Vie09212018

ActualizadoVie, 21 Sep 2018 12am

Lectura de Domingo: "De indultos y conmutación de penas" por Carlos Baeza

El constitucionalista bahiense aborda un tema que, tanto en su momento en nuestro país como en la actualidad en el Perú, genera siempre polémica. Es así entre los académicos como las variadas opiniones de aquellos legos que ven en el recurso una herramienta donde se desnaturaliza su espíritu y da lugar a manejos y especulaciones.

 

Siempre he sostenido que en una eventual reforma de la Constitución Nacional debería eliminarse -entre otras posibles enmiendas- la atribución conferida al presidente para poder indultar y conmutar penas. Y más allá de las razones jurídicas que ameritan esa supresión lo cierto es que tales facultades se prestan igualmente a especulaciones políticas de baja estofa, tal como ocurriera en su momento en nuestro país y hoy se aprecia igualmente en el caso de Perú.

1° Cabe recordar que el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, fue denunciado por el cobro de presuntas coimas por parte de Obredecht y que por ello el Congreso inició el trámite del juicio político tendiente a su destitución y posterior enjuiciamiento. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que el ex presidente peruano Alberto Fujimori quien se encuentra preso y condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, había solicitado en diciembre de 2017 se le otorgara el indulto por razones de salud. Y bien: en una maniobra política aberrante, los legisladores del fujimorismo pactaron con Kuczynski su voto contrario a la destitución a cambio del indulto de Fujimori y de tal forma y a la vista de todos, el Congreso peruano no pudo enjuiciar al actual presidente y solo tres días después éste confirió el indulto solicitado.

2° Según lo determina el art. 99 inc. 5° el Poder Ejecutivo “Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”. El poder de perdonar en los antiguos regímenes monárquicos no se encontraba diferenciado y era ejercido por el rey en forma discrecional e ilimitada; en tanto en los sistemas políticos modernos es dable distinguir distintos mecanismos de perdón, confiados a diversos detentadores del poder, entre los que cabe considerar la amnistía, el indulto y la conmutación.

a) La amnistía, cuyo otorgamiento compete al Congreso (art. 75 inc. 20), es una medida política de alcance general, que no se refiere a un delincuente concreto o a un hecho determinado, sino que comprende a todos los delitos de un cierto tipo cometidos en un lapso establecido y cuya finalidad es la pacificación entre los habitantes, por lo cual el Congreso la puede ejercer haya o no procesos y, en este último caso, en cualquier etapa del mismo.

b) El indulto, por su parte, no tiene por finalidad hacer desaparecer el carácter delictuoso del hecho, ni borrar la pena, sino solamente dispensar de su cumplimiento a un delincuente determinado y acerca de un hecho concreto; lo cual supone que su ejercicio sólo puede tener lugar -según lo entendemos- después de un pronunciamiento firme dictado por autoridad competente en el marco de un proceso. Sin embargo, debe destacarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue variando su criterio y luego de admitir que el mismo sólo podía conferirse a quien ya estuviera cumpliendo una sentencia firme (casos “Luengo” e “Yrigoyen”) permitió que igualmente el beneficio se aplicara a personas aún sometidas a proceso y sin sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (casos “Ibañez” y “Aquino”).

c)La conmutación, en cambio, se trata de una medida que solía adoptarse en ocasión de fechas patrias o religiosas y con referencia a delitos de menor gravedad y significa el perdón parcial de una pena, al reemplazarla por otra más benigna, siendo una medida general que modifica y disminuye los efectos de las condenas por la comisión de delitos y sobre la base de hipótesis abstractas, por lo que importa un típico acto de legislación; el que así considerado se asimila a la amnistía en cuanto a su naturaleza, ya que ambas suponen el ejercicio de una facultad de legislación. No obstante, se diferencian por cuanto mientras la amnistía extingue no sólo la pena sino también la acción penal, la conmutación sólo alcanza parcialmente a la pena.

3° A pesar que la propia Constitución en su art. 109 veda al Presidente “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, lo cierto es que a través de medidas como el indulto o la conmutación de penas el titular del Ejecutivo continúa interviniendo en una órbita que le es ajena, modificando decisiones del Poder Judicial pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Sabido es que toda persona acusada debe gozar de las garantías suficientes que hagan a su defensa. Así, partiendo de la presunción de inocencia, todo habitante debe ser sometido a un juicio en base a una ley anterior que tipifique su conducta como delictiva. Dentro de ese proceso, se le debe asegurar el derecho a su defensa la que no puede ser retaceada por falta de recursos, así como la de producir las pruebas que hagan a su descargo. Igualmente, se le garantiza que no podrá ser obligado a declarar en su contra y que el juicio tramitará ante un órgano creado con anterioridad a la comisión del hecho que se le imputa, sin poder ser juzgado por comisiones especiales. Cumplidas todas estas pautas, si el imputado es encontrado culpable y condenado al cumplimiento de alguna de las penas que la legislación vigente prevé, ese pronunciamiento adquiere fuerza de cosa juzgada; y entonces no es concebible, dentro del Estado de Derecho, que el presidente, en forma graciosa como los antiguos monarcas, se arrogue la potestad de perdonar, ya sea indultando o conmutando las penas impuestas por los órganos jurisdiccionales.

