Mar12112018

ActualizadoMar, 11 Dic 2018 12pm

Lectura de Domingo: "Cómo viola la Constitución el Senado Nacional" por Carlos Baeza

En la entrega anterior el Dr. Baeza analizó el tema del posible allanamiento a la morada de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. En esta oportunidad aborda el desafuero y los genuinos alcances del mismo.

 

Frente a la solicitud de desafuero de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Bonadío en una de las tantas causas que la involucran, así como del pedido de habilitar el allanamiento de sus domicilios, el Senado ha demostrado que de revestir el carácter de Cámara que representa a las provincias, se ha convertido en un órgano obstructor de la justicia y en un “aguantadero” de sus miembros cuando son llamados a rendir cuentas de sus conductas ante los tribunales.

1° En lo que hace al allanamiento -y como ya lo señaláramos en otra nota- la solicitud de autorización a las cámaras para que lo habiliten, resulta inconstitucional toda vez que las únicas inmunidades de los legisladores son las de opinión y la de arresto, pero no así la de allanamiento ya que, al igual que acontece con cualquier habitante, la Constitución Nacional solo requiere la orden de un juez competente (art. 18 C.N) puesto que exigir además una autorización de la cámara a la cual pertenece el legislador, viola también el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N). A pesar de todo ello, el juez Bonadío solicitó la mentada autorización, pero el Senado primero la postergó y finalmente, cuando debieron tratarla, los legisladores que supimos conseguir jugaron a las escondidas y no obstante estar en el recinto, no dieron quórum con lo cual la sesión se frustró; olvidando que su obligación es cumplir la función para la que fueron electos y por la cual perciben suculentos haberes y prebendas.
Y en cuanto al pedido de desafuero, el Senado ha manifestado que según la “doctrina Pichetto” esa Cámara no conferirá la medida mientras no exista un pronunciamiento judicial firme con autoridad de cosa juzgada, esto es, irrevisable por cualquier órgano. Contrariamente, la Cámara de Diputados no sostiene igual criterio y ello se vio en el caso del ex ministro De Vido el cual, frente al pedido de desafuero de la justicia y sin que existiera sentencia alguna, fue despojado de su cargo de legislador.

2° El art. 69 de la CN dispone que ningún diputado o senador, desde el día de su elección y hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo que sea sorprendido in flagranti en la comisión de un delito; caso contrario y de iniciarse un proceso penal en su contra, el mismo puede continuar hasta el momento en que deba detenerse al legislador, para lo cual el juez interviniente deberá solicitar a la cámara respectiva su desafuero, la cual con dos tercios de votos podrá suspenderlo en el cargo y ponerlo a disposición de dicho magistrado (art. 70 C.N) Como acertadamente sostuviera la Corte Suprema de Justicia en el caso “Alem”, la Constitución “no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución” (Fallos 54:432)

3) Como se advierte, el art. 70 C.N no efectúa distingo alguno en cuanto al desafuero por lo cual el procedimiento es uno solo y rige para ambas cámaras; y sin que tampoco de dicha cláusula se exija para su procedencia la existencia de una sentencia condenatoria, sino que según lo tiene dicho la Corte, la verificación por parte de la cámara del propósito de juzgar penalmente al legislador se satisface igualmente con el sumario o con la acusación, sin requerirse una sentencia definitiva. Precisamente porque no se trata de una inmunidad de proceso, el que puede y debe iniciarse por la autoridad judicial estando el legislador en funciones, sino de una inmunidad de arresto que lo único que veda es la privación de la libertad física del legislador y para lo cual es que se ha previsto precisamente el desafuero.

Asimismo, el art. 1° de la inconstitucional ley de fueros n° 25.320, comienza señalando que cuando a un legislador se le impute la comisión de un delito, el juez interviniente “seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”, destacando dos supuestos en los cuales se habilita el desafuero, a saber: cuando el legislador fuere citado a indagatoria y no se presentara o bien cuando se hubiere dictado contra el mismo una medida restrictiva de su libertad. En ambos casos, el juez deberá solicitar el desafuero a la respectiva Cámara la cual con dos tercios de votos procederá a separarlo del cargo y ponerlo a disposición del magistrado interviniente, pero sin que dicha normativa exija tampoco como paso previo la existencia de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

En síntesis: ni la Constitución Nacional ni la ley 25.320 exigen que para conceder el desafuero sea menester contar con una sentencia firme, tal como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia al afirmar que los arts. 69 y 70 no exigen como condición para el desafuero la existencia de una sentencia condenatoria firme ni se oponen a la iniciación de acciones criminales contra un legislador o a que se adelanten los procedimientos del juicio (Fallos 185:362)

4) Sin embargo, el Senado no sostuvo la “doctrina Pichetto” en el caso del ex gobernador correntino Raúl Romero Feris quien fuera electo en 2003 como senador nacional por esa provincia, pero a quien dicha Cámara le impidiera el acceso por contar con causas judiciales aunque sin sentencia firme alguna. En esa ocasión, una senadora fundó su oposición sosteniendo que “No se pueden soslayar, sería hipócrita hacerlo, las razones políticas y de legitimidad institucional que aconsejan la no incorporación del ciudadano Romero Feris como senador de la Nación. Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad”. Aunque le parezca insólito estas frases fueron pronunciadas el 14 de diciembre de 2001 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

5) Resulta así patético que una de las Cámaras del Congreso vulnere en forma ostensible el texto y el espíritu del instituto del desafuero por partida doble, ya que no solo se opondrá al desafuero de la ex presidente sino que igualmente mantiene en su banca al senador Carlos S. Menem, también procesado y condenado, alegando que en ambos casos se requiere una sentencia condenatoria firme, recaudo que como se explicara, no exige la Constitución Nacional. La inmunidad de arresto no es un salvoconducto para proteger legisladores delincuentes ni las Cámaras puede convertirse de facto en “aguantaderos” para los mismos, pues como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia la razón sustancial de estas prerrogativas de las Cámaras sobre sus miembros, es porque son sus privilegios los que se consideran violados; porque aunque la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto habilitarles para desempeñar sus deberes como tales, y son esenciales a este fin (Fallos 54:432)

Parece cierto, entonces, que como afirmaba Montes de Oca las Cámaras del Congreso "son los peores jueces. Generalmente irresponsables, se convierten en comités o camarillas, y no hay título o diploma de diputado o de senador que no esté sujeto a críticas, si así conviene al partido que prima; que no sea legal, si el elegido es miembro de la comunidad que domina. Son los diputados electos los que juzgan la validez de las elecciones de sus colegas. Su decisión será siempre interesada. Responderá a las exigencias del partidismo, y al mismo tiempo, a la utilidad personal, ya que el temor de un rechazo por el voto de quienes se encuentran en su situación, puede inspirarles una conducta acomodaticia y de circunstancias". En la Argentina de la anomia, parece que los fueros de los legisladores son para algo más que para permitirles ejercer sus funciones constitucionales.

 

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