Lun07062020

ActualizadoLun, 06 Jul 2020 12am

No comienza el Juicio Triple A en nuestra ciudad

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

 

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos, informó juiciobahiablanca.wordpress.com.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

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