Sáb01202018

ActualizadoDom, 21 Ene 2018 1am

Lectura de Domingo: "El Caso 'Patti' y su influencia actual" por Carlos Baeza

Clase magistral del constitucionalista bahiense sobre la situación de la actual senadora nacional electa -María Cristina Fernández-, su situación procesal ante la justicia y las diversas alternativas ante la posibilidad de un rechazo por parte de la Cámara o el pedido de su desafuero. El Caso Patti y su incidencia "jurisprudencial y doctrinaria" actual.

 

Tal como es de dominio público, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue electa como senadora nacional en los comicios del pasado 22 de octubre; y siendo que actualmente se encuentra sometida a diversos procesos judiciales se viene sosteniendo que la Cámara de Senadores podría, por tales causas, o bien rechazar su diploma impidiendo su acceso al cuerpo o, en todo caso, producir su desafuero si alguno de los jueces intervinientes así lo solicitare.

Creemos, sin embargo, que ninguno de esos supuestos es viable a la luz de expresas cláusulas constitucionales así como a lo resuelto en su oportunidad por la Corte Suprema de Justicia en el sonado caso “Patti”.

1° La Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de las sesiones preparatorias y en ocasión de prestar aprobación a los diplomas de los diputados electos en los comicios de renovación parlamentaria del año 2005, resolvió por 212 votos contra 8, no aceptar el perteneciente al diputado Luis Abelardo Patti, quien obtuviera alrededor de 380.000 votos (5,92%), invocando para ello la presunta inhabilidad moral en que se encontraría incurso el nombrado por la existencia de procesos penales en su contra por delitos de lesa humanidad.

a) Al respecto, el art. 64 de la Constitución Nacional confiriere a las cámaras la potestad de ser "juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez" (art. 64) por lo cual cabe preguntarse acerca de su alcance; y en tal sentido el texto es por demás claro: lo único que puede ser materia de valoración por las salas del Congreso, respecto a quienes electos pretenden ingresar, es la validez de las elecciones y la existencia de los títulos o calidades exigidas a los legisladores.

Siendo así, no es posible impedir el acceso de un legislador electo invocando la existencia de una supuesta “inhabilidad moral” que a su vez surgiría de presuntas causas judiciales que lo inhabilitarían para el ejercicio del cargo. Todo lo relativo a las inhabilidades, impedimentos o incompatibilidades de los candidatos a legisladores -entre otros- debe substanciarse ante los órganos electorales competentes y en los periodos previstos para formular tales impugnaciones, según la legislación vigente; y por tanto, una vez que la justicia electoral aprueba las listas de candidatos y oficializa las respectivas boletas partidarias, quienes en ellas figuren gozan de una suerte de presunción de legitimidad, y una vez electos y conferidos los respectivos diplomas habilitantes sólo cabe el juzgamiento por parte de las Cámaras en torno, exclusivamente, a la existencia de las calidades requeridas para ocupar el cargo o al acto electoral (arts. 60; 61; 62; 63 y 64 Código Electoral Nacional)

b) Precisamente, ello es lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados cuando al regular el periodo de sesiones preparatorias lo que debe ocurrir dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de cada año (art. 1°), establece que una vez reunida la Cámara y en los años de renovación parlamentaria, "se considerarán las impugnaciones por negación de las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional..." (art. 2°). Al respecto y según el art. 3° las impugnaciones sólo pueden consistir: 1° en la negación de alguna de las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional (edad, nacionalidad o residencia); y 2° en la afirmación de irregularidad en el proceso electoral. En el primer caso, si prima facie se alegare la ausencia de alguno de los requisitos o calidades, el impugnado no podrá prestar juramento y su diploma se reservará para ser juzgado en las sesiones ordinarias. En el supuesto de considerarse necesaria una investigación acerca de tal falta de recaudos, el candidato podrá no obstante incorporarse con los mismos caracteres y atributos de los diputados en ejercicio. Esta última solución es igualmente la prevista para el caso en que la impugnación versare sobre irregularidades en el acto eleccionario.

c) Llegado el caso a la Corte Suprema de Justicia y siguiendo la doctrina sentada en el caso “Bussi”, se sostuvo que la atribución que el art. 64 de la Constitución Nacional confiere a cada cámara del Congreso para ser juez “de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, solo las habilita para revisar la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de los diplomas, es decir, si fueron regularmente emitidos por autoridad competente. Por tanto, se agregó, “no se ha conferido al Congreso un poder para negar la incorporación de un candidato electo, haciéndose valoraciones materiales como la falta de idoneidad o la inhabilidad moral, ya que es el pueblo quien, al elegirlos en el marco de un sistema judicial-electoral de impugnaciones, valora la idoneidad de sus representantes”. Finalmente se dijo que aun cuando el invocado impedimento se basara en los hechos presuntamente cometidos “mientras no se dicte condena judicial, no existe impedimento para que se ejerza el mandato popular”. Se concluyó, por tanto, en que la Cámara de Diputados al juzgar el diploma de Patti, había excedido la potestad constitucional conferida por el art. 64 de la Constitución y dispuso que el cuerpo le tomara juramento y lo pusiera en posesión de su banca; ello sin perjuicio que ante una nueva solicitud de juez competente para efectivizar su detención, la misma sala pudiera proceder al desafuero.

d) Sin embargo, no aconteció así pues según se sostuviera en el debate habido tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales como en el recinto de la cámara, el fallo de la Corte afectaba la independencia y separación de poderes y por ende, carecía de valor para obligar al cuerpo a tomar el juramento que ya antes negara. De esta manera, una de las ramas del Congreso Nacional desconoció un fallo del más alto Tribunal del país, quien desde antiguo tiene dicho que él es el último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción como perteneciente al Poder Judicial. Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. De sus fallos no hay recurso alguno (Fallos 12:149) De allí que la Cámara de Diputados no pudo desconocer el pronunciamiento de la Corte y en su consecuencia, debió haber procedido a la toma del juramento del diputado electo Luís Abelardo Patti. Por el contrario, no solo no lo hizo sino que en una resolución igualmente reñida con el texto constitucional, procedió al desafuero del nombrado a solicitud de la justicia federal de San Martín.

