Lectura de Domingo: "Usurpación de propiedades" por Carlos Baeza

La cada vez más preocupante toma de tierras en diversos lugares del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en Villa Mascardi, ha generado un absurdo debate maniqueo entre derecho de propiedad y derecho a una vivienda digna, ambos garantizados por el texto constitucional, derivando en verdaderos dislates como es el de plantearse si usurpar una propiedad privada es o no delito.

 

1° La Constitución Nacional en su art. 14 garantiza a todos los habitantes el derecho “de usar y disponer de su propiedad” en tanto que el art. 17 del mismo texto declara la garantía para ese derecho al decir que “la propiedad es inviolable” Pero dado que ningún derecho es absoluto sino que todos se ejercen conforme a las leyes que los reglamenten (arts. 14 y 28 C.N) el propio art. 17 consagra las dos únicas excepciones, a saber: en primer término, la sentencia judicial que halla su fundamento en el estado de derecho que impide practicar la justicia por mano propia, y por ende, para privar de un bien a un particular, es menester un proceso con la debida garantía de defensa que culmine con el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional competente fundado en una norma legal que ordenará el secuestro y posterior remate de los mismos, a fin que el acreedor pueda lograr con su producido, el cobro de su acreencia. La restante excepción es la expropiación que es el acto unilateral de poder de la autoridad expropiante, mediante el cual ésta adquiere la propiedad del bien sujeto a 3 condiciones: declaración de utilidad pública; calificación como tal mediante ley y el pago de una previa indemnización.

2° Por su parte el Código Civil y Comercial define al derecho de dominio o propiedad como el que “otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa” (art. 1941) el cual “es exclusivo y no puede tener más de un titular” (art. 1943) e igualmente excluyente por lo cual “el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos” (art. 1944); en tanto ese dominio de la cosa, “comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios” y “se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible (art.1945)

3° Finalmente, el Código Penal en su art. 181 dispone que será reprimido con prisión de seis meses a tres años: “1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; 3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”

4° Conforme a lo analizado es posible sostener que “la propiedad existe como consecuencia de la sociedad; la sociedad se ha dado cuenta de que el mejor medio de hacer gozar a sus miembros de los bienes comunes a todos, y disputados por todos antes de ser instituida, es conceder una parte a cada uno, o mejor, mantener a cada uno en la parte que ocupaba, garantizándole su disfrute” (Constant) y de allí que la propiedad es anterior a la Constitución y coexiste con la sociedad, de manera que su texto no ha hecho otra cosa que reconocerla y rodearla de las garantías necesarias para proteger a su titular en el ejercicio de ella (Joaquín V. González). Ello ha llevado a que la Corte Suprema de Justicia nacional haya sostenido que el término propiedad, empleado en los arts.14 y 17 de la Constitución nacional, ampara todo el patrimonio, incluyendo derechos reales y personales, bienes materiales e inmateriales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y libertad. De allí que el derecho de usar y disponer de la propiedad implica el de transmitirla o ceder su uso, el de celebrar todos los actos jurídicos con ella relacionados y el de convenir libremente las estipulaciones y cláusulas concernientes a tales actos. De tal manera, todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el mismo Estado, integra el concepto constitucional de propiedad (Fallos 145:327)

