Mié10172018

ActualizadoMié, 17 Oct 2018 11am

Lectura de Domingo:"El allanamiento a los legisladores" por Carlos Baeza

El constitucionalista bahiense nos recuerda que "la Constitución Nacional, en sus arts. 68 a 70, regula dos inmunidades que protegen a los integrantes del Congreso en el ejercicio de sus funciones.

 

La primera, es la inmunidad de opinión según la cual ningún legislador puede ser acusado ni sometido a proceso alguno por las opiniones, discursos o manifestaciones emitidos en el desempeño de su cargo, tutela que lo ampara inclusive luego de concluir el mandato.

En cuanto a la segunda, se trata de la inmunidad de arresto que impide que un legislador pueda ser arrestado en el ejercicio de su cargo, salvo cuando fuere sorprendido in fraganti cometiendo un delito; caso contrario y de iniciarse un proceso en su contra, el mismo puede continuar hasta el momento en que deba detenerse al legislador para lo cual el juez interviniente deberá solicitar a la cámara respectiva su desafuero, la cual con dos tercios de votos podrá suspenderlo en el cargo y ponerlo a disposición de dicho magistrado.

Estas prerrogativas, si bien tutelan a los miembros del Congreso en forma individual, les son conferidas como integrantes del Poder Legislativo pero sin que ello signifique asignarles un status diferencial violatorio del principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N).

Por ello la Corte Suprema de Justicia nacional ha sido por demás clara al afirmar que “la Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune.

Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución” (Fallos 54:432).

De allí que resulta inconstitucional la ley 25.320 cuyo art. 2° establece una inmunidad más según la cual no podrá disponerse el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de un legislador, ni interceptarse su correspondencia o comunicaciones telefónicas, sin autorización de la respectiva Cámara.

Esta atribución, que el mismo Congreso se reserva sin sustento legal alguno, resulta francamente inconstitucional al supeditar la aplicación de tales medidas a un control del propio cuerpo.

En este sentido, el art. 18 de la Constitución Nacional consagra la inviolabilidad del domicilio así como de la correspondencia y papeles privados de los habitantes, pero dado que ningún derecho ni garantía revisten un carácter absoluto, la propia norma habilita el allanamiento del primero o la intercepción o toma de los restantes, mediando una previa orden judicial.

Tales son las únicas condiciones a las que la Constitución Nacional supedita el allanamiento de un domicilio o la apropiación de documentación privada y ello es aplicable tanto a los habitantes como a los legisladores o funcionarios públicos.

Por ello, la norma citada significa crear por vía legislativa una inmunidad que solo puede ser sancionada por el Poder Constituyente pero nunca por el Congreso; y al mismo tiempo violenta la Constitución Nacional creando un fuero personal prohibido por el art. 16 CN, ya que mientras el domicilio de cualquier habitante puede ser allanado solo por orden judicial, el de los legisladores requeriría además la autorización de la respectiva Cámara en contra del principio de igualdad consagrado por el mismo artículo.

Caso contrario el Congreso podría ir extendiendo la inmunidad de allanamiento a cualquier cargo o funcionario a crearse por vía legislativa en el futuro, violando el principio de supremacía constitucional (art. 31) que solo ha consagrado esa prerrogativa al Poder Constituyente.

Y ello es lo que entendió en forma reiterada la Corte Suprema de Justicia al afirmar que dada la naturaleza de las inmunidades reconocidas por la Constitución Nacional para los miembros integrantes del Congreso, resulta claro que las mismas no podrían extenderse por una ley linealmente a supuestos no previstos por los constituyentes.

Precisamente, este fue el criterio seguido por la Cámara Nacional Electoral en la causa “Milman Gerardo Fabián c./ EN-PEN” del 15/10/15, al declararse la inconstitucionalidad de la ley que pretendía conferir inmunidad de arresto a los miembros del Parlasur.

Se dijo en tal sentido que dado que la inmunidad de arresto “no son garantías individuales sino inmunidades propias de la función que la Constitución –y no la ley- concedieron de manera restrictiva a los legisladores nacionales y que –conforme el principio constitucional de igualdad (artículo 16)- todos los habitantes son iguales ante la ley, solo cabe reconocer las inmunidades que la Constitución otorga a los integrantes de dicho poder en razón del cargo que desempeñan, no siendo pasibles de una interpretación extensiva”.

De allí que “una ley de rango inferior no puede crear más inmunidades que las que contiene la Carta Magna; lo contrario implicaría crear inmunidades no instituidas por los constituyentes, otorgando una garantía de antejuicio que únicamente puede conferir la Ley Fundamental” (Fallos 320:2509)

Así, resultó lamentable en su momento el proyecto del kirchnerismo que impidió el allanamiento del domicilio del diputado De Vido, supeditándolo a la previa autorización de la Cámara de Diputados la cual -obviamente- no fue conferida.

Ahora, el Senado sigue demorando el allanamiento de los domicilios de la ex presidente Fernández de Kirchner -inclusive el ámbito de su despacho oficial- lo cual no ha hecho sino legitimar un absurdo, cual es anticipar indebidamente a quien será objeto de un allanamiento o secuestro de papeles o documentos, la medida que quizá pueda concretarse tiempo después cuando ya se hayan escondido o destruido los elementos probatorios que en el curso de una causa eran relevantes para su esclarecimiento.

La forma republicana requiere entre sus postulados la plena vigencia de la Constitución Nacional y el acatamiento a la misma de las restantes normas que le están supeditadas, para mantener el principio de supremacía (art. 31 C.N)
Por tanto y dado que el art. 2° de la ley 25.320 no resiste un test de constitucionalidad se impone que el Congreso proceda a derogar no solo esa cláusula sino igualmente las restantes, tal como lo analizáramos en una anterior colaboración.

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