Mar08142018

ActualizadoMar, 14 Ago 2018 9am

Lectura de Domingo: "Derecho de Patronato y Libertad de Cultos" por Carlos Baeza

En la Argentina de la anomia acontecen cosas curiosas, tales como descubrir recién que desde 1853 el Estado argentino sostiene económicamente a la Iglesia Católica en virtud del derecho de patronato, como igualmente ignorar que esta institución no rige desde hace más de 50 años.

 

O afirmar que el catolicismo es la religión oficial del Estado y que el mismo debe estar separado de la Iglesia.

La cuestión viene a cuento de la controversia suscitada a partir del informe del Jefe de gabinete ante el Congreso al detallar el monto del apoyo brindado a dicho culto.

1° Origen: El término “patronato” proviene del latín pater (padre) y onus (carga) lo cual significa que quien ostenta el título de patrono debe, a cambio de ciertas potestades conferidas, soportar algunas cargas u obligaciones. De allí que según la antigua legislación canónica, el patronato se adquiere por la reunión de tres elementos, a saber: dotación, es decir, la provisión de los elementos necesarios para la subsistencia de la Iglesia; edificación, o sea, el hecho de construirla; y fundación, en cuanto a haber suministrado el terreno.

En un primer momento las comunidades cristianas participaban en la designación de sus pastores, pero posteriormente, la creciente influencia del poder civil llevó a los monarcas a intervenir en tales nombramientos a cambio de la ayuda económica que brindaban. Incluso tal intervención se dio en la designación del Sumo Pontífice, hasta que mediante Bula de Nicolás II en 1509, se estableció que tales designaciones quedarían en manos exclusivas de los Cardenales. Luego, Gregorio VII prohibió en 1073 la aceptación de obispados de manos de laicos, sancionando con excomunión a los monarcas que realizaran tales nombramientos.
Sin embargo, Enrique IV insistió en esas prácticas lo que llevó a la Iglesia a decretar su excomunión; conflicto que finalizara en 1122 cuando merced a un concordato entre el Papa Calixto II y Enrique V, el monarca abdicó de efectuar designaciones de esa naturaleza.

No obstante algunos intentos para suprimir esta injerencia del poder terrenal en ese tipo de materias propias de la Iglesia, lo cierto es que para favorecer la conversión al catolicismo en América, se mantuvieron las prerrogativas en cuanto a la designación de dignidades eclesiásticas. Así ocurrió en 1493 cuando mediante Bula del Papa Alejandro VI la Iglesia permitió la intervención estatal en la nominación de ciertas dignidades; en tanto que en 1508 Julio II confirió en forma expresa a los reyes de España el derecho de patronato. Por su parte el Concilio de Trento de 1563, si bien proclamó la elección de los obispos por el Papa, mantuvo los patronatos ya existentes, potestad extendida luego a las Indias y que originara, que al producirse la emancipación de España, esa institución fuera aceptada.

En tal sentido y ante una designación hecha por el Vaticano, el gobierno patrio efectuó una consulta al deán de la Catedral de Córdoba, Gregorio Funes y al canonista Juan Luis de Aguirre y Tejada, entendiendo este último que “no es una regalía afecta tanto a la persona de los reyes, que la han ejercido, cuanto al reino mismo y soberanía; pues su firme inherencia debe estribar y radicarse en aquel ser y objeto que forman el principal fundamento y causa de este supremo derecho; y como este objeto y ser es el mismo reino, con cuyo fisco, real patrimonio y bienes se costeó el descubrimiento, conquista y adquisición del Nuevo Mundo y se fundaron y dotaron sus iglesias y ministros evangélicos para la conversión de sus infieles, es demasiado cierto que la afección de esta regalía fue al mismo reino y soberanía, y no a la persona real, su representante, que la ejercía a su nombre y en fuerza de la suprema potestad que le transfirió el reino”.

Y en igual sentido el deán Funes afirmaba que “si el patronato fuese una regalía afecta a la persona de los reyes y no a la soberanía, nada otra cosa habrían hecho entonces que negociar para sí propios con ajeno caudal, y hacerse dueños de un beneficio que teniendo razón de resarcimiento debía ser del que hizo la erogación” De tal manera y en base a estos antecedentes, la institución del patronato fue receptada en la Constitución de 1853.