5° Aclarado así el concepto y alcance del derecho de propiedad en nuestro orden jurídico, cuesta entender que frente a los reiterados actos no solo de ocupación de tierras sino igualmente los destrozos e incendios de campos y viviendas y ataques a sus ocupantes, la ministra de seguridad Sabina Frederic haya podido afirmar -sin sonrojarse- que “ese no es un tema de inseguridad, es un tema de déficit habitacional”. Quizá este desconcertante concepto en boca de la titular de seguridad obedezca a su falta de expertise en la materia ya que es difícil suponer que su curricula académica como antropóloga haya contenido materias relacionadas con la seguridad. Quien también navegó en ese barco fue el gobernador bonaerense que cual comentarista de la realidad dijo que “tiene que haber una respuesta del Estado” ya que “es innegable que hay una necesidad”, pero sin condenar ni emitir opinión alguna en repudio de los ilegales actos. Y como era de presumir, también se embarcó pero en Primera Clase, Juan Grabois quien pronosticó que la oleada de tomas va a aumentar “porque la gente ya no quiere seguir hacinada con el coronavirus dando vueltas” y que “la gente se banca la economía de guerra pero no la injusticia”. Y casi a punto de zarpar la nave, subió Nicolás del Caño para quien los autores de las tomas “ocupan tierras porque necesitan una vivienda”, tras lo cual se abstuvo de votar, como hace en forma habitual junto a su compañera de bancada Romina Del Pla, lo que lleva a preguntarse para qué fueron electos ambos.

6° Dentro del contenido de nuestra Constitución es dable considerar dos tipos de cláusulas. Las primeras denominadas “operativas” son normas que consagran derechos cuya operatividad y vigencia son inmediatas, sin requerir el posterior dictado de una ley que reglamente su ejercicio. Ello no impide la sanción de leyes reglamentarias, sino que no supedita la entrada en vigencia de los derechos por ellas consagrados a la circunstancia que pueda o no llegarse a legislar en esa materia. Tal lo que ocurre con los derechos a la libertad y a la igualdad, entre otros, que no precisan una ley para poder ejercerlos. Las segundas son las llamadas “programáticas” las cuales por el contrario, se limitan a formular el marco de funcionamiento de un derecho o institución, pero su entrada en vigencia queda subordinada a la existencia de una posterior norma reglamentaria. Así sucede con el juicio por jurados previsto por el artículo 118 de nuestra Constitución, procedimiento que como la misma norma reza, será aplicable “luego que se establezca en la República esta institución”, es decir, hasta que el Congreso sancione la ley al respecto (art. 75 inc. 12 C.N)lo que hasta la fecha no ha acontecido.

Y precisamente, dentro de estas últimas, se inscribe el derecho enunciado en el art. 14 bis que otorga a los habitantes “el acceso a una vivienda digna” lo cual supone que está en manos del Estado promover, organizar y ejecutar todas las políticas necesarias para posibilitar que cualquier persona pueda contar con una vivienda en la que desarrollar su vida familiar, social y laboral, pero que de manera alguna habilita a nadie a procurarse una vivienda ajena. Siendo así, si un habitante carece de vivienda no puede pretender ocupar la propiedad de un semejante, no solo porque como viéramos el texto constitucional y el Código Civil y Comercial consagran la protección de la propiedad privada y el uso, goce y disposición de quien es su titular, sino porque además tal ilegal ocupación constituye un delito penado por al Código Penal, lo cual es válido tanto cuando se quiera ocupar un inmueble particular o del Estado.

A ello se le suma que en la mayoría de los casos de usurpaciones las mismas evidencian una previa planificación y logística por parte de organizaciones sociales y “punteros” políticos, ya que no es dable imaginar que un mismo día y hora, personas que viven en lugares distintos, concurran en simultáneo a ocupar un predio determinado provistos de materiales de construcción, llegándose al extremo de venderse los lotes por internet, y permaneciendo en los terrenos ocupados solo durante el día en tanto por las noches las familias dejan a uno de sus miembros al cuidado y retornan a las viviendas en las que moraban antes de la ocupación. Una muestra de ello es la denuncia que días atrás realizara la gobernadora de Río Negro contra el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) acusando a sus integrantes de favorecer a los grupos que han tomado tierras en Villa Mascardi. Tal es el caso del vicepresidente de dicho ente, Luís Pilquimán, quien hace unas semanas fue interceptado en un control caminero cuando transportaba miembros de la comunidad “Lof Lafken Winkul Mapu” con destino a la toma de tierras de Villa Mascardi; y ahora nuevamente protagonizó un hecho similar conduciendo un vehículo del Poder Judicial el que fue secuestrado por carecer del seguro obligatorio, ocasión en la que reconoció que estaba trasladando a una familia hacia la toma de tierras de Villa Mascardi, la que continuó en otro rodado hacia ese destino.

