Mar12112018

ActualizadoMar, 11 Dic 2018 4pm

Lectura de Domingo:"Candidaturas independientes" por Carlos Baeza

El reciente rechazo por parte del Senado a la ley del derecho al aborto, ha desnudado algunos aspectos relacionados con el papel que en una república cumplen los poderes políticos del Estado. Ya Lord Acton afirmaba que "El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente".

 

Y precisamente ello muestra uno de los postulados esenciales del constitucionalismo cual es el de asegurar la división de funciones en cabeza de distintos titulares, evitando el monopolio de una persona o grupo de personas con la consecuente discrecionalidad que ello importa, a la vez que permite regular mecanismos de contralor entre unos y otros.

1° Inicialmente la teoría de la representación política partía de conceptos abstractos que vinculaban al elector con el candidato de forma tal que aquel le confería una suerte de mandato específico y cuyo incumplimiento podía acarrear la pérdida de su banca. El fundamento estaba dado por el hecho que si todos los hombres nacen libres e iguales la circunstancia que algunos manden y otros obedezcan no podía responder sino a una deliberada delegación de poderes en cabeza de los gobernantes elegidos por quienes eran los titulares de la soberanía.

Sin embargo esa concepción ha sufrido una profunda transformación debido a la aparición y desarrollo de los partidos políticos, ya que hoy no se trata - como dice Duverger- de una suerte de dialogo entre el elector y el elegido, sino que entre ellos se ha introducido un tercero que modifica sustancialmente la naturaleza de esa relación y en consecuencia, antes de ser elegido por sus electores, el representante debe ser elegido por su partido con lo cual los electores no hacen más que ratificar esa selección. Es que como lo graficara Ambrose Bierce, el elector es “el que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”. Por tanto quien resulta así electo ya no representa ni a sus electores, ni a su circunscripción, sino lisa y llanamente al partido que representa; y por eso el parlamento no es sino el recinto en el que se encuentran los representantes, no del pueblo como dice la Constitución, sino de los partidos políticos.

De allí que acertadamente sostiene Loewenstein que ninguna constitución refleja ni remotamente la arrolladora influencia de los partidos políticos en la dinámica del proceso del poder, que yace en el hecho de que son ellos los que designan, mantienen y destruyen a los detentadores del poder en el gobierno y en el parlamento. Por tanto, las constituciones, “al igual que los avestruces, tratan a las asambleas legislativas como si estuviesen compuestas de representantes soberanos y con libre potestad de decisión, en una atmosfera desinfectada de partidos. Será expresamente ignorado el hecho de que los diputados estén delegados en la asamblea a través de las listas de candidatos de los partidos y que, según el tipo gubernamental imperante, estén sometidos a las instrucciones y a la potestad disciplinaria de los partidos. Se repetirá hasta la saciedad la mística espuria de que el miembro del parlamento representa a la nación entera, siendo el resultado práctico que el diputado pueda cambiar de partido según su voluntad, sin tener que temer que sus electores le pidan cuentas por ello”.

2° Tal lo que acontece en nuestro sistema que confiere el monopolio de la representación a los partidos políticos. La Constitución Nacional luego de la reforma de 1994 solo se ha limitado en el artículo 38 a reconocer a los partidos competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, pero sin conferirles en forma expresa el monopolio de la representación. Sin embargo el artículo 54 al regular la composición del Senado, dispone que el mismo se integrará con tres representantes por distrito, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido que le siga en número de votos, con lo cual, el texto constitucional confiere al menos ese monopolio en cuanto a la conformación de esa sala del Congreso.

Es decir, que los partidos políticos ejercen el monopolio de la representación y lo único que se permite es que esos mismos partidos puedan nominar candidatos no afiliados, pero de manera alguna se encuentra prevista la posibilidad de candidaturas independientes sin el patrocinio o presentación de los partidos. La posibilidad que en las elecciones a cargos políticos puedan competir, junto a los partidos, candidaturas independientes de los mismos se encuentra regulada en casi todos los países del mundo, en algunos casos previstas en los textos constitucionales y en otros en normas reglamentarias, estableciéndose los requisitos para la presentación de dichas postulaciones y que generalmente consisten en un número determinado de firmas de electores. Así ocurre en Paraguay; Bolivia; Venezuela; Panamá; Chile; México; Ecuador; Colombia; República Dominicana y Honduras; como igualmente en España; Francia; Portugal; Alemania; Irlanda; Polonia y en la mayoría de los estados de EE.UU, entre otros países. Por el contrario, no lo autorizan, Uruguay; Brasil; Guatemala; Israel y Angola.

