Dom10212018

ActualizadoSáb, 20 Oct 2018 10am

Lectura de Domingo: "Paradojas de la libertad" por Carlos Baeza

No cabe duda que desde el punto de vista axiológico, la libertad es una de las mayores conquistas en materia de derechos humanos lograda a través del tiempo. Sin embargo...

 

... vemos a diario una aparente paradoja cual es que son criticados por igual los jueces que privan de su libertad a funcionarios acusados de corrupción, como aquellos que dejan en libertad a presos antes del cumplimiento de sus condenas y que vuelven a cometer aberrantes delitos, no obstante que en ambos casos, esos jueces lo hacen con sustento en normas legales vigentes.

1° En el primer caso, se están cuestionando una serie de detenciones de ex funcionarios del anterior gobierno por suponerlos responsables de diversos delitos y antes que sobre ellos recaigan sentencias condenatorias previas. No está en discusión la garantía de la presunción de inocencia emergente del art. 18 de la Constitución Nacional según la cual todos somos inocentes mientras no se demuestre nuestra culpabilidad a través de un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho, ante un juez natural y con preservación de las garantías de la defensa en juicio.

Pero ocurre que también las normas procedimentales hoy vigentes facultan a los jueces a producir esas detenciones aún sin la existencia de una sentencia condenatoria, cuando exista peligro que el imputado pueda fugar de la acción de la justicia o desarrollar actividad tendiente a obstruir ese accionar ya sea haciendo desaparecer probanzas o presionando a testigos, entre otros motivos.

Todo ello es absolutamente legal en el marco de la prisión preventiva y en cada caso es resorte exclusivo del juez interviniente analizar los elementos obrantes en la causa y determinar si existen tales posibilidades de burlar el accionar judicial; lo que no excluye que de ser considerada la detención como ilegal pueda recurrirse de la misma ante una instancia superior. Esto es lo que prevé el Estado de Derecho que afortunadamente rige hoy en la Argentina, a menos que se modifique el citado régimen procesal.

Resulta igualmente patético que con base en la difusión pública de algunas imágenes que documentaran la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en su domicilio, se pretenda deslegitimar ese proceso alegándose que en el mismo se vio al ex funcionario “recién levantado y descalzo”. Se ignora a qué hora el nombrado se habría levantado, pero no cabe duda que una diligencia judicial como la citada no puede supeditarse a la hora en que el imputado decida dejar su lecho; y además cuesta suponer que alguien le haya impedido calzar sus pies, hecho éste último que parece no afectarlo pues fue el mismo Boudou quien junto a Esteche, D’Elía y Mariotto mostró sus extremidades inferiores desnudas y sumergidas en una fuente pública, remedando una vieja foto del 12 de octubre de 1945.

Ello sin perjuicio que se investigue -como se está haciendo- la difusión pública de esas imágenes y eventualmente se apliquen sanciones si así correspondiere. Frente a un hecho similar, como fue la detención en su domicilio del sindicalista Medina, no se escuchó crítica alguna en torno a que las imágenes difundidas en los medios mostraran al nombrado, cómodamente sentado y fumando de un narguile. Tampoco recuerdo a ninguno de estos críticos levantar su voz cuando el entonces vicepresidente logró destituir al Procurador General, a un juez y a un fiscal que lo investigaban por causas que hoy lo tienen procesado.

Menos aún, cuando como funcionario público, denunció dos domicilios falsos en diversa documentación: uno, en un médano de la costa bonaerense y otro en la casa de un jubilado que solo conocía a Boudou por los medios. Igual silencio guardaron cuando el nombrado adulteró documentación de un automotor para privar a su ex esposa de la parte correspondiente en el juicio de separación y ni que decir de su accionar “truchando” facturas de hoteles en el extranjero para acrecentar viáticos. Todo ello sin perjuicio de su intervención en la causa “Ciccone” o en la dispendiosa compra de vehículos para la dependencia a su cargo, entre otras denuncias.

Y un último aspecto hace a quienes son los magistrados que vienen llevando a cabo estas detenciones. Es sabido que parte del fuero federal de Comodoro Py se ha caracterizado por ser tiempista, esto es, que mientras está en el poder un partido político determinado, las causas que pueden afectarlo o bien son rápidamente resueltas en su favor -Oyarbide fue un claro ejemplo- o son tratadas con extremada lentitud; y que cuanto ese mismo gobierno está concluyendo su ciclo y deja el poder en manos de uno de signo contrario, la mayoría de esas causas comienzan a recibir un tratamiento acelerado.

