Dom09222019

ActualizadoDom, 22 Sep 2019 1am

Lectura de Domingo: "La 'servilleta' del Dr. Fernández" por Carlos Baeza

Era el año 1996 y el ex ministro de economía de Carlos S. Menem, Domingo Cavallo, había renunciado a su cargo y se encontraba enfrentado -entre otros- con el entonces ministro del interior de ese gobierno, el Dr. Carlos Corach.

 

Fue en esa oportunidad que Cavallo denunció que Corach había escrito en una servilleta los nombres de 5 jueces federales que -siempre según sus dichos- respondían fielmente al menemismo y que eran los Dres. Branca; Urso; Bagnasco; Canicoba Corral y Bonadío. Sin embargo, el hecho no obstante su necesaria trascendencia mediática, fue desmentido por Corach y nadie tuvo acceso ni nunca hubo prueba alguna en torno a la existencia de la famosa servilleta; llegándose inclusive a invocar la existencia de una retractación escrita de Cavallo de la que tampoco hubo jamás constancia alguna.

1° Han pasado más de 20 años de aquél episodio y ahora, nuevamente, surge un hecho que guarda similitud con aquella leyenda urbana y que podría calificarse como “la servilleta” del Dr. Alberto Fernández aunque a diferencia de la de Corach, esta no fue estampada en una servilleta sino hecha pública en los medios y con la singularidad que abarca -al igual que la otra- a cinco magistrados. En efecto: en recientes declaraciones el candidato presidencial afirmó que “vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica”; agregando que “algún día, Ercolini; Bonadío; Irurzun; Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”; todo ello en el marco de las causas que por corrupción se tramitan contra funcionarios del anterior gobierno.

2° Tal postura no es novedosa ya que en sentido similar se han escuchado voces del mismo espacio político que anticipan una embestida contra el Poder Judicial, como la que representara la abortada ley de democratización de la justicia. Así, Mempo Giardinelli ya dijo que “no necesitamos ese ‘poder’. Lo que la Argentina necesita es un eficiente y decente Servicio de Justicia, o un Sistema de Justicia, pero no más el famoso ‘tercer poder´ que el liberalismo de hace 150 años pensó e impuso como equilibrador entre el Ejecutivo y el Legislativo". A esta de por sí clara definición de lo que vendrá, se sumó el intendente de San Antonio de Areco Francisco Durañona sosteniendo que “tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y desde el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros para defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular”. En síntesis: de triunfar la oposición nadie se asombre de lo que pueda ocurrir con el Poder Judicial, pues como reza el dicho popular: “el que avisa no traiciona”.

3° El primer obstáculo a la propuesta de Fernández, es la propia Constitución Nacional. En efecto: con el propósito de asegurar el principio de separación de poderes o funciones y a fin de evitar posibles abusos del Ejecutivo, el art. 109 prescribe que “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Esta prohibición, que ya se encontraba mencionada en los instrumentos políticos emergentes de la Revolución de Mayo a partir del Reglamento de 1811, procura evitar la intromisión del presidente en cualquier asunto judicial y durante cualquier época. Por tanto, sostener que de llegar al gobierno va a “tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años” no solo es inconstitucional sino igualmente inviable y despierta un interrogante en torno a los conocimientos jurídico-institucionales del candidato a presidente quien se vanagloria de su calidad de profesor universitario.

4° En efecto: por una parte y en lo que hace al Poder Judicial la Constitución Nacional organiza un doble régimen jurisdiccional: la Nación, dicta los códigos de fondo -civil, penal, etc.- y crea una estructura a cuyo frente se encuentra la Corte Suprema de Justicia y por debajo de ella los tribunales inferiores que el Congreso crea; en tanto las provincias en ejercicio de su autonomía dictan los códigos de forma o de procedimientos y regulan la creación y manera de designar a sus propios órganos judiciales. Unos y otros aplicarán las normas nacionales de fondo, las que no pueden alterar las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas esferas (art. 75 inc. 12). Pero al mismo tiempo el régimen judicial se estructura en base a instancias por lo cual un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional solo puede ser revisado por otro órgano de superior jerarquía el cual podrá confirmarlo o revocarlo. Así, un fallo de un juez de 1ª. Instancia puede ser revisado por una Cámara de Apelaciones y este pronunciamiento, a su vez, puede ser recurrido ante el Superior Tribunal de una provincia, e inclusive llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia nacional, ello sin contar la existencia asimismo de tribunales de casación en algunas materias. Por tanto, y aunque se desconoce cuáles serían las sentencias que pretende “revisar” Fernández es indudable que todas aquellas que no hayan sido recurridas a lo largo de los años por quienes se sintieran afectados en sus derechos ya son irrevisables -inclusive por otros órganos judiciales- por haber adquirido la fuerza de cosa juzgada.

5° Igualmente inviable es la restante pretensión de Fernández en el sentido que cinco jueces de su “servilleta” a quienes identifica claramente, “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Quiero recordarle al candidato presidencial que a partir de la reforma constitucional de 1994 los nombramientos y remoción de los magistrados del Poder Judicial operan de la siguiente forma: los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son designados por el presidente con acuerdo del Senado por el voto de dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto (art. 99 inc. 4° C.N); en tanto su remoción corresponde a las cámaras mediante el procedimiento del juicio político (arts. 53, 59 y 60 C.N) Y en lo que hace a los restantes jueces su designación igualmente cabe efectuarla al presidente a propuesta del Consejo de la Magistratura, órgano que tiene a su cargo “1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores...” (art. 114 C.N); mientras que para su remoción cabe al mismo Consejo de la Magistratura “decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente...” ante el Jurado de Enjuiciamiento (art. 114 inc.5° C.N) según el art. 115 C.N que dispone que “Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el art. 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal...”.
Pero ocurre que las causales de remoción de todos los magistrados son las de mal desempeño o la comisión de delitos comunes o específicos del cargo (art. 53 C.N) pero no se incluye la causal de “barrabasadas” que les imputa Fernández a los 5 jueces ya mencionados. Es que como lo tiene dicho la Corte “El principio es el que veda el enjuiciamiento y eventual destitución de los magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, pues de lo contrario, el Congreso de la Nación se erigiría en tribunal de última instancia y árbitro final de las controversias judiciales, lo que importaría una inadmisible injerencia en la órbita del Poder Judicial de la Nación, que excede las facultades y competencias propias del órgano legislativo en detrimento del principio republicano de la división de poderes, a la par que representaría una afectación de la independencia de los jueces, que para fundar sus decisiones deberían estar más atentos a satisfacer el paladar de los poderes políticos que a consagrar la supremacía de la Constitución Nacional”.

Por todo ello, sería conveniente que de asumir Fernández la presidencia, tuviera presentes estas simples reflexiones que no son más que el marco constitucional al que debe ajustarse el Estado de Derecho en una auténtica República.

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