2° Por otra parte debe recordarse que la potestad de las cámaras para evaluar las calidades de sus miembros así como lo relativo a su elección, debe tener lugar en el periodo de sesiones preparatorias pero en ellas y si bien pueden aceptar el diploma del legislador, no pueden tratar otras causales que no sean las señaladas, esto es, falta de alguno de los requisitos de edad, nacionalidad o residencia o vicios en el acto eleccionario. Esta es la opinión de Bidart Campos para quien las impugnaciones a los diplomas de los legisladores electos pueden tener lugar en el curso de las sesiones preparatorias, siendo posible la aceptación de ese título y la consecuente incorporación de su titular pero no, en cambio, el rechazo del diploma, toda vez que ello implica "la plenitud del juzgamiento de su 'elección-derecho-título' en cuanto a la validez, y tal competencia la tienen las cámaras en el periodo ordinario de sesiones y no en las preparatorias, que la Constitución ignora)". Y ello es igualmente lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados en sus arts. 1°, 2° y 3° según lo visto precedentemente.

3° Finalmente, tampoco es posible que antes de la asunción de un legislador pueda procederse a su desafuero. Es que una cosa es el alcance dado a la inmunidad de arresto por los Padres Fundadores, en cuanto al momento de su inicio que se produce en el acto de su elección, con prescindencia de que haya o no asumido efectivamente el cargo; y otra muy diversa es el supuesto del desafuero de un legislador, medida que necesariamente conlleva a que el mismo ya se haya incorporado al cuerpo, a través del juramento y sea puesto en posesión de su banca. De allí que no se concibe, por ejemplo, que un presidente pueda ser objeto de remoción por el llamado “juicio político” antes de asumir sus funciones; o que un juez inferior sea pasible de enjuiciamiento por parte del jurado creado al efecto antes de tomar posesión de su estrado. Y ello por cuanto, tanto el desafuero, como la destitución por “juicio político” o la remoción de magistrados judiciales, parten del presupuesto que no les es dable cometer las acciones que posibilitan su desplazamiento precisamente por no estar todavía en funciones. ¿Cómo podría incurrir en mal desempeño del cargo un presidente que todavía no es tal? ¿De qué manera podría privarse de la inamovilidad que tutela a un juez mientras dure su buena conducta, si justamente por no haber asumido aún, no le es dable incurrir en mala conducta?

De la misma forma, el art. 70 de la Constitución supone que cuando el juez solicita el desafuero de un legislador, éste ya se halla incorporado al cuerpo y por ello, es posible a la respectiva cámara ejercer esa potestad de apartarlo. No se puede separar a quien nunca se incorporó. Este es, por otra parte, el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia al decir que para que funcionen los privilegios de exención de arresto y de previo desafuero instituidos por la Constitución, se requiere como condición ineludible que el imputado sea senador o diputado (Fallos 234:250)

4° Como conclusión de todo lo expuesto es que entendemos que:

a) en las sesiones preparatorias de los primeros días de diciembre próximo, la Cámara de Senadores solo puede rechazar el diploma de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner por no reunir las calidades requeridas por el art. 55 C.N (edad; nacionalidad o residencia) o por vicios en el acto de su elección, pero nunca por otras causales tales como falta de idoneidad; inhabilidad moral o la existencia de causas penales en trámite.

b) no es viable tampoco, con anterioridad al 10 de diciembre próximo, la solicitud de algún juez a la Cámara de Senadores para que se proceda al desafuero de la nombrada, por no haber asumido hasta ese momento, el cargo para el que fuera electa, lo cual supone la aceptación de su diploma y el juramento exigido por el texto constitucional (art. 67 C.N)

c) luego que la nombrada asuma su banca y si en virtud de alguna de las causas penales incoadas en su contra un juez solicitara su desafuero corresponde que la Cámara de Senadores evalúe la petición y en caso de considerarla procedente, con dos tercios de votos proceda a su separación del cargo (art. 70)

De no procederse así se daría razón a Montes de Oca cuando sostiene que en esta materia, las Cámaras "son los peores jueces. Generalmente irresponsables, se convierten en comités o camarillas, y no hay título o diploma de diputado o de senador que no esté sujeto a críticas, si así conviene al partido que prima; que no sea legal, si el elegido es miembro de la comunidad que domina. Son los diputados electos los que juzgan la validez de las elecciones de sus colegas. Su decisión será siempre interesada. Responderá a las exigencias del partidismo, y al mismo tiempo, a la utilidad personal, ya que el temor de un rechazo por el voto de quienes se encuentran en su situación, puede inspirarles una conducta acomodaticia y de circunstancias".

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