Mié10172018

ActualizadoMié, 17 Oct 2018 11am

Lectura de Domingo: "Falacias sobre desafueros y otras yerbas" por Carlos Baeza

Como consecuencia del eventual pedido de desafuero de la ex presidente CFK solicitado por la justicia, ha sido posible verificar a través de los medios un aquelarre de opinólogos de variopinto pelaje muchos de los cuales cuando escuchan hablar de Constitución piensan que se trata de una estación ferroviaria, no obstante que la mayoría de ellos son políticos cuyos conocimientos acerca de la Ley Fundamental cabe al menos presumir. Veamos algunos casos recientes.

 

1° los únicos que tienen fueros son los legisladores: Es una afirmación falsa. Dentro del sistema republicano el principio de responsabilidad de quienes detentan las funciones estatales se extiende a todos los poderes. En cuanto al Poder Legislativo, sus miembros -diputados y senadores- gozan de la inmunidad de arresto según la cual, salvo que sean encontrados in flagranti delito, no pueden ser privados de su libertad. Para ello es menester que el juez que intervenga en una causa penal seguida contra algún legislador solicite a la cámara respectiva su desafuero la cual con dos tercios de votos puede separarlo del cargo y ponerlo a disposición del juez requirente (arts. 69 y 70 C.N)

Igual privilegio protege al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de justicia ya que en caso de la comisión de delitos comunes o específicos del cargo, no pueden ser arrestados hasta no ser separados del cargo a través del mal llamado “juicio político”. Para ello la Cámara de Diputados con dos tercios de votos puede formular la acusación contra el funcionario imputado en tanto la Cámara de Senadores con igual mayoría puede separarlo del cargo para que así quede habilitada la privación de su libertad (arts. 53, 59 y 60)

No obstante, entre ambos procedimientos existe una importante diferencia. Como se dijera, tratándose de un legislador, el proceso no sólo puede iniciarse con el legislador en su cargo, sino que debe comenzar dado que la norma del art. 70 de la CN parte del supuesto que tal apertura ya ha tenido lugar, al decir: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado...” ; y sólo podrá paralizarse cuando sea menester aguardar el desafuero para posibilitar la detención, ya que no se trata de una inmunidad de proceso sino de arresto. Así, ha dicho la Corte que la inmunidad del art. 69 de la Constitución no impide la instrucción de un sumario criminal para investigar la conducta de los legisladores, en tanto no se afecte su libertad personal por orden de arresto (Fallos 308:2091). Pero no ocurre lo mismo en el caso de los funcionarios pasibles de “juicio político”, en el cual el proceso ni siquiera puede tener comienzo hasta tanto el Senado no produzca la destitución del mismo, ya que -como también se dijera- ese paso es imprescindible para poder someter al funcionario “a acusación, juicio y castigo”, como dispone el art. 60 de la CN.

Finalmente, los jueces inferiores igualmente gozan de la misma inmunidad pues la Constitución ha consagrado su remoción en caso de delitos, y si bien hasta la reforma de 1994 se encontraban sometidos al “juicio político” como loa jueces de la Corte Suprema de Justicia, a partir de tal enmienda se puso en cabeza del Consejo de la Magistratura decidir la apertura del mecanismo de remoción de dichos órganos jurisdiccionales, el que se encuentra a cargo del jurado de enjuiciamiento el cual puede proceder a destituir al magistrado (arts.114 inc. 5° y 115 de la CN).

2° Inmunidad de opinión: Se sostiene que el desafuero de la ex presidente viola su inmunidad de opinión lo cual es falso. El art.68 de la CN, consagra la inmunidad de opinión de los legisladores y en su virtud, ninguno de ellos puede ser “acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. De tal forma, la inmunidad en examen sólo protege al legislador por las opiniones o discursos vertidos en el desempeño de su mandato y en el curso de las sesiones del Congreso, o bien las emitidas en forma oral o escrita, aun fuera del recinto pero vinculadas al ejercicio de sus funciones legislativas. Esas expresiones quedan protegidas por la cláusula y el legislador no puede ser enjuiciado a causa de ellas, no sólo durante el periodo de su mandato sino igualmente luego de fenecido el mismo, ya que dicha inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; “porque si hubiera un medio de violarla impunemente, él se emplearía con frecuencia por los que intentaren coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio y frustrada la Constitución en una de sus más substanciales disposiciones” (Fallos 1:300). Por tanto, en el caso de CFK no está en juego su inmunidad de opinión de la cual goza y seguirá gozando aún fenecido su mandato de legisladora, sino la inmunidad de arresto.

3° Los fueros parlamentarios pueden renunciarse: Se trata de otra falacia que en pasadas elecciones armaran los integrantes de la alianza “1País” y que para darle mayor jerarquía instrumentaran por ante escribano público. Tal situación no es factible atenta la naturaleza de los fueros pues como lo afirmara la Corte Suprema de Justicia en el caso “Alem” la Constitución “no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”(Fallos 54:432) Siendo así, la inmunidad de arresto si bien tutela a los legisladores en forma individual, no lo es en función de conferirles un status diverso al resto de los habitantes, sino en su calidad de integrantes del Poder Legislativo y tiene como finalidad preservar el independiente ejercicio de la función constitucional que le compete.