En nuestro caso, cabe recordar que el estatuto de los partidos de 1945 había posibilitado las candidaturas independientes a la par de los partidos políticos, exigiendo el aval de un número de electores no afiliados igual al requerido para la fundación de un partido, debiendo presentar igualmente una declaración de principios y un programa de acción. Y en los considerandos de la medida se sostenía que tal reconocimiento facilitaba la proclamación de personas que no han podido afiliarse, ya sea porque lo prohíba o impida una disposición legal, la naturaleza de sus investiduras o su consagración al estudio o servicios públicos, que impidan cumplir los deberes impuestos por la disciplina partidaria. En idéntico sentido la actual Constitución de Catamarca, permite tanto en elecciones provinciales como municipales y a solicitud de un cinco por ciento de electores, la postulación de candidatos independientes que no estén afiliados a ningún partido.

No obstante, es el propio Estatuto de los Partidos Políticos que en su art. 2° les confiere “en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas” Fácilmente se advierte que la posibilidad de candidaturas independientes en nuestro país no está admitida y que su procedencia solo es viable si un partido político y a través de su admisión en la carta orgánica respectiva, recepta este instituto.

Y una prueba cabal de esta situación se dio con el sistema de elección indirecta de presidente fijado en la Constitución de 1853, en base al modelo estadounidense y que rigiera -salvo en 1949 y 1973- hasta la reforma de 1994. Dicho mecanismo hacía que el pueblo no votara directamente a la fórmula presidencial, sino a un grupo de electores -los “notables” del sistema de los EE.UU- quienes estarían en mejores condiciones de elegir a los candidatos más idóneos para presidente y vicepresidente. Pues bien: la historia nacional demostró que, en realidad, los colegios electorales nunca cumplieron su misión ni fueron el grupo de notables que los constituyentes estadounidenses proyectaran.

Así, en los primeros tiempos de la organización nacional, el poder de nominación estaba en manos de una liga de gobernadores provinciales que patrocinaban en común al candidato; en tanto que posteriormente dicha potestad pasó a los partidos políticos, quienes ejerciendo el monopolio de la representación, se encargaron igualmente de nominar a los candidatos. Por tanto, en ambos casos, los electores se limitaron a votar disciplinadamente a quienes esos grupos ya habían elegido.

3° Se reitera: nadie puede desconocer la necesidad e importancia que los partidos políticos revisten tal como la propia Constitución Nacional lo proclama en el art. 38, al decir que los mismos “son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Pero no hay duda tampoco que sería conveniente realizar modificaciones al régimen vigente en la materia, especialmente en lo referido a la transparencia y control de los fondos de las campañas electorales así como igualmente en cuanto al carácter monopólico que hoy detentan los partidos políticos; al tiempo que sería también aconsejable enmiendas a los sistemas electorales, adoptándose al menos para cargos municipales, el de circunscripciones de voto uninominal.

Debemos ser realistas y reconocer que ni los diputados nacionales son “representantes del pueblo” (art. 45 C.N) ni los senadores nacionales lo son de sus respectivas provincias (art. 54 C.N) sino que unos y otros solo representan a los partidos políticos a los que pertenecen y que –salvo excepciones, como lo fuera la discusión de la ley de aborto- responden a la disciplina que aquellos imponen; amén que pueden saltar de un partido a otro -los conocidos “garrocheros” de la política- sin pudor ni respeto alguno por quienes los votaron en su momento como integrantes de otras listas. Así lo destaca Weber al afirmar que el representante no se encuentra ligado a instrucción o mandato alguno de sus electores, sino que sólo debe responder a sus propias convicciones, lo que lo convierte así “en el ‘señor’ investido por sus electores y no en el ‘servidor’ de los mismos”.

Y esta característica se aprecia modernamente en los Parlamentos a través de la acción de los partidos políticos ya que éstos “son los que presentan los candidatos y los programas a los ciudadanos políticamente pasivos y por compromiso o votación dentro del Parlamento crean las normas para la administración, la controlan, apoyan gobiernos con su confianza y los derriban también cuando se la rehúsan de un modo permanente, siempre que hayan podido obtener la mayoría en las elecciones”.

 

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