Dom10212018

ActualizadoSáb, 20 Oct 2018 10am

Lectura de Domingo: "Un fallo cuestionable" por Carlos Baeza

Con fecha 19 de octubre pasado la jueza María R. Servini ha emitido un fallo que al menos desde el punto de vista electoral resulta cuestionable al haberse transgredido palmariamente las etapas preclusivas previstas por el Código Electoral Nacional.

 

1° La causa se inicia cuando un conjunto de candidatos de la alianza “Vamos Juntos” del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impugnó la candidatura de Joanna Agostina Picetti propuesta por ese espacio político como diputada nacional en representación de dicha jurisdicción. Alegaron que si bien la justicia electoral había aprobado esa candidatura, con posterioridad a ello tomaron conocimiento de graves hechos que involucraban a la nombrada y referidos a su círculo íntimo familiar que ya habían sido judicializadas, razón por la cual le solicitaran la renuncia a su candidatura a lo que la misma se negara, razón por la cual y por entender que su conducta violentaba los arts. 16, 48 y 66 de la Constitución Nacional, recurrían a esa vía judicial.

2° La jueza interviniente, luego de admitir que el plazo para impugnar candidaturas ya estaba vencido al tiempo de la presentación referida y que no existían antecedentes que existiera una condena de la nombrada por los hechos invocados, sostiene que los recurrentes se basan en que al momento de postular a Picetti ignoraban los hechos de los que luego tomarían conocimiento ya que de haberlos sabido no hubieran realizado la postulación. A partir de esta argumentación y sin apoyo legal o jurisprudencial alguno, la jueza sostuvo que “La aceptación de una candidatura no se circunscribe solamente a al acto formal de completar los datos personales en el formulario respectivo para luego rubricarlo, sino que implica además, la creación de un vínculo de compromiso, tanto en valores como en ideas, con la entidad que habrá de sostener esa candidatura. Debe considerarse además que los candidatos que son postulados por una agrupación política, deben adecuar su conducta y sus intereses al proyecto político común, con base en la confianza mutua que debe existir entre ellos y que constituye, en ese sentido, un elemento esencial que hace a la existencia de esa asociación política”. Agregó que “ante una situación imprevisible y excepcional que podría ocasionar perjuicios irreparables a la alianza electoral que postula esa lista, resulta atendible lo decidido en el seno de la agrupación. Ello así por cuanto así como una alianza electoral decide voluntariamente y en el marco de acuerdos políticos oficializar una lista de candidatos, tiene facultades también -en casos debidamente fundados y de excepcionalidad verificada- de desistir de la postulación de algún candidato, en salvaguarda de los intereses de la alianza, del resto de los candidatos y del electorado que votaría por una persona de la que desconocía su situación”

3° El fallo resulta así no sólo carente de toda fundamentación legal sino que palmariamente viola la normativa vigente en materia electoral. En efecto: conforme a lo dispuesto por el art. 2° de la ley 23.298 corresponde a los partidos políticos “en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos”. De tal forma, estas agrupaciones detentan el monopolio de la representación política en el sentido que ningún habitante puede pretender ocupar cargo alguno electivo si no es a través de un partido político que lo proponga para el mismo.
Por su parte el Código Electoral Nacional fija claramente las pautas al respecto y así, el art. 60 dispone que “Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales”.

Por su parte, el art. 61 establece que “Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución…La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso”

Y en cuanto a las boletas partidarias, el art. 62 prevé que “Las agrupaciones políticas reconocidas que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios” Por ello “La Junta Electoral Nacional verificará, en primer término, si los nombres y orden de los candidatos concuerdan con la lista registrada por el juez electoral y tribunales provinciales en su caso (art. 63)y finalmente “Cumplido este trámite, la
Junta convocará a los apoderados de los partidos políticos y oídos éstos aprobarán los modelos de boletas si a su juicio reunieran las condiciones determinadas por esta ley (art. 64)

Fue por ello que el cronograma electoral para las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre, fijaron tres fechas claves: el 2 de septiembre se produjo el vencimiento del plazo para la registración de los candidatos que resultaran triunfantes en las PASO; el 12 de septiembre quedaron oficializadas las listas de candidatos, en tanto que el 22 de septiembre se aprobaron las boletas de todos los partidos intervinientes. Tal como lo tiene resuelto la Cámara Nacional Electoral “la oficialización judicial de los candidatos constituye la garantía fundamental de que éstos posean las referidas calidades y toda vez que las listas constituyen la oferta que los partidos políticos y alianzas realizan a la ciudadanía, asegurar la legalidad de su composición es un deber ineludible de la justicia electoral” (cf Fallos CNE 2921/01, 2952/01 y 3196/03, entre otros).

Precisamente, como la propia jueza lo reconoce, al tiempo de formularse la reclamación de la alianza “Vamos Juntos” tendiente a excluir a la candidata Picetti de la nómina de diputados nacionales, ya se encontraban vencidos los plazos para realizar impugnaciones y por ende, se habían oficializado las listas de candidatos por lo cual no era jurídicamente viable cuestionamiento alguno. Es que el instituto de la preclusión supone el agotamiento de un plazo legal y sus efectos y la consecuente imposibilidad de hacerlo renacer bajo pena de violentar el orden jurídico, razón por la cual ya no le era dable a la alianza “Vamos Juntos” pretender excluir de la lista de diputados nacionales a la candidata cuestionada.

Y tal es así que el fallo en cuestión, sin apoyo normativo alguno, se limita a sostener que “le asiste derecho a la alianza, luego de evaluar los hechos que llegaron a su conocimiento en forma sobreviniente, de adoptar esa decisión por entender que su conducta no resulta compatible con la condición prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional” , pero sin analizar que la etapa de impugnaciones prevista por el cronograma electoral ya se encontraba vencida y sin que tampoco hubiera prueba alguna en la causa en torno a los hechos que motivarían la exclusión.

Y la orfandad jurídica del fallo se advierte en la parte resolutiva del mismo donde se limita a “tener presente la decisión de la Alianza Vamos Juntos y en consecuencia tener por excluida a la ciudadana Joanna Picetti de la lista de candidatos a diputados nacionales para los comicios a celebrarse el 22 de octubre de 2017”, siendo que 3 días después de emitido el pronunciamiento, el electorado de la CABA votó la lista que incluía como candidata a Picetti.

Por ende y si las razones alegadas tuvieran sustento jurídico, siempre le cabe a los impugnantes la vía prevista por el art. 64 de la C.N en virtud del cual, y siendo cada cámara “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”, podrán peticionar en el periodo de sesiones preparatorias, la no aprobación del diploma de la candidata ya electa, única vía posible para lograr su exclusión de la Cámara de Diputados”.

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