Ello ha sido así; es así y quizá lo siga siendo en el futuro y si se desea un cambio profundo, existen mecanismos de control y enjuiciamiento para apartar a los magistrados que incurran en delitos o mala conducta. Pero mientras tanto, son esos mismos jueces y no otros, quienes deben llevar adelante los actuales procesos y cuando se criticaba que nadie del anterior gobierno iba preso por corrupción, ahora que se están produciendo notorios avances –en típica actitud “gatoflorista”- igualmente se los cuestiona.

2° Respecto al segundo caso es evidente que cuando un juez concede beneficios a un preso tales como salidas transitorias o libertad asistida o domiciliaria antes del cumplimiento total de la pena, lo hace porque así lo facultan las normas procesales en la materia, las cuales si bien no lo obligan a proceder así lo facultan a ello. Lamentablemente, en muchos de esos casos, los presos en libertad vuelven a delinquir incluso en delitos más graves y aberrantes.

Esta situación no es sino la consecuencia directa de la doctrina abolicionista en materia penal la cual propugna intercambiar los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida. Claro exponente de la misma ha sido el titular de varios prostíbulos porteños y ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni quien públicamente manifestara que era horrible mandar gente a la cárcel y que en consecuencia “Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’.

Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre". Este mismo personaje fue quien se presentara a la audiencia pública en el Senado donde se examinaba su pliego para integrante de la Corte asistido de su íntimo amigo y socio Jacobo Isaac Grossman condenado a 20 años de prisión por integrar una banda de secuestradores, lo que llevó al senador Gómez Diez a afirmar que era “un verdadero desafío al Senado presentarse con un ex convicto como asesor”. También Zaffaroni redujo de 7 a 3 años de prisión la condena a un abusador alegando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”

Lamentablemente, esta doctrina ha tenido varias adhesiones tales como la de los fiscales federales Alejandro Alagia y Javier de Luca: el primero consideró el Código Penal nacional tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; agregando que el nuevo proyecto “es tan severo como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”; afirmando que “el castigo es una solución irracional, una trampa”; porque “cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena para resolver los problemas cotidianos, ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”.

En tanto el restante cuestionó que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.
En sintonía con esta aberrante doctrina, cabe también recordar que el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues redujo a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre -hecho no acreditado- esta segunda violación le restaba gravedad a la causa.

Otros dos jueces exponentes de esta doctrina son Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos. El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma. En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito. Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”.

En la lista igualmente figura el juez Rossi quien posibilitó la salida anticipada de un asesino condenado por dos violaciones y que ya en libertad violó y asesinó en Entre Ríos a Micaela García; y el más reciente es el juez Villafañe quien permitió la salida transitoria de quien asesinara a Abril Bogado, así como antes lo hiciera en otros dos casos, entre ellos, el del cuádruple crimen de Hudson. En todos estos casos, los jueces actuantes obraron conforme a las normas procesales vigentes y en muchos de ellos en contra de los informes periciales que no aconsejaban las liberaciones pero que al carecer de poder vinculante fueron descartados.

La solución pasa, entonces y en primer término, por un agravamiento general de las penas que por sí mismo no baja los índices delictivos, como ya ha sido comprobado en todos aquellos sistemas en que el agravamiento de las sanciones para ciertos delitos -inclusive la pena de muerte- no contribuyó a disminuir los ilícitos. Y ello por una razón muy sencilla: el delincuente no lee el Código Penal ni se entera cuando se aumentó una pena. Y si de todas formas lo supiese, tampoco ese hecho le haría desistir de su raid delictivo por la circunstancia de estar convencido que no será descubierto ni detenido. Pero también es cierto que el aumento de las penas lleva a disminuir la cantidad de ilícitos al evitar que el delincuente se recicle y vuelva a delinquir, como está demostrado hasta el hartazgo y surge de los casos testigos antes analizados.

Pero ello solo no alcanza si igualmente no se eliminan tales beneficios en casos de delitos graves (homicidios agravados, violaciones o femicidios, entre otros) haciendo que el condenado deba cumplir íntegramente su pena y evitando así que la opción en dejarlo o no en libertad ya no esté en manos de jueces abolicionistas sino de la propia ley. Todo esto no se logra sin decisión política y la misma -salvo en algunos distritos- no se advierte en el presente; o ¿usted recuerda a alguno de los que hacen política berreta proponer cosas como éstas o simplemente pretender que las penas se cumplan tal como fueron impuestas por los jueces?

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