Vie11162018

ActualizadoJue, 15 Nov 2018 5pm

Ratifican la prisión preventiva para Caramelli y Pombo por extorsión reiterada a trabajadores del cementerio

La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca ratificó la medida para dos exfuncionarios municipales, acusados de haber extorsionado y cobrado dinero a albañiles por más de mil trabajos que realizaron para la comuna de Bahía Blanca, entre 2007 y 2010, cuando estaban en funciones.

 

De esta manera, los jueces Gustavo Barbieri y Guillermo Giamberlluca rechazaron el pedido interpuesta por la abogada defensora de los imputados, Verónica Lozano y ratificaron la resolución de primera instancia firmada por la jueza de Garantías 1, Gilda Sthempelet.

La causa establece el procesamiento con prisión preventiva para Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, por los delitos de "extorsión reiteada (ocho hechos en concurso real) en los términos de los artículos 55 y 168 del Código Penal, en calidad de coautores (artículo 45 del Código Penal)".

Caramelli y Pombo cumplieron funciones en la municipalidad bahiense durante la gestión de los intendentes del Frente para la Victoria (FPV) Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua, y habían sido condenados en julio del año pasado por cohecho y extorsión en perjuicio de un comerciante al que también le habían pedido coimas.

Por ese hecho, Caramelli fue condenado a 7 años de prisión y se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud, mientras que Pombo fue penado con 3 años y 6 meses por ser partícipe necesario.

Según la causa, a cargo del fiscal de Delitos Complejos Gustavo Zorzano, al momento de los hechos cometidos entre 2007 y 2010, Carameli se desempeñaba como director del Cementerio Municipal de Bahía Blanca, y Pombo era su colaborador.

De acuerdo a investigación los dos exfuncionarios exigieron la suma de 50 pesos por cada trabajo a los albañiles autorizados por la comuna para realizar tareas de construcción dentro del cementerio municipal, como condición para que pudieran realizar dentro del referido predio las obras de albañilería que les contrataban particulares.

"Para lograr la espuria disposición, los imputados amenazaron a las víctimas con impedirles el ingreso al predio municipal a realizar las tareas propias de su oficio, lo cual les generó temor ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo", expresó el fiscal en el marco de la causa.

En ese contexto y según la acusación "para asegurarse el pago de las sumas de dinero arbitrariamente exigidas, Caramelli y Pombo llevaban un registro informal de todos los trabajos de albañilería que realizaban las víctimas y, una vez a la semana, les reclamaban el pago de las sumas de dinero correspondientes a los trabajos concretados durante esa semana".

El delito que se les imputa ahora es el mismo por el que ambos ya fueron condenados, aunque con otras víctimas, ya que en la anterior oportunidad se trató de un comerciante de la zona de Parque de Mayo, a quien le exigieron 2.000 pesos para seguir trabajando allí.

Por ese caso, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, a cargo de los jueces Ricardo Gutiérrez, Onildo Stemphelet y Hugo Da Rosa, condenó el 6 de julio el año pasado a Caramelli a 7 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de 50.000 pesos, mientras que Pombo fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario.

 

FALLO COMPLETO DE LA CAMARA DE APELACIONES Y GARANTIAS DE BAHIA BLANCA 

 

Expediente I.P.P. dieciséis mil cuatrocientos noventa y ocho. 

