Lectura de Domingo: "Un nombramiento cuestionable" por Carlos Baeza

El Papa Francisco acaba de nombrar a Gustavo Adolfo Béliz como miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales Vaticana, cuya finalidad es promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas desde la óptica de la Doctrina Social de la Iglesia.

 

El funcionario, que se viene desempeñando como secretario de Asuntos Estratégicos del gabinete presidencial, había sufrido en los últimos tiempos dos serios reveses: en primer lugar y no obstante haber sido comisionado junto con la Ministra de Justicia Marcela Losardo para elaborar el plan de reforma judicial, finalmente tal propuesta no fue la considerada en el Senado, y sin que ambos funcionarios tuvieran participación alguna en los debates. Pero por otra parte, el gobierno que había propuesto a Béliz como candidato a la presidencia del BID, desistió del intento ante la anticipada derrota que sufriría en manos del candidato del presidente Trump, Mauricio Claver-Carone quien ya asumió en ese cargo. En estas condiciones, la designación papal de Béliz ha sido interpretada por algunos analistas como una suerte de reparación o “premio consuelo” al golpeado funcionario. Sin embargo, resulta cuestionable la nominación de Béliz a su nuevo cargo habida cuenta de los antecedentes de su trayectoria gubernamental pasada a órdenes del kirchnerismo y que sin perjuicio de lo que pueda realizar en torno a las ciencias sociales y económicas, no cabe decir lo mismo respecto a cuestiones políticas y especialmente jurídicas.

Gustavo Béliz comenzó su gestión como Ministro del Interior de Carlos S. Menem entre 1992 y 1993, actuando a la par como “ghost-writer” del discurso del citado presidente. El año 2000 lo encontró formando una alianza con Domingo Cavallo, en tanto en 2003 integró el Frente para la Victoria, siendo designado por Néstor Kirchner como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y teniendo a su cargo la embestida contra la Corte Suprema de Justicia que lograra algunas renuncias y el inconstitucional desplazamiento del Dr. Moliné O’Connor; adquiriendo notoriedad el 25 de julio de 2004 cuando hizo pública en TV la foto de Antonio Stiuso, entonces jefe de la SIDE, -y originando una causa penal en su contra- por lo cual se le pidiera su renuncia, radicándose en el exterior.

No obstante el maltrato del que fuera objeto por parte del kirchnerismo llegó a expresar lo siguiente para aludir a su gestión como Ministro: “Viví junto a Néstor Kirchner los 15 meses más felices de mi vida. Cuando el 25 de mayo de 2003 me designó ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sentí que todos los sueños por los que había luchado desde mucho tiempo antes, podían hacerse realidad. Cada noche, después de trabajar 15 o 16 horas, llegaba exhausto a mi casa, casi sin ganas de comer, pero con fuerzas para decirle a mi esposa: ‘Todavía no lo puedo creer... Es posible’". Cabe señalar que Béliz no dejó el país por haber sido objeto de amenazas por el caso Stiuso, -como siempre quiso hacer creer- sino que optó por su residencia en el exterior en virtud de haber recibido ofertas de trabajo, cuando el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández le avisara telefónicamente que Néstor Kirchner había privilegiado el vínculo con el espía en desmedro del ministro.

Pero la faceta casi desconocida de Béliz -a quien sus detractores internos llamaban “zapatitos blancos”- fue su desacertada y reprochable actuación como Ministro y que significó un palmario atropello del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, algo que luego el kirchnerismo se encargaría de profundizar con eficiencia. El hecho se originó cuando el juez Raúl Irigoyen pusiera en libertad a una persona detenida por un delito excarcelable; y como aparentemente el mismo individuo aparecería como sospechoso en un homicidio, Béliz encomendó al ex fiscal Norberto Quantín, para que se comunicara con el juez a fin que, reviendo su decisión, ordenara la recaptura, a lo que el nombrado accediera.

El hecho fue de una gravedad institucional sin precedentes: un Ministro, que como tal es un mero colaborador del Ejecutivo, a quien este pone y remueve a voluntad, decidió entrometerse en una causa judicial, cabe suponer que con su asentimiento; y justificó ese proceder al decir que “respetando la tarea de los jueces y la investidura (¿) nosotros vamos a agotar de muy buena manera y con los requisitos legales todas las instancias para que la justicia actúe de un modo como corresponde”. Sería interesante conocer cuáles serían los requisitos legales que de allí en más se utilizarían para lograr ese objetivo. ¿Quizá la “democratización de la justicia”; el manejo discrecional del Consejo de la Magistratura o la persecución y remoción de magistrados y fiscales independientes?

Luego, Quantín, quien después de una larga trayectoria en la justicia no podía ignorar lo ilegal del procedimiento, en lugar de rehusarse a cumplirlo y, llegado el caso, renunciar y dar a conocer públicamente la presión que se pretendía ejercer, lo acató mansamente. Cuesta imaginar la actitud que habría adoptado el mismo si siendo fiscal hubiera recibido una sugerencia de ese tenor. Finalmente, el juez admitió que a través de la llamada de un funcionario político fuera posible dejar sin efecto un fallo por él mismo dictado y al margen de los procedimientos previstos para tales casos y mansamente también aceptó la impropia presión. Y ello fue igualmente justificado por el ex compañero de Cavallo quien, como si fuera un hecho normal, dijo que “el juez tuvo una muy buena actitud; además lo conoce desde hace muchos años al doctor Quantín, que ha trabajado 40 años en la Justicia”. Quizá el doctor Beliz y seguramente el propio juez, olvidaran la enseñanza de Quevedo cuando sostenía que “Mal puede juzgar un juez que tiene a la vista del juicio la autoridad o voluntad de su príncipe como idea de lo que ha de dictar”.

Para rematar tan feliz injerencia el mismo Béliz dejó entrever que esa sería la política de su cartera en adelante, cuando afirmó que “Si ello lleva a que muchos magistrados reflexionen sobre fallos que han dado y vuelvan atrás en los casos que ellos entiendan que el pedido es justificado, enhorabuena”. A buen entendedor pocas palabras: de allí en más ya no se debería perder el tiempo interponiendo recursos engorrosos y agotando tiempos procesales, cuando un pronunciamiento judicial no fuera del agrado del gobierno de turno. En otros términos: simplemente bastaría un llamado de algún funcionario político diciéndole al juez que dejara sin efecto su decisión y adoptara la que se le transmitiera desde el Ejecutivo. ¿Esto habrá ocurrido otras veces? No sé por qué causa este tipo de presiones por parte de quien detenta el Poder Ejecutivo hacia magistrados judiciales me resulta harto conocido en los últimos tiempos.

¿Desconocía el Sumo Pontífice estos antecedentes? ¿Ningún allegado se lo hizo saber? ¿O tenía conocimiento e igual procedió a su designación? En cualquiera de las hipótesis resulta altamente cuestionable que un ex Ministro de Justicia haya reconocido públicamente haber presionado a un juez para que modificara un fallo y hasta lo pretendiera justificar como una política a seguir, celebrando el acatamiento del magistrado. Siendo así, estos antecedentes descalifican éticamente a quien deberá desempeñar un cargo Vaticano relacionado con las ciencias jurídicas.

Lo aquí expuesto no ocurrió en Macondo sino en la Argentina de la anomia, solo que la mayoría no lo quiso ver o miró para otro lado cuando oportunamente lo denunciáramos. Hoy, en un país sin memoria, quien cometiera ese atropello a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial, no sólo volvió a la función pública en el actual gobierno sino que además fue premiado con un importante cargo en el Vaticano. Cabe suponer cuál habría sido el accionar de Béliz en torno a la justicia si no hubiera sido eyectado del gobierno así como cuál sería su plan fallido de reforma judicial que el actual gobierno archivó.

Y si en algo se asemejan los ministros de Justicia del peronismo/kirchnerismo es precisamente por el inveterado desprecio a la independencia del Poder Judicial, ya que además del patético rol de Béliz, no puede soslayarse la actitud de la actual ministro del ramo, Marcela Losardo, quien recientemente y ante la posibilidad que la fallida reforma de la cual era autora junto con Béliz -y que el propio gobierno anuló- pudiera llegar a la Corte, sostuvo que “si llega a haber respuesta a la reforma judicial a través de fallos, sería un disparate, una amenaza”; en tanto, ahora y antes que el Alto Tribunal concediera el recurso del per saltum deducido por 3 jueces que el gobierno quiere sacarse de encima, reiteró su postura republicana y desconociendo algo elemental como lo es el control jurisdiccional de los actos de los otros poderes por parte del Judicial, afirmó que “si la Corte habilita el per saltum y decidiera que los jueces sigan en sus lugares, sería un escándalo” Frente a tamañas declaraciones de una ministro que no solo menoscaban la división de poderes sino igualmente el Estado de Derecho, el oficialismo guardó un piadoso silencio.

Por eso y a pesar del tiempo transcurrido siguen vigentes las palabras de Leandro N. Alem: “Los pueblos que no tienen vigoroso el sentimiento del derecho; que no sienten el dolor de la injusticia; que no se irritan con los vejámenes, están fatalmente condenados”.