7° Y el problema se agudiza cuando los propietarios queriendo hacer valer sus derechos se encuentran con que es el propio Estado quien, no solo no ha hecho nada para procurar viviendas a quienes las necesitan sino que ha sancionado una legislación que traba la desocupación.

a) En este sentido, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, mediante Resolución 707/19, ha establecido un engorroso procedimiento para la restitución de un inmueble al propietario que ha logrado una sentencia de desalojo y que incluye el libramiento de oficios a numerosos órganos administrativos; la realización de audiencias; censos; e infinidad de medidas que suponen complicadas constataciones, informes y constancias de múltiples organismos. Basta leer los artículos 1 a 4 del apartado A de dicha Resolución para advertir no solo lo absurdo del procedimiento sino el tiempo que puede llegar a extenderse y que debido a las trabas que todo ello implica torna prácticamente imposible obtener la restitución de un inmueble no obstante haber obtenido una sentencia favorable en sede judicial. Y como si ello no fuera suficiente, el decreto 320/20 ha suspendido hasta el 30 de septiembre de este año la ejecución de las sentencias de desalojos de inmuebles por falta de pago del alquiler convenido en los contratos, los que son prorrogados hasta la misma fecha así como congelados los precios.
Sin embargo, estos dispositivos contemplan la situación de aquellos ocupantes de viviendas que han celebrado contratos de locación con los propietarios en los términos de la ley de alquileres y mediante el pago de un precio, impidiendo su desalojo con motivo de la pandemia del coronavirus; pero que en manera alguna pueden beneficiar a quienes no tienen contrato sino que, por el contrario, han incurrido en un delito ocupando propiedades ajenas.

b)Lo mismo cabe decir en torno a la ley 27.453 de octubre de 2018 que organiza el Registro Nacional de Barrios Populares y dispone la expropiación de todos los terrenos ocupados destinados a esos barrios, suspendido por el término de 4 años -esto es, hasta octubre de 2022- los desalojos de dichos predios; pero como lo señala el art. 4 de la misma ley, sus disposiciones solo se aplican a los bienes relevados a la fecha de entrada en vigencia de la referida normativa, por lo cual tampoco resulta aplicable a las actuales tomas de tierras.

c) finalmente, no debe olvidarse que el art. 231 bis del Código de Procedimientos Penales bonaerense dispone que en los casos de usurpaciones previstos en el art. 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso se puede ordenar la restitución del inmueble al propietario usurpado así como la inmediata restitución de la posesión o tenencia del mismo. Y si bien el art. 231 ter establece que dicha restitución no podrá disponerse cuando se trate de villas o asentamientos incluidos en el registro creado por el art. 28 de la ley 14.449 y por el plazo fijado en el art. 70 de la misma ley, lo cierto es que ese plazo de un año renovado posteriormente ya se encuentra vencido, pero sin que esta normativa -al igual que las 3 anteriormente señaladas- impida el desalojo de inmuebles no comprendidos en dichos planes.

Lo cierto es que las tomas de tierras se han ido multiplicando en los últimos tiempos, fundamentalmente en el área de la provincia de Buenos Aires, en tanto diversos representantes del oficialismo achacan al anterior gobierno la falta de planes de viviendas para paliar la angustiante situación de cientos de familias. Pero estos muchachos tienen mala memoria ya que en los últimos 32 años y a excepción de los últimos 4 (2015-2019) en los restantes 28 la provincia fue gobernada por el peronismo. ¿Se acuerdan? Cafiero; Duhalde; Ruckauf; Solá y Scioli, todos los cuales o hicieron mucho por el hábitat -y el macrismo en 4 años lo destruyó- o no hicieron nada. Saque usted sus conclusiones.