4° Ahora bien: sentada nuestra posición contraria en torno a estas atribuciones presidenciales, debe destacarse que mientras no sean suprimidas del texto constitucional, las mismas no pueden ser materia de revisión por parte del Poder Legislativo ni del Judicial.

Así, es importante precisar que nunca el indulto puede ser revisado por el Poder Legislativo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los EE.UU tiene dicho que el poder del presidente no está sujeto al control legislativo. El Congreso no puede limitar el efecto de su perdón, ni excluir de su ejercicio clase alguna de delincuentes. La benigna prerrogativa de piedad depositada en él, no puede ser limitada por ninguna restricción legislativa (Ex parte Garland, 4 Wall 333; 1867).

Y tampoco un decreto de indulto puede ser objeto de revisión por parte del Poder Judicial, frente a la cláusula del art. 99 inc. 5° de la Constitución, en cuanto condiciona el ejercicio de esta prerrogativa a los siguientes requisitos: a) que se trate de un delito sometido a la jurisdicción federal, ya que si así no fuera, ello sería resorte exclusivo de las autoridades provinciales que gozan de similares poderes; b) que medie con carácter previo, un informe del tribunal interviniente en la causa, el que reviste una naturaleza esencial, como elemento necesario para que el presidente pueda conceder o negar el indulto, en base a lo informado por el tribunal respecto a la oportunidad y conveniencia del ejercicio de esta atribución.Es por tanto una facultad privativa del Poder Ejecutivo pero no discrecional.

Tal como sostuviera el Ministro Carlos Fayt, es "privativa, porque la Constitución se la ha conferido como una facultad suya, que comprende a todos los delitos cometidos en la jurisdicción federal; pero no discrecional, porque requiere, como condición, el previo informe del tribunal de la causa” ; c) que no se refiera a los funcionarios pasibles del denominado juicio político, quienes están expresamente excluidos de este beneficio; y d) luego de la reforma de 1994, tampoco a quienes se encuentren incursos en los hechos mentados por el art. 36 de la Constitución, esto es, a los que atenten contra el orden constitucional y el sistema democrático y a los que, como consecuencia de esos actos, usurpen funciones de las autoridades nacionales o provinciales.

Por ello, entendemos que cumplidas estas únicas exigencias, la atribución presidencial en materia de indulto y conmutación, es privativa del Poder Ejecutivo y el ejercicio que de ella haga no implica violación alguna del principio de igualdad ni puede ser objeto de revisión judicial sobre esa base (Fallos 220:730) De tal forma, pensamos que únicamente cabría al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad acerca de un indulto, cuando faltaren algunos de los requisitos ya enunciados, como podría ser la omisión del previo informe del tribunal de la causa.

En consecuencia, y conforme a la doctrina analizada, en materia de indultos la conclusión sería: 1° como regla, la imposibilidad de control judicial de una potestad atribuida con exclusividad al Poder Ejecutivo. 2° como excepción, la posibilidad de revisión judicial en los casos en que el presidente no hubiere dado cumplimiento a los recaudos a los que la propia norma subordina esa atribución; y así cabría el control de constitucionalidad y su eventual invalidez por contrariar el texto de la Ley Fundamental, si el presidente hubiera concedido un indulto por un delito ajeno a la jurisdicción federal; o si lo hubiera otorgado sin contar con el previo informe del tribunal

5° No obstante lo analizado, en nuestro pasado reciente tanto el Poder Legislativo como el Judicial han violado estas premisas al anular decretos de indultos y conmutación de penas; e inclusive, el propio Poder Ejecutivo ha sustituido al Congreso disfrazando de indulto una verdadera amnistía (leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entre otras). Así ocurrió cuando el entonces presidente Carlos S. Menem dictó el decreto 1002/89 por el cual indultó a numerosas personas; y es que precisamente por lo ya señalado, la citada norma no lo fue en forma individual para un sujeto determinado y respecto a un hecho igualmente concreto, sino que abarcó a 38 personas y por diversas causales, señalándose en sus fundamentos que el mismo era “una más entre las muchas medidas que el gobierno nacional, sacrificando convicciones obvias, legítimas e históricas, está dispuesto a propiciar para lograr la pacificación de la República”.

Siendo así, resulta indudable que, bajo esta óptica, tanto por el número de personas beneficiadas como por los fundamentos de la medida, hubiera sido posible articular la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, al haber invadido el Poder Ejecutivo la esfera que en materia de amnistías la Ley Fundamental reserva en el art. 75 inc. 20 al Congreso, pero nada se hizo, a pesar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “incluso en los casos en que la interpretación constitucional lleve a encontrar que las determinadas decisiones han sido atribuidas con carácter final a otras ramas del gobierno, el Tribunal siempre estará habilitado para determinar si el ejercicio de una potestad de dicha naturaleza ha sido llevada a cabo dentro de los límites de ésta y de acuerdo con los recaudos que le son ajenos. El quebrantamiento de algunos de los mentados requisitos o el desborde de los límites de la atribución, harían que la potestad ejercida no fuese, entonces, la de la Constitución y allí es donde la cuestión deja de ser inmune a la revisión judicial por parte del Tribunal encargado –por mandato de aquella- de preservar la supremacía de la ley Fundamental” (Fallos 243:513)

El Estado de Derecho no puede seguir manteniendo en sus textos constitucionales, resabios monárquicos que en la práctica implican la injerencia de los poderes políticos en el Poder Judicial, quebrantando el principio de división de poderes, uno de los pilares del sistema republicano.

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