Lun05252020

ActualizadoDom, 24 May 2020 5pm

Lectura de Domingo: "La Seguridad en la Argentina" por Carlos Baeza

Según lo establece nuestra Constitución Nacional, los ministros no integran el Poder Ejecutivo ni son electos por el pueblo, sino que conforme al art. 87 “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de ‘Presidente de la Nación Argentina’", esto es, que dicha función es unipersonal y por ende la ejerce una sola persona. Ergo...

 

...y en consecuencia, ni el vicepresidente cuya labor constitucional es la de ser presidente natural del Senado y por ende integra el Poder Legislativo (art. 57) –más allá de su función accesoria y circunstancial de reemplazar al presidente en caso de acefalía (art.88)- ni los ministros que solo son colaboradores del presidente a quienes éste nombra y remueve a voluntad (art. 99 inc. 7°) conforman el Poder Ejecutivo. Siendo así, es atributo presidencial indiscutible designar a las personas que crea conveniente como Jefe de gabinete y ministros.

Sin embargo, una de las designaciones que más ha llamado la atención es la de la ministro de seguridad, la licenciada en Ciencias Antropológicas Sabina Frederic, quien entre 2009 y 2011 se desempeñó como subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa haciéndolo entre 2012 y 2014 como asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Más allá que se ignora la expertise que alguien vinculado a las ciencias antropológicas puede tener en una materia específica como lo es la seguridad de una Nación, lo cierto es que la novel funcionaria ha planteado y adoptado una serie de decisiones que, al menos, resultan polémicas.

1° Así, en una de sus primeras intervenciones, sostuvo que con la postura del anterior gobierno de haber clasificado a Hezbollah como organización terrorista, Argentina se había comprado un problema, agregando que “El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no nuestro”. La ministro pareciera desconocer que no fue en el ámbito de la OTAN sino en nuestro país donde ocurrieran los atroces atentados contra las sedes de la Embajada de Israel y la AMIA que dejaran un tendal de muertos y heridos, generando las acciones judiciales que determinaran la intervención iraní en ambos ataques y la consecuente orden de arresto a sus autores, todo ello enmarcado en el espurio memorándum con Irán que hasta el presente es materia de investigación. Por otra parte una funcionaria del nivel de Frederic no puede ignorar que no solo Argentina incluye a Hezbollah como grupo terrorista sino que esa ha sido igualmente la postura de la Unión Europea, la OEA y países como Israel, Canadá, EE.UU, el Reino Unido, los Países Bajos y Paraguay.

2° Asimismo y mediante una resolución, dejó sin efecto cuatro medidas de seguridad impulsadas por el anterior gobierno. En primer término, el reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales cuando estén en peligro inminente la vida de sus integrantes o de otras personas; pudiendo proceder a la detención de quien represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga, aunque luego se pruebe que portaba un arma de juguete, o bien poder disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma e inclusive a quien haga un movimiento que el uniformado puede interpretar que lo es para extraer un arma. Finalmente propone que los uniformados cuando no estén de servicio no podrán portar sus armas reglamentarias.

3° Otra de las modificaciones se refiere al uso de las pistolas Taser que son armas electrónicas no letales y que pueden utilizarse cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en los casos en que se requiera inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona que represente un peligro inminente de lesionar a terceros o a sí misma; cuando deba ejercerse legítima defensa propia o de terceros y cuando deba impedirse la comisión de un delito de acción pública. La utilización de las Taser permite enfrentar situaciones en las que deba utilizarse la fuerza, evitando emplear armas de fuego.

4° También quedó sin efecto el programa Ofensores en Trenes cuya finalidad era la prevención de delitos en el sistema de transporte público de pasajeros, a cuyo fin se facultaba a las fuerzas policiales y de seguridad a realizar controles en las zonas de ingreso, egreso, tránsito o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, pudiendo exigir la identificación de los mismos para constatar la posible existencia o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial. Para ello alegó que la medida estigmatizaba a los pobres que son la mayoría de quienes utilizan los trenes. Salvo que esté equivocado, entiendo que tanto en ese como en tantos otros casos en los que se exige la exhibición del documento de identidad, nadie puede ver afectada su persona dado que en el mismo no se consigna su estatus social.

5° Y finalmente se revocó el Servicio Cívico Voluntario en Valores que impulsaba un ciclo de talleres destinados a jóvenes de 16 a 20 años en situación de vulnerabilidad social, para contribuir a la inclusión y el acompañamiento, así como brindad igualdad de oportunidades en el marco de la ley de Protección Integral de los Derechos de niños y adolescentes. Ello sin contar que igualmente disolvió la Subsecretaría de lucha contra el narcotráfico que en colaboración con agencias internacionales llevaba las estadísticas de procedimientos y el seguimiento de las causas judiciales en esa materia, quizá en aras de su proyecto ya anunciado de legalización de las drogas en nuestro país.

7° No obstante todo ello, hay otras dos propuestas de la ministro que revisten no solo gravedad sino un supino desconocimiento del funcionamiento de las instituciones en el ámbito de una República.

a) La funcionaria sostuvo que la cartera a su cargo, “revisará en colaboración con la Justicia” la pericia realizada por la Gendarmería en el caso Nisman y que concluyó en que el nombrado fue asesinado por al menos dos personas. Y como si ello fuera poco agregó que “Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito, primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura de la fuerza”. Esta postura fue avalada por el diputado Leopoldo Moreau -ex radical y hace tiempo acérrimo kirchnerista- quien expresó que Nisman no fue asesinado sino que se trató de “una de las operaciones de marketing mejor concebida a nivel global” orquestada por “el Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitres y los socios locales de ese club”.

Ante todo, sería interesante que la ministro leyera -no digo la Constitución Nacional in totum- sino al menos el art. 109 según el cual “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Si para asegurar el principio republicano de la división de poderes, la Ley Fundamental prohíbe al titular del Ejecutivo el inmiscuirse en causas judiciales, ello se extiende a quienes como los ministros ni siquiera son electos por el voto popular. Por otra parte, el Ministerio de Seguridad no fue ni es parte en la causa Nisman por lo cual mal podría pretender revisar una pericia producida en el marco de una causa judicial y por disposición del juez interviniente.

Es que los funcionarios a cargo de dicha causa, el fiscal Taiano y el juez Ercolini, se basaron en la pericia realizada por la Gendarmería, la cual no tuvo impugnación ni siquiera por los peritos de parte, y a través de la cual se concluyó en que Nisman había sido asesinado con la intervención de 2 personas. Por tanto, ninguna intervención le cabe en esas actuaciones a la ministro ni nadie tampoco se la ha solicitado, al ser completamente ajena a dicha causa. E igualmente grave desde el punto de vista institucional es su argumento en el sentido que por el momento no promoverá esa intervención hasta tanto se renueve la cúpula de la Gendarmería, lo cual llevaría a pensar que cuando ello suceda ejercerá presión sobre los nuevos mandos en esa dirección.

b) También Frederic anunció que la cartera a su cargo revisará la actuación de Gendarmería en la causa por la cual perdiera la vida Santiago Maldonado. Como es público y notorio, el kirchnerismo en su momento denunció que el artesano había sido torturado y muerto por parte de la Gendarmería quien lo secuestró y trasladó en un vehículo configurando un caso de desaparición forzada de persona. Sin embargo, en la causa quedó demostrado con un dictamen pericial en el que intervinieron más de 50 expertos y que no fuera cuestionado ni siquiera por su propia defensa, que Maldonado murió ahogado por no saber nadar y que su cuerpo no había sido movido del lugar donde fue encontrado 77 días después ni tampoco presentaba signo alguno de ataques o agresiones.

Ahora, la ministro Frederic anunció que se revisará el accionar de los efectivos de Gendarmería que intervinieron en el operativo por entender que el mismo “fue pésimamente realizado, tuvo decisiones desacertadas y fuera de los protocolos, y hubo responsabilidades”, de todo lo cual se dará intervención a la justicia. Lo cierto es que la Cámara Federal de Casación Penal ha ordenado la reapertura de la causa al solo fin de realizar medidas de prueba pendientes, como la ampliación de los estudios periciales para determinar la data de la muerte de Maldonado así como para determinar el tiempo que permanecieron bajo el agua un bastón metálico retráctil y los billetes hallado entre las pertenencias de la víctima, entre otras medidas que deberá producir el nuevo juez que se designará. Pero en el mismo pronunciamiento se rechazó el pedido de investigar el accionar de la Gendarmería Nacional así como el planteo de la desaparición forzada de persona, por lo cual la decisión de la ministro, también en este caso, resulta no ajustarse a derecho ya que la propia justicia interviniente ha resuelto lo contrario.

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