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ActualizadoLun, 25 Ene 2021 9pm

Lectura de Domingo: "Un juicio político inviable" por Carlos Baeza

“Nada hay tan común en el mundo como la ignorancia y los charlatanes” Cleóbulo

 

La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, ha presentado un proyecto para promover el juicio político del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia nacional, Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, imputándole la causal de mal desempeño por el contenido de sus fallos en los casos “Muiña” y Batalla”, además de otras supuestas irregularidades e inclusive probables delitos. No debe olvidarse que ya el entonces diputado Cabandié había formulado sin éxito igual pedido así como que el peronismo ha sido el único gobierno que ha destituido a los integrantes del Alto Tribunal en 1947 y bajo la gestión de Néstor Kirchner.

1) Como se dijera, se imputa al presidente de la Corte la causal de mal desempeño por sus votos en las causas “Muiña” y “Batalla”. En el primero de ellos un condenado por delitos de lesa humanidad solicitó se aplicara en su favor el principio procesal del “2x1” y de la ley más benigna, lo que fuera acogido, en fallo dividido por los jueces Dres. Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en tanto sus pares Maqueda y Lorenzetti votaron por el rechazo. Frente a este fallo, el Congreso en maratónica sesión, sancionó la ley 27.156, según la cual los precedentes legales invocados en “Muiña” ya no resultarían aplicables a los delitos de lesa humanidad. De allí, que cuando la Corte debió tratar un caso similar en la causa “Batalla”, mientras los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz mantuvieran sus votos, los dres. Highton de Nolasco y Rosatti variaron su postura basados en la nueva ley. Siendo así y cualquiera sea la opinión que se tenga del voto de Rosenkrantz en ambos fallos, lo cierto es que nunca puede considerarse que los fundamentos de un voto de un magistrado puedan ser considerados como causal de mal desempeño a los fines del juicio político; y menos aún que la imputación solo se dirija contra uno de los 3 firmantes del caso “Muiña” pero no de los dos restantes.

2) Ya Alfredo Palacios, en ocasión del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló, en 1947, que: "...así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por opiniones que emita en desempeño de su mandato; ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de separación de poderes". En igual sintonía ha dicho Bidart Campos que: "El mal desempeño no se puede fundar en las decisiones judiciales de las que ha sido autor el juez a quien se trata de imputarle no haberse desempeñado bien. Quiere decir que sus sentencias, comprensivas de toda clase de pronunciamientos emitidos en un proceso judicial, no pueden, ni aisladamente ni en conjunto, tipificar el mal desempeño, ni acaso, aunque la causa judicial haya merecido llegar a la Corte y la sentencia se haya descalificado por arbitrariedad”. Por su parte Sánchez Viamonte afirma que en el juicio político “se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, pero no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley”

3) Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de la Corte el principio que veda el enjuiciamiento y eventual destitución de los magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, “pues de lo contrario, el Congreso de la Nación se erigiría en tribunal de última instancia y árbitro final de las controversias judiciales, lo que importaría una inadmisible injerencia en la órbita del Poder Judicial de la Nación, que excede las facultades y competencias propias del órgano legislativo en detrimento del principio republicano de la división de poderes, a la par que representaría una afectación de la independencia de los jueces, que para fundar sus decisiones deberían estar más atentos a satisfacer el paladar de los poderes políticos que a consagrar la supremacía de la Constitución Nacional”. Y de allí que “el control de la opinión de los jueces expresada en sus sentencias, lesiona irreparablemente la imparcial administración de justicia y, con ella, la división de poderes, ya que el criterio de los magistrados se verá ineludiblemente sustituido por el de los órganos políticos a quienes compete su juzgamiento” (Fallos 327:2071) Y en igual sintonía se ha dicho que “no podrá lograrse una administración imparcial de justicia si los jueces carecen de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento y si corren el riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias pudieran ser objetables” (Fallos: 274:415)

4) Y no deja de llamar la atención que ya desde antiguo sea la propia Cámara de Diputados nacional la que haya seguido esta doctrina al reconocer que no le corresponde interferir en la órbita del Poder Judicial, aprobando o desaprobando sus sentencias (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1899, págs. 828/829; dictamen de la Comisión de Juicio Político de rechazo in limine en los expedientes acumulados 3531-D-92, 3745-D- 92 y 158-P-92). El miso órgano ha sostenido que "no corresponde que el Parlamento interfiera en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, y ésa ha sido la doctrina que tradicionalmente ha seguido el Congreso...Sostener que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de súper tribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado...Desaparecería así el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento; no sólo por la enorme presión que significa en el ánimo del juez pensar en alzarse frente a la ley dictada por el órgano que tiene en sus manos removerlo, sino porque el Congreso podría destituirlo de inmediato, conservando como jueces sólo a aquellos que no declararan la inconstitucionalidad de sus leyes" (Labor Legislativa -Comisión de Juicio Político- año 1998, pág. 711 y siguientes) Y en un nuevo pronunciamiento en la misma línea argumental la Cámara de Diputados sostuvo que “… la resolución judicial que dictaren los magistrados, en los procesos sometidos a su conocimiento, no puede ser invocada por el interesado para fundar un pedido de juicio político. Ningún juez puede ser enjuiciado a causa de decisiones equivocadas, el error, por sí solo, no es causal de enjuiciamiento… Muy por el contrario, se trata de un excepcional mecanismo de control de la conducta de los magistrados, no del mérito de las decisiones u opiniones que ellos adopten”. (Orden del Día N° 2146 del 29 de junio de 1999 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación).

5) La ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura de la Nación, en su texto ordenado (artículo 14, último párrafo) dispone lo siguiente: "Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias"; en tanto que el propio jurado de enjuiciamiento del juez Bustos Fierro sostuvo que “La independencia de los jueces”, abarca “la independencia de criterio del magistrado con la finalidad de asegurar la garantía de la inamovilidad en las funciones mientras dure la buena conducta”. Esa garantía, señalan, sería afectada “si los jueces estuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser objetables”.

6) Estos precedentes son igualmente sostenidos en el ámbito internacional y de allí que la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU tiene dicho que "Es un principio general de fundamental importancia de toda administración de justicia que un funcionario judicial, cuando ejerce las facultades que le han sido conferidas, tenga libertad para actuar de acuerdo con sus propias convicciones, sin miedo a sufrir consecuencias personales" ("Bradley v. Fischer", 80 U.S. 13 Wall. 335-1871. Por su parte, la "American Bar Association", en el informe redactado el 4 de julio de 1997, formuló "Recomendaciones" relativas a "problemas relacionados con la independencia de los jueces" señalando que: "El desacuerdo con una decisión determinada de un juez no es una base apropiada para iniciar el procedimiento de acusación. Los funcionarios públicos deberán abstenerse de amenazar con la iniciación del procedimiento de acusación basado en sus percepciones de la interpretación -efectuada por el magistrado- acertada o equivocada de la ley, en una resolución determinada". En el informe se destaca que “en doscientos años, ningún juez fue removido en base a sus decisiones. Advierte también que el juez está resguardado por esa necesaria independencia, para poder resistir un intento de remoción por un fallo que no conforme a los legisladores”. En la misma dirección se han pronunciado el Estatuto Universal del Juez, dictado por la Unión Internacional de Magistrados, y el Estatuto del Juez Iberoamericano, sancionado por la Cumbre Iberoamericana reunida en Santa Cruz de Tenerife (España), en 2001.-Y como muestra del consenso internacional que existe en materia de remoción por el contenido de las sentencias, el art. 70, párrafo 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.-

Según su CV, Siley, además de diputada, es Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales; abogada y actual integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados reemplazando a Eduardo De Pedro. De allí que su pedido de juicio político desnuda su supina ignorancia en torno a los antecedentes glosados que tanto por su título académico como igualmente por integrar no solo la Cámara de Diputados sino igualmente el Consejo de la Magistratura, no podía ignorar. Se trata, simplemente, de un caso más de apriete al Poder Judicial sabiendo de antemano que, de todas formas, el oficialismo no contará con las mayorías exigidas por los arts. 53 y 59 de la C.N para la procedencia del juicio político. Justamente, un típico caso de lowfare del que los kirchneristas siempre se sintieron víctimas.

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