Vie07102020

ActualizadoVie, 10 Jul 2020 4pm

Lectura de Domingo: "Enjuiciamiento de magistrados por el contenido de sus fallos" por Carlos Baeza -1ª nota-

Los arrestos domiciliarios de presos que se encontraban cumpliendo sus condenas y motivados por el peligro de contagios de coronavirus, a través de un fallo del Tribunal de Casación bonaerense luego modificado por la Suprema Corte de Justicia provincial, han generado numerosos pedidos de enjuiciamiento de los magistrados que dispusieran esas medidas.

 

Debe tenerse presente que aquí no está en tela de juicio la razonabilidad de la medida toda vez que propuestas similares han sido adoptadas en otros países y también con fundamento en la posibilidad de contagio del coronavirus en poblaciones de alto riesgo como pueden ser quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios, máxime teniendo en cuenta la superpoblación carcelaria así como el calamitoso estado de muchas prisiones.

Pero lo que no resultó admisible fue recurrir a hábeas corpus colectivos mediante los cuales y sin evaluaciones individuales se confirieran arrestos domiciliarios en forma indiscriminada, incluyendo condenados por todo tipo de delitos, y sin posibilidad de un posterior contralor habida cuenta no solo de la carencia de tobilleras electrónicas sino igualmente de las falencias de los órganos afectados a esos fines por la carencia de personal suficiente.

Sin embargo es menester tener presente que el juzgamiento de los jueces que dispusieron esas medidas por el contenido de sus sentencias no es viable en nuestro ordenamiento.

1° Todo sistema republicano se sustenta en diversos pilares, entre ellos la división e interdependencia de los poderes estatales y dentro de ellos, el de la independencia del Poder Judicial ya que como afirmara Montesquieu, “todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos entre particulares”. De allí que la Constitución Nacional asegura dicha independencia a través de la inamovilidad en los cargos y la irreductibilidad de las remuneraciones (art. 110).

No obstante ello y en virtud de otro de los principios del régimen republicano cual es el de la responsabilidad de los funcionarios públicos, los integrantes de todos los poderes se encuentran sujetos a diversos procesos a fin de garantizar el correcto ejercicio en sus cargos. Así los legisladores son pasibles de desafuero en caso de la comisión de delitos y sin perjuicio de otros supuestos de inhabilidad física o moral (arts. 69, 70 y 66) Por su parte el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia pueden ser objeto del juicio político por mal desempeño o la comisión de delitos específicos del cargo o comunes, a través de la acusación de la Cámara de Diputados y el juzgamiento por el Senado (arts. 53, 59 y 60).

Finalmente y respecto al Poder Judicial y teniendo en cuenta la reforma constitucional de 1994 se debe distinguir entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes siguen sujetos al juicio político ante el Congreso y los jueces inferiores quienes si bien antes de dicha enmienda se encontraban sujetos a igual procedimiento, desde entonces son acusados a través del Consejo de la Magistratura y juzgados por el jurado de enjuiciamiento (arts. 53, 114 y 115) Cabe señalar que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los mecanismos son similares a los del orden nacional recién descriptos.

2° Siendo así, cualquier magistrado provincial puede ser sometido al jurado de enjuiciamiento (ley 13.661) por las causales de delitos dolosos en el ejercicio de sus funciones; por la comisión de las faltas indicadas en el art. 21 y por la causal de inhabilidad física o moral (art. 20) En cuanto a las faltas del art. 21 abarcan variadas situaciones tales como incompetencia o negligencia en sus funciones o el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo o la realización de actividades incompatibles con el mismo, entre otros.

Sin embargo, bajo ningún punto de vista un juez puede ser enjuiciado por el contenido de sus sentencias las cuales solo pueden ser revisadas por otros órganos superiores del mismo Poder Judicial. Así, si un fallo de un juez de 1ª. Instancia provincial no conforma a alguna de las partes de un litigio, las mismas pueden apelar ante la Cámara de Apelaciones y aún todavía –en materia penal- recurrir al Tribunal de Casación y finalmente a la Suprema Corte de Justicia o en ciertos supuestos ante la Corte Suprema de Justicia nacional. Pero cualquiera haya sido el contenido de una sentencia judicial la misma no habilita el juzgamiento del magistrado que la emitió.

3° Adviértase, en primer término, que en todos los recientes casos de promoción de enjuiciamiento contra jueces provinciales que habilitaron prisiones domiciliarias -incluyendo la de un magistrado de este departamento judicial- se ha invocado como causal el no haber notificado de la medida a las víctimas de esos ilícitos. Al respecto la ley 27.372 sancionada en 2017 concede a las víctimas -entre otros derechos- el requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y de los testigos que declaren en su interés, así como a ser escuchada antes de cada decisión que disponga medidas de coerción o la extinción o suspensión de la acción penal así como la libertad del imputado durante el proceso; e igualmente cuando durante el mismo se dispongan salidas transitorias, libertades condicionales o asistidas o prisiones domiciliarias (arts. 5° inc. d) y k) y 12).

Sin embargo, esa normativa solo tiene aplicación en la justicia nacional y por ello es que el art. 37 invita a la CABA y a las provincias “a readecuar su legislación procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas” lo cual supone por parte de la legislatura bonaerense la sanción de una ley que adhiera al régimen nacional, la que hasta la fecha no ha sido dictada. Precisamente, tal circunstancia fue señalada en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que modificó lo resuelto por el Tribunal de Casación en torno a los arrestos domiciliarios dispuestos con motivo del coronavirus, al destacar que la ley de víctimas no rige en el ámbito de nuestra provincia y, por ello, es que en el apartado V.2.n de su pronunciamiento exhortó a la Legislatura de Buenos Aires a legislar en esa materia.

4° Y por otra parte debe tenerse presente que el fallo del Tribunal de Casación, teniendo en cuenta los listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y acatando las recomendaciones de los organismos internacionales y para descongestionar los centros de detención, dispuso que a las personas que se encuentren en situación de riesgo se les debía conferir el arresto domiciliario en casos de delitos leves por parte de los juzgados y tribunales competentes; en tanto que en los supuestos de delitos graves los mismos órganos jurisdiccionales deberían conferir esos arrestos domiciliarios o el aislamiento dentro de la propia unidad penitenciaria.

De tal forma, los jueces y tribunales debían cumplir con lo dispuesto por el máximo órgano penal de la provincia y de allí que el contenido de sus sentencias en cuanto se limitaban a conferir los arrestos domiciliarios ordenados por la Casación no puede por sí configurar una causal de enjuiciamiento.

En una próxima nota analizaremos los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que sustentan esta postura.

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