2° La Constitución de 1853: De esta forma los Padres Fundadores incluyeron en el texto sancionado en 1853 diversas cláusulas regulando esta institución. En tal sentido cabe señalar:

a) el art. 2° según el cual “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

b) el inc.15 del art. 67 que imponía al Congreso promover la conversión de los indios al catolicismo.

c) el inc.19 del art.67 que facultaba al Congreso para aprobar o desechar los “concordatos con la Silla Apostólica; y arreglar el derecho de patronato en
toda la Nación”.

d) el inc.20 del art.67 que ponía en cabeza del Congreso admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas además de las ya existentes.

e) el art.76 que exigía, entre las calidades requeridas para ser presidente y vicepresidente, el pertenecer a la comunión católica apostólica romana.

f) el art.80 que fijaba para el presidente y vicepresidente una fórmula de juramento “por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios”.

g) el inc.8° del art.86 que autorizaba al presidente a ejercer los derechos del patronato nacional presentando obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.

h)el inc.9° del art.86 facultando al Poder Ejecutivo a conceder el pase o retener los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice, con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia; requiriéndose una ley cuando contuvieran disposiciones generales y permanentes.

3° El fin del patronato: Sin embargo, el derecho de patronato se extinguió cuando el 10 de octubre de 1966 el gobierno argentino suscribió con el Vaticano un Acuerdo el que fuera ratificado por la ley 17.032, y cuyas principales disposiciones son:

a) la Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas, modificar los límites de las existentes o suprimirlas, sin intervención del gobierno federal.

b) la designación de obispos y arzobispos es atribución exclusiva del Vaticano, exigiéndose que sean ciudadanos argentinos.

c) se reconoce el derecho de la Santa Sede de publicar y hacer circular en el territorio nacional todas las disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia.

d) en los casos a) y b), y previa a adoptar las decisiones consignadas en los mismos, la Santa Sede comunicará confidencialmente al gobierno sus intenciones y proyectos en materia de circunscripciones o el nombre de los dignatarios elegidos, respectivamente, a fin de conocer si existen objeciones legítimas en ambos casos y en tal caso, se buscarán las formas apropiadas para llegar a un entendimiento.

No obstante ello, en la Constitución formal las normas antes citadas -si bien ya sin vigencia en la Constitución material- siguieron figurando en el texto hasta que la reforma de 1994 las suprimió y de tal forma quedó eliminado el requisito de la confesionalidad para ser designado presidente y vicepresidente; así como la parte de la fórmula de juramento de los mismos funcionarios que hacía referencia a Dios y los Santos Evangelios; desapareciendo igualmente la potestad del Ejecutivo para proponer obispos o intervenir en la aceptación o rechazo de documentos de la Iglesia, como también la cláusula relativa a la conversión de los indios al catolicismo.

4° El sostén del culto: A pesar de la desaparición de esta institución y de la consecuente reforma constitucional, la única cláusula que sigue subsistiendo hasta la actualidad es la del art. 2° que como viéramos impone al Estado el sostén del culto católico apostólico romano. La expresión “sostiene” que emplea esta norma se refiere exclusivamente al mantenimiento económico de dicho culto y así se desprende de los antecedentes en la materia.

Ante todo, el Informe de la Comisión Redactora de 1853 señalaba que era obligación del Estado mantener y sostener el culto católico, “a expensas del Tesoro Nacional” y que por tanto era necesario para “la solemnidad y decoro de nuestro rito, que la dotación del clero, sean deberes ciertos y obligatorios para el Tesoro federal”.

En la misma línea argumental, el diputado Zapata explicaba que la norma únicamente aludía al reconocimiento de la religión católica apostólica romana como la dominante y la que profesaba la mayoría de los habitantes, pero que ello sólo abarcaba el derecho del gobierno a intervenir en su ejercicio así como el deber de sostener su culto. Y Seguí abonó esa interpretación al decir que sólo se imponía al Estado la obligación del sostenimiento de ese culto, a costa del tesoro nacional. Y en un posterior debate, Gutiérrez reafirmó esta concepción al expresar “que el sostenimiento del culto, su esplendor, etc., consistía en que se cubriesen los presupuestos que presentasen los Obispos y cabildos eclesiásticos, y que el gobernante al decretar su pago conforme al artículo constitucional que le prescribía este deber no ejercía un acto de conciencia sino llenaba un deber de mandatario”

En similar dirección afirma Sarmiento que el Estado no estatuye sobre dogmas “sino sobre hechos y sobre rentas. El gobierno federal sostiene el culto, lo paga; porque es el Patrono de la Iglesia, porque se impone este deber; porque la mayoría de los habitantes son católicos; porque es de práctica que el culto sea pagado por el estado; porque hay rentas que le están consagradas” Este es, finalmente, el criterio seguido por la Corte Suprema en el caso “Didier Desbarat” al sostener que la fórmula del art.2° sólo significa que los gastos del culto serán pagados por el Tesoro nacional, incluidos en su presupuesto y sometidos al poder del Congreso (Fallos 151:403)

Podrá discreparse con esta obligación que la Constitución pone obligatoriamente en cabeza del gobierno, pero lo cierto es que dicha manda se encuentra vigente desde 1853 y por ende debe ser respetada al menos hasta que, eventualmente, una enmienda constitucional en los términos del art. 30 proceda a su modificación o eliminación.

5°Argentina no tiene religión oficial: En este marco, algunos desmemoriados pretenden confundir el simple sostén del culto derivado del art. 2° con una suerte de Estado religioso en el cual la religión católica apostólica romana fuera el culto oficial adoptado por nuestro país.

Es cierto que en los primeros antecedentes patrios sancionados a partir de 1811 se disponía que el catolicismo era “la religión oficial y la única verdadera” y que inclusive el propio Alberdi, en su proyecto de constitución proponía similar contenido. Sin embargo, los constituyentes de 1853 se opusieron a esta propuesta; y así el sacerdote Lavaysse sostuvo que la Constitución no podía intervenir en el campo de la conciencia, sino solamente reglar el ejercicio del culto exterior. También se manifestó contrario Gorostiaga afirmando que proponer que el catolicismo era la religión estatal, resultaba falso, puesto que no todos los habitantes eran católicos; y que por otra parte, tampoco podía sostenerse que ese culto fuera el único verdadero, al tratarse de un punto de dogma cuya decisión no competía al Congreso Constituyente.

Sarmiento, por su parte, lo explicaba claramente al sostener que la Constitución “no podía decir sin impertinencia que el gobierno federal adoptaba el culto católico; como puede decir que adopta la forma federal. En este caso, recibe o admite una opinión, doctrina o forma, aprobándola o siguiéndola, entre otras opiniones, doctrinas y formas que desecha. Hay un acto de espontaneidad del espíritu, hay deliberación y elección. Pero hablando de cultos, legisladores católicos no escogen entre el protestantismo, o el catolicismo. Cuando se quiere establecer una religión de estado, con exclusión o admisión de otros cultos, el legislador dice claro, la religión del estado es la católica; porque es en efecto esa la que quiere hacer dominar”

Por tanto, si el art. 2° hubiese expresado que el Estado “adopta” la religión católica, no hay duda que tendríamos religión oficial; pero en su lugar declara que el gobierno “sostiene” ese culto con el limitado alcance que analizáramos en cuanto al apoyo económico al catolicismo y solo como consecuencia del ya extinto derecho de patronato. De tal forma nuestra Constitución Nacional no adopta religión oficial alguna en tanto que los habitantes gozan de la plena libertad de cultos asegurada en el art. 14 de la misma. Y fue el mismo Alberdi quien no obstante inclinarse por la adopción del catolicismo como religión oficial, en este aspecto sostuvo que:

“Si queréis familias que formen las costumbres privadas, respetad su altar a cada creencia. La América española, reducida al catolicismo con exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal: o católica exclusivamente y despoblada; o poblada y próspera, y tolerante en materia de religión”. Pero fue Lavaysse, quien como sacerdote, hizo una apasionada defensa de la libertad de cultos, al expresar que no en esa calidad, sino como diputado, “debía promover para la Nación las fuentes de su prosperidad, y que la inmigración de extranjeros aunque de cultos disidentes, era a su juicio una de las principales; que como sacerdote les predicaría después el Evangelio y la verdad de su religión con calor y conciencia, como acostumbraba hacerlo en desempeño de sus obligaciones ministeriales. Que el catolicismo nada tenía que temer de las otras religiones”

Sería interesante que políticos, periodistas y opinólogos de distinta laya dedicaran algún momento de sus vidas a hurgar en la historia de nuestras instituciones antes de sostener falsas expresiones que solo llevan a crear confusión en la opinión pública.

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