Mié10172018

ActualizadoMié, 17 Oct 2018 11am

Lectura de Domingo:"Una justicia intolerable" por Carlos Baeza

 "No puede pretenderse que el ciudadano confíe en la justicia argentina" concluye el constitucionalista bahiense en este artículo recomendado a se inquietan por el proceder de la justicia.

 

En la Argentina de la anomia hace ya un largo tiempo que se ha naturalizado la doctrina abolicionista en materia penal, con el impulso de su máximo defensor, el ex Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y que intercambia los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida.

El argumento de asociar pobreza con delincuencia es falaz y ha sido desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos.

Sin embargo, no es solo Zaffaroni quien ha defendido el abolicionismo sino que ha hecho escuela entre otros integrantes del Poder Judicial, como es el caso los fiscales federales Alejandro Alagia y Javier De Luca integrantes de “Justicia legítima” o los jueces Rafael Sal Lari y Axel López. Pero de entre todos ellos, quienes se llevan los laureles son los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo.

1° Estos dos magistrados fueron quienes absolvieron a Rodolfo Gerardo Bernárdez, condenado por el Tribunal Oral Criminal n° 5 de San Isidro a la pena de 3 años de prisión por el abuso sexual de su pequeña hija de 18 meses.

2° En el año 2006 los citados jueces redujeron la pena a un violador por cuanto las pericias siquiátricas que se le practicaran revelaban un perfil sátiro y sicópata que -según dijeran- menguaba su responsabilidad.

3° En el mismo año ambos magistrados redujeron de 17 a 14 años la pena que había sido aplicada al violador Alberto Fabián Salas, quien no obstante que un informe psiquiátrico demostraba que poseía rasgos psicopáticos perversos, fue dejado en libertad en abril de 2013. Dos meses después fue muerto por una mujer policía a la que intentó violar.

4° También Sal Llargués y Piombo redujeron de 18 a 9 años la pena impuesta al pastor Francisco Ávalos quien sometió sexualmente y embarazó a dos adolescentes de 13 y 16 años, argumentando que las menores provenían de una clase social “en donde está aceptada la iniciación sexual a temprana edad”. A raíz de este fallo ambos fueron denunciados y sometidos a un jurado de enjuiciamiento el que no alcanzó a cumplir su cometido.

5° En tanto, en 2011, el mismo Piombo redujo de 17 a 10 años la pena impuesta a quien asesinara a martillazos a su esposa, sosteniendo que ésta había ejercido una vigorosa influencia en su marido para que actuara como lo hizo.

6° El citado magistrado en 2012, concedió la libertad asistida a un sujeto que había violado a su hijastra de 12 años, a pesar que el nombrado registraba numerosas sanciones por incumplimientos al régimen carcelario lo cual vedaba ese beneficio.

7° En el año 2014 el profesor de música Oscar Malfet fue condenado a 40 años de prisión por ser autor de la violación de 4 niñas de entre 6 y 9 años, pero Piombo y Sal Llargués redujeron la pena a 25 años invocando que el máximo aplicado en la sentencia revocada era excesivo

8° Sin embargo, uno de los casos que mayor trascendencia tuvo y que involucró a Sal Llargués y Piombo como integrantes de la Cámara de Casación Penal, fue el protagonizado por Mario Tolosa, dirigente del Club Florida de 3 de Febrero, quien fuera condenado a seis años de prisión por un abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de un menor de 6 años quien fuera sometido en los vestuarios del club. No obstante, ambos jueces redujeron la condena a 3 años y 2 meses de prisión, argumentando que el menor tenía conductas homosexuales y actitudes travestidas y que, igualmente, ya había sido abusado con anterioridad en su propia vivienda. La repercusión de este fallo, llevó a ambos magistrados a renunciar en junio de 2015, evitando el jury de enjuiciamiento que iba a comenzar pocos días después a raíz de la sentencia que benefició al pastor según se viera en el punto 4°. Afortunadamente, y frente a un recurso extraordinario, la Suprema Corte de Justicia provincial revocó el fallo y considerando el carácter gravemente ultrajante del delito cometido, restableció la inicial condena de 6 años impuesta a Tolosa, no sin antes calificar a la argumentación de ambos camaristas como “arbitraria e irrazonable interpretación”. Finalmente, los citados magistrados fueron removidos de las cátedras que dictaban en las Universidades de La Plata y Mar del Plata.

9° Finalmente, y coronando su exitosa labor judicial, pocos meses antes de renunciar Sal Llargués dejó su firma en otro resonante caso. Como se recordará, Carolina Píparo quien se encontraba embarazada fue atacada a balazos en una salidera bancaria en La Plata en el año 2010 y como resultado de la cual fue gravemente herida en tanto que el hijo que gestaba en su vientre, falleció poco después. Una vez detenidos los cinco delincuentes que llevaran a cabo la agresión fueron condenados en 2013 a prisión perpetua, imputados del delito de homicidio criminis causa en concurso con robo agravado por el uso de arma apta para disparar -en el caso del niño- y tentativa de homicido criminis causa en el de Píparo. Sin embargo en el año 2015, el Tribunal de Casación Penal con el voto de Sal Llargués y quien le secundara, redujeron las condenas de los 5 integrantes de la banda a penas de entre 23 y 25 años. Cabe señalar que Miguel Ángel “Pimienta” Silva, quien fuera el que “marcara” a la víctima, ya ha salido de la cárcel por problemas de salud y hoy se encuentra bajo arresto domiciliario.

Sabido es que los países que progresan son aquellos que, entre otras cuestiones, respetan sus instituciones y crean mecanismos eficientes para que las mismas puedan llevar adelante sus objetivos, sancionando a quienes no cumplan con las normas y procedimientos vigentes.

Lamentablemente, y frente a los casos analizados, no puede pretenderse que el ciudadano confíe en la justicia argentina.

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