Baeza

El reciente fallo que habilita a Carlos S. Menem a postularse como candidato a senador nacional por la provincia de La Rioja en las próximas elecciones del 22 de octubre, ha generado -como era previsible- serias controversias en diversos sectores de la opinión pública.

Ello por cuanto el nombrado se encuentra condenado en dos causas penales, una emitida por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (causa CPE33008830/1997 ) y la restante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 (causa 5926/04), ambas apeladas, además de otras causas en las cuales Menem se encuentra procesado.

1° El apoderado de la Alianza Izquierda al Frente por el Socialismo impugnó en su momento ante el Juez Federal con competencia electoral en La Rioja, la precandidatura de Menem en las PASO invocando precisamente la existencia de dichas causas, planteo que fue desestimado por encontrarse vencidos los plazos fijados en el cronograma electoral para tal impugnación. Apelado el fallo, la Cámara Nacional Electoral revocó el mismo lo que motivó que el impugnante acudiera a la Corte Suprema de Justicia la cual entendiendo que dicho pronunciamiento adolecía de serias deficiencias lo dejó sin efecto y ordenó se dictara un nuevo fallo el cual tuvo lugar el pasado 29 de agosto por parte de la Cámara Nacional Electoral con una nueva integración.

2° En primer término el tribunal -al igual que se sostuviera en el primer fallo- entendió que la impugnación no podía prosperar toda vez que el plazo para formular la misma había fenecido un mes antes de la presentación judicial. En ese sentido se afirmó que “los plazos establecidos en el cronograma electoral tienen una importancia sustantiva en tanto fijan las etapas del proceso que se encuentra pautado legalmente. En el caso, el artículo 27 de la ley 26571 fija –entre otros los plazos para realizar los cuestionamientos a los actos del proceso electoral como el de autos, siendo del caso recordar que conforme pacífica jurisprudencia, son prescriptivos y por ende, generan la preclusión de las etapas una vez vencidos (vid Fallos 314:1784 y 331:866 CSJN y Fallos 3507/05 y 3862/07CNE)”

Asimismo, y como otro aspecto inhabilitante de la impugnación, se adujo que conforme al art. 27 de la ley 26.571, “son las juntas electorales quienes tienen a su cargo la verificación de que los precandidatos cumplan con los requisitos constitucionales y legales que presentan las diferentes listas, sin que se prevea la intervención en la etapa del proceso, de los demás partidos políticos o electores”; siendo que precisamente el impugnante lo hacía como apoderado de otro espacio político interviniente. Por todo ello, la Cámara confirmó el fallo en cuanto a que la impugnación se había realizado en forma extemporánea.

3° No obstante ello -y que de por sí bastaba para habilitar la candidatura- la Cámara fue al fondo del asunto para considerar si Menem se encontraba o no en condiciones de ser candidato teniendo en cuenta tanto las condenas no firmes así como los restantes procesos en los que se encuentra involucrado. Sobre este aspecto el Tribunal entendió que conforme al art. 16 de la Constitución Nacional todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, en tanto que el mismo texto garantiza la presunción de inocencia (art. 18) la que solamente cede frente a una condena penal firme pasada en autoridad de cosa juzgada, esto es, contra la cual no existan más recursos o que hayan vencido los plazos procesales para interponerlos.

Cabe señalar que la Ley Orgánica de los Partidos Políticos dispone que “No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en 
elecciones generales a cargo públicos electivos nacionales,… a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes…”; en tanto que el Código Electoral Nacional al fijar quiénes deben ser excluidos del padrón electoral enumera, entre ellos, a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena” (conf. art.33 ley 23298 texto según ley 26571 y art. 3° inciso e) C.E.N.)

De tal forma, surge palmariamente de la legislación aplicable recién analizada que el impedimento para el ejercicio del derecho a ser elegido sólo se verifica en el caso en que el candidato se encuentre condenado por fallo de juez competente en proceso penal, mediando una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, ya que si bien las resoluciones jurisdiccionales gozan de presunción de certeza y legitimidad sólo la sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada logra destruir el estado de inocencia que garantiza la Constitución Nacional. En este sentido ello es ratificado por la Convención Americana de Derechos Humanos que desde la reforma de 1994 forma parte del plexo constitucional argentino (art. 75 inc. 22) al disponer en su art. 23 que la reglamentación de los derechos políticos solo es viable “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental y condena, por juez competente, en proceso penal”.

Esta última disposición es precisamente la que exige que dicha condena penal se encuentre firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como lo confirma el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional en el caso “Mignone”. En efecto: el art. 3° del Código Electoral Nacional incluía entre quienes se encontraban excluidos del padrón a “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad” (inc. d), sosteniendo el Alto Tribunal que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva y que no debe constituirse en la regla general, ya que de lo contrario, se estaría privando de su libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido aún establecida, en violación al principio de inocencia. Por tanto, privar del sufragio a un ciudadano encarcelado pero sin condena, constituye una restricción inadmisible a un derecho fundamental que no guarda relación ni con los fines de la detención ni con las necesidades de la organización del régimen carcelario, por lo cual se declaró la inconstitucionalidad de la citada norma y en su virtud la ley 25.858 eliminó esa restricción disponiendo que los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir el sufragio.

De lo expuesto se desprende con total claridad que frente a los textos y jurisprudencia citados, tanto quien se encuentre privado de su libertad por estar cumpliendo prisión preventiva pero sin haber recaído aún sentencia condenatoria, como igualmente aquél que ya haya sido condenado pero sin que tal condena se encuentre firme, no pueden ser privados del derecho al sufragio tanto activo (poder votar) como pasivo (poder ocupar cargos electivos populares. Por todo ello, y teniendo en cuenta que las dos sentencias condenatorias contra Carlos S. Menem no se encuentran firmes al haber sido apeladas y por ende, tales fallos aún no revisten el carácter de cosa juzgada, la Cámara desestimó el recurso y en su consecuencia, el nombrado quedó habilitado a postularse en las elecciones del próximo 22 de octubre.

En este, como en tantos otros casos, debe recordarse que el art. 116 de la Constitución Nacional dispone que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación...”; en tanto el art.31 consagra el principio de supremacía constitucional mediante el cual cabe a los jueces declarar la no aplicación de normas emanadas tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo cuando las mismas sean violatorias de la Ley Fundamental. Decía Alberdi que “La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes...La ley es un Dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado. 
Este la hace ser sabia o inicua...Cread la jurisprudencia, que es el suplemento de la legislación, siempre incompleta, y dejad en reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán raíz”. Por más cuestionable que pueda parecer un fallo judicial desde la óptica de la opinión pública, el mismo en tanto haya sido dictado conforme a la Constitución y a las leyes reglamentarias de todo proceso y se encuentra firme, es la única forma en la cual el Estado de Derecho puede dirimir los conflictos entre partes.

En la Argentina de la anomia parece instalada la idea que un fallo judicial es correcto cuando responde a lo que uno espera, y que no lo es en caso contrario descalificando, tanto el pronunciamiento como al magistrado que lo produjo. No se trata que una resolución judicial no pueda merecer un análisis crítico siempre que el mismo tenga fundamentos jurídicos que habiliten una solución diferente del caso, pero no cuando solo se esgrime un parecer distinto con la sola base de pensar que el fallo debió ser en sentido contrario.

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