La conclusión, entonces, es que el legislador contra quien se promueva denuncia penal no puede pretender despojarse de sus fueros para ser sometido a proceso por dos razones: 1° por cuanto tal proceso puede iniciarse y continuarse con el legislador en su cargo mientras no se disponga su arresto; y 2° porque mal puede abdicar de algo que no le pertenece en forma individual sino como miembro de la Legislatura, siendo esta la única que puede privarlo de tal prerrogativa mediante el trámite del desafuero y sólo si el magistrado interviniente así lo solicita para proceder a su detención. Por ello, la única forma en que un legislador pueda despojarse de sus fueros es renunciando a su cargo con lo cual, al quedar privado de esa inmunidad, podría ser privado de su libertad sin que ya sea necesario el desafuero. ¿Usted cree que alguno de los legisladores que supimos conseguir darían ese paso?

4°Los fueros deben suprimirse: Se viene sosteniendo con insistencia que los fueros parlamentarios son un privilegio que se contradice con el principio de igualdad consagrado por el art. 16 CN y que por ello deben ser eliminados mediante la derogación de la ley de fueros. Respecto a la ley 25.320 ya hemos señalado en otras ocasiones que se trata de un mamarracho jurídico e inconstitucional y que sería conveniente su urgente derogación; pero se recuerda que aún sin esa normativa, los fueros se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional y que para suprimirlos se requiere de una Convención Constituyente que reforme su texto. Es que la igualdad que consagra el citado dispositivo, es la igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias, eliminando excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se acuerde a otros en las mismas circunstancias, mediante distinciones arbitrarias, injustas u hostiles contra determinadas personas o categorías de personas (Fallos 182:355).

Por tanto, las inmunidades de opinión y de arresto son esenciales a la forma republicana y al Estado de Derecho y no significan una violación del principio de igualdad ante la ley sino una herramienta de defensa de la función legislativa ante los posibles ataques del Poder Ejecutivo a quien -de no existir las mismas- le bastaría ordenar la detención de los legisladores de la oposición para, al menos mientras ellos estuvieran privados de su libertad, sancionar cualquier tipo de leyes. Otra cosa es que algunos legisladores utilicen los fueros para cometer tropelías y que las cámaras que deben separarlos se conviertan en aguantaderos.

5° Asamblea Constituyente: Diversos grupos vienen solicitando la renuncia anticipada del actual presidente Mauricio Macri y la convocatoria a una “Asamblea Constituyente” y es en este tema cuando el grado de ignorancia alcanza su punto máximo. Supongamos que si como los “Muchachos del Club del Helicóptero” lo pregonan el actual presidente dimitiera a su cargo, la C.N en su art. 88 dispone que será el vicepresidente quien asumirá esa función y completará el mandato.

Supongamos también que la actual vicepresidente igualmente renunciara en cuyo supuesto la misma norma determina que el Congreso elegirá un funcionario para que asuma interinamente y llame a elecciones, ya que solo el vicepresidente puede cubrir la vacante por el periodo faltante. Es decir, que en cualquier supuesto de acefalia, el texto constitucional ha previsto la eventual ausencia de presidente y vicepresidente.

Por ello, cuando se habla de “Asamblea Constituyente” se manifiesta un desconocimiento abismal de la Ley Fundamental ya que esa Asamblea –igualmente denominada poder constituyente- es un poder latente y cuya única función es dictar la Constitución (1853) o reformarla (1860; 1866; 1898; 1949; 1957 y 1994). Así es que el art. 30 CN al fijar el procedimiento de reforma de la Constitución establece dos pasos: primero, sancionar una ley del Congreso declarando la necesidad de reforma y luego convocar al pueblo para que elija “una Convención convocada al efecto” que será quien llevará adelante la enmienda.

6° El presidente de la Corte Suprema de Justicia: El cambio del titular de la Corte Suprema de Justicia, provocó un inusual debate que no se compadece con la realidad del cargo y dejando de lado las connotaciones políticas que se pretendan atribuir al hecho, lo cierto es que se trata de un tema menor; a menos, claro está, que se tengan por ciertos los dichos de un mediático abogado que, sin sonrojarse, afirmó que dicha sustitución era importante ya que el presidente del cuerpo tenía doble voto en caso de empate.

En efecto: la Acordada 17/12/1952 que organiza el Reglamento para la Justicia Nacional establece que “El presidente de la Corte Suprema y vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del Tribunal y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones” (art. 79) La Corte Suprema de Justicia está compuesta por cinco miembros, por lo cual es imposible un empate y el cambio de presidente no significa modificación alguna en cuanto a los criterios sustentados por cada uno de ellos al momento de emitir sus votos.

Simplemente, el presidente ejerce la representación del cuerpo en sus relaciones protocolares y ante los otros poderes; tiene a su cargo la firma del despacho diario así como las comunicaciones dirigidas a las restantes autoridades legislativas y ejecutivas nacionales y provinciales, entre otras; y preside las audiencias del cuerpo y distribuye las causas en trámite entre los integrantes.

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