Número de Orden:_____
Libro de Interlocutorias nro.______

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los días del mes Octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Gustavo Angel Barbieri y Guillermo Alberto Giambelluca (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución en la I.P.P. Nro. 16.498/I del registro de este Órgano caratulada: "Caramelli, Carlos Marcelo y Pombo Leonardo Andrés s/ incidente de apelación de prisión preventiva"; y practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri y Giambelluca, resolviendo plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Es justa la resolución apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: A fs. 31/35 interpone recurso de apelación la Sra. Defensora Particular -Dra. Viviana Lozano-, contra la resolución dictada a fs. 1/30 por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Garantías nro. 1 Departamental -Dra. Gilda Stemphelet-, por la que dispuso la prisión preventiva de los coimputados Carlos Caramelli y Leonardo Pombo.
La apelante solicita, específicamente, la revocación de la decisión en lo que hace al procesado Leonardo Pombo; expresando -en primer término- que se ha partido de un premisa negativa o de culpabilidad, puesto que la acusación se formuló a partir de hechos absolutamente ajenos a la causa (e incluso al nombrado Pombo), como serían los sucesos ocurridos en el Parque de Mayo a consecuencia de la caída de un árbol.
Como segundo agravio, cuestiona la acreditación de los hechos enrostrados en esta causa, sosteniendo que la acusación se apoya únicamente en la versión dada por los denunciantes, que son personas que han tenido inconvenientes con los hoy detenidos, y a quienes se les habían aplicado sanciones; refiere que similar situación abarca a la testigo L., encontrándose todos comprendidos por las generales de la ley.
Cuestiona que uno de los denunciantes ha ajustado su declaración, en lo que hace al monto de dinero que dijo que los coimputados le pedían, y que Leonardo Pombo explicó que tal dinero se correspondía con una deuda que el denunciante poseía con el municipio, que era lo que impedía continuar trabajando como prestador de servicios.
Dice que que otro de los testigos de cargo, ha sido procesado y se le ha otorgado una suspensión de juicio a prueba, y que él nunca habría podido realizar los trabajos en el cementerio, porque en tal horario cumplía funciones en el panteón de la Sociedad italiana de Socorros mutuos, lo que no fuera valorado por la Jueza de Grado.
Sostiene que, si bien los denunciantes expresan haber realizado una determinada cantidad de trabajos, no existe ninguna constancia que respalden sus dichos y que permitieraa afirmar que -efectivamente- realizaron esas tareas.
Respecto de los peligros procesales, critica que la Magistrada hubiera considerado que la pena en expectativa resultaba ser parámetro suficiente para disponer la privación preventiva de libertad, agregando que Leandro Pombo siempre ha estado a derecho y no ha entorpecido la investigación.
Refiere -por último- que la prisión preventiva se dispuso encontrándose vencido el plazo legal para ello.
Analizados los agravios y el contenido de la resolución apelada, propondré al acuerdo no hacer lugar al recurso interpuesto y la confirmación de la decisión de la Jueza de Garantías.
Trataré en primer término lo referente a la denuncia respecto de que la prisión preventiva se dispuso encontrándose vencidos los plazos legales (pues en caso de hacerse lugar resultaría innecesario el tratamiento del resto de los planteo), considerando -y coincidiendo con la Sra. Jueza de Grado-, que ello no resulta procedente. Es que la detención de Leonardo Pombo se efectivizó el 16/05/2018 (ver fs. 681), siendo que el 29 de mayo se concedió la prorroga para requerir la prisión preventiva conforme dispone el artículo 158 del C.P.P, y dicha medida cautelar se solicitó el 13/06/2018 y fue dispuesta por la Magistrada el día 18/6/2018. Es evidente que no hubo exceso con respecto a los plazos previstos por el Código Procesal, el cual en su artículo 158 (texto según Ley 13260) reza: "El auto que decrete la prisión preventiva será dictado dentro del quinto día de la solicitud del Agente Fiscal presentada dentro del plazo de quince (15) días prorrogables por igual plazo, a contar del día en que se hubiere efectivizado la detención...". Nada más sobre este primer tema.
En segundo término considero que no ha existido ningún tipo de inversión de la carga probatoria o afectación al principio de inocencia, como plantea la defensa al alegar un "punto de partida desde una premisa de culpabilidad". La causa fue iniciada a partir de datos ofrecidos por la madre de la víctima de otro hecho, en el que habría estado involucrado Marcelo Caramelli. En esa declaración, se puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la existencia de posibles irregularidades cometidas por los coprocesados en otras áreas públicas, ajenas -en algún sentido- a los espacios vinculados al acontecer sobre el que prestaba declaración.
La formación y continuación de esta investigación a partir de los datos aportados por una testigo en otra causa, no implican de manera alguna una afectación al principio de inocencia, ni un tratamiento "como culpables" de los cojusticiables, como esgrime la defensa. La declaración de fs. 2/8 constituye -en ese sentido-, una evidencia a partir de la cual válidamente puede -y debe agrego por mi parte- iniciarse una investigación por el Ministerio Público Fiscal ante la noticia de la existencia de un hecho que podía, como en el caso, constituir un delito de acción pública.
Similar consideración merece la valoración de datos aportados por el Sr. G. -una víctima de otro hecho que se les imputara a los mismos coprocesados en otra I.P.P.- en la medida que ellos puedan ser relevantes para respaldar o refutar las hipótesis fácticas sobre las que se ha centrado esta investigación y que se les ha enrostrado a los nombrados.
La apreciación de esos datos no constituye, en consecuencia, una inversión de la carga probatoria, sino la incorporación de información sobre los eventos aquí juzgados al conjunto de elementos de convicción (justamente haciendo efectivo el principio previsto en el artículo 367 del Rito). Ello en nada afecta derechos constitucionales de los cojusticiables.
Tampoco comparto la crítica de la defensa sobre el peso probatorio que corresponde asignar a los testimonios reunidos en la investigación.
Por un lado, en lo que hace al cuestionamiento que dirige la recurrente a los dichos de los "denunciantes" por ser personas que habrían tenido problemas con los coimputados (porque estos últimos les habrían impuesto sanciones por su mal desempeño en las funciones que cumplían) ello no posee respaldo en la prueba reunida, no observándose razones que puedan afectar de alguna forma la fiabilidad y credibilidad de sus referencias.
De los 9 albañiles que han declarado en forma concordante sobre las ilegales exigencias dinerarias que les imponían los coencartados para permitirles trabajar dentro del cementerio municipal, sólo existen datos de un posible conflicto legal relacionado con uno -R.J.-, a quien se lo aprehendió por un hecho ilícito que fue puesto en conocimiento de la autoridad por parte de Leonardo Pombo. De todas formas, y aun ante la existencia de esa causa y del posible condicionamiento que podría adjudicarse al testigo, no advierto razones para restar valor a su declaración, principalmente porque sus referencias son plenamente coherentes con el resto de las pruebas reunidas, en especial con los otros testimonios agregados. La correspondencia entre todos ellos respaldan el peso probatorio de la declaración de R.J.-de fs. 159/165-.
Sobre la situación del albañil I. -respecto de quien Leonardo Pombo referió que debieron sancionarlo por deudas que poseía con el Municipio- tampoco advierto mendacidad, siendo que tal como explicó a fs. 106/110 la sanción que se le apicaran habría sido una maniobra extorsiva más de los coencausados para prohibirle su ingreso al cementerio, debido a que no les entregaba el dinero que ilegítimamente le requerían (y ello es coincidente con lo narrado en los otros testimonios reunidos en la I.P.P.).
Remarco igualmente que no existe en autos ninguna constancia que de cuenta de algún tipo de sanción municipal formalmente impuesta que conllevara a esa consecuencia y que respalde lo manifestado por Pombo.
En relación a los restantes albañiles no existen datos que permitan razonablemente sostener que exista "enemistad" que pudiera afectar la fuerza probatoria de sus relatos, más allá del malestar reconcido (lo que además de resultar atendible parece darle mayor fiabilidad a sus dichos) respecto de las molestias que los actos extorsivos de los coimputados les causaban. A ello se agrega, como mencioné, la absoluta correspondencia entre las diversas declaraciones obrantes en autos, respecto de la forma en que ocurrieron los hechos y de las acciones que llevaban a cabo los coprocesados, que dota al plexo probatorio de un alto valor convictivo.
Respecto de la testigo L., entiendo que tampoco ha justificado debidamente la recurrente, cuál sería la razón por la que debería considerarse que tuvo algún conflicto con los coimputados. Nótese que más allá de mala opinión que ha expresado la testigo sobre Caramelli y Pombo, principalmente por la forma discrecional y arbitraria en la que actuaban en el cumplimiento de sus funciones en el cementerio; ella misma destacó -a fs. 843/844- que -incluso- Caramelli la convocó para que lo reemplazara en la dirección de parques en el 2007 o 2008. A ello agrego que en ningún momento Pombo expresó haber tenido problemas con la testigo. Por si fuera poco, el testimonio de la Sra. L. (en lo que hace las formas de manejarse de los imputados con el resto del personal y la manera en que adoptaban su decisiones) es coincidente con la descripción ofrecida por los albañiles damnificados.
Tampoco comparto con la defensa la supuesta falta de constancias sobre los trabajos realizados, y que la apelante considerara un obstáculo determinante para tener por acreditada su existencia. Como he explicado, considero que la consistencia que se observa en lo referenciado por todos los damnificados -en más de 9 declaraciones- sobre los montos que se les reclamaban, las reuniones que se han mantenido y las formas en que se llevaban a cabo las exigencias de dinero, dota al plexo probatorio del valor suficiente para tener por acreditados los trabajos que cada uno de ellos expresó haber efectuado mientras los coprocesados dirigían el cementerio municipal y por los que debieron entregarles -en diversas oportunidades-, sumas de dinero proporcionales a las tareas de albañilería que desarrollaban allí.
Así, entiendo que no pueden compartirse las distintas críticas que intenta dirigir la recurrente a los elementos de convicción obrantes en la causa, en tanto la coherencia de la información que han ofrecido compone un sólido conjunto de evidencias que resulta suficiente para acreditar los hechos y la participación de los coimputados, con el grado de probabilidad requerido para el dictado de la prisión preventiva.
Por último, entiendo que tampoco asiste razón a la recurrente en sus agravios vinculados a la forma en que la Sra. Jueza de Grado diera por acreditada la existencia de los peligros procesales que justifican la medida cautelar, pudiendo observar que -a fs. 28 vta.-, la Magistrada valoró -además del alto monto punitivo en expectativa y su forma de cumplimiento- "...el actuar atemorizante e intimidatorio sobre los damnificados...", como una razón para inferir la existencia de peligros de entorpecimiento probatorio; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 148 del C.P.P. Así, no puede sostenerse que la Jueza haya tenido en cuenta solamente la pena en expectativa como parámetro suficiente para el dictado dela medida cautelar; siendo que además esa valoración efectuada aparece como razonable.
Por las razones expuestas, respondo por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido que el Doctor Barbieri.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar la resolución dictada por la Sra. Jueza de Garantías, a fs. 1/30 (arts. 157, 337 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: Sufrago de la misma manera que lo hace el Doctor Barbieri.
Con lo que culminó el Acuerdo que signan los Sres. Jueces nombrados.

 

 




R E S O L U C I Ó N
Bahía Blanca, octubre de 2.018.
Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que es justa la resolución impugnada.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, ESTE TRIBUNAL RESUELVE: No hacer lugar al recurso interpuesto a y confirmar la resolución dictada por la Sra. Jueza de Garantías a fs. 1/30 en lo que fue materia de ataque (arts. 157, 337 y ccdtes. del C.P.P.).
Remitir sin más trámite los autos principales previo agregar copia autenticada de la presente para que se tome razón.
Notificar por oficio electrónico a la recurrente y al Ministerio Público Fiscal. Hecho remitir la incidencia a la instancia de origen, donde deberá notificarse al imputado.

 

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