Lectura de Domingo: "La libertad de expresión y el Nodio" por Carlos Baeza

“En una república digna de tal nombre, la libertad de publicar los propios pensamientos es el derecho natural del ciudadano” Voltaire

 

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en el art. 19 dispuso la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a cuyo frente se designó a la periodista Miriam Lewin, estableciéndose en nueve incisos las diversas funciones asignadas a dicho organismo, y aclarando que el mismo se expresaría “a través de recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales en las que se les ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto se aparten de él, en los casos ocurrentes”. Sin embargo, la titular del citado órgano y sin estar facultada legalmente para ello, dispuso la creación del “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales” (NODIO) cuya finalidad será trabajar “en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”; sumándose así al ciberpatrullaje revelado por la antropóloga que funge como Ministra de Seguridad.

1° Desde su aparición en la vida política el kirchnerismo siempre tuvo en la mira dos enemigos a combatir: el Poder Judicial y los medios de comunicación. Ya en épocas de los dos primeros gobiernos de Perón, Raúl Apold desde la secretaría del ramo, llevó a cabo una agenda de persecuciones, censuras y clausuras contra los medios, y que luego -en forma más sofisticada- fuera replicada desde el kirchnerismo, aunque no siempre con éxito. Así todos recordamos al “Coqui” Capitanich quien como jefe de gabinete, diariamente brindaba, casi al alba, soporíferas conferencias para el personal del canal; y así fue que en una de ellas rompió en cámara dos notas del diario “Clarín” por considerar que las mismas solo reflejaban “mentiras” y eran “basura”, no obstante que luego ambas fueran confirmadas. Después vino la abortada reforma a la ley de medios, enmarcada en la arenga del patotero Moreno de “Clarín miente” y los escraches públicos a numerosos periodistas, sin olvidar -claro está- que durante la gestión del kirchnerismo se designó a Ricardo Forster como Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y por ende -como afirma Hayek- “En cualquier sociedad, la libertad de pensamiento sólo tendrá, probablemente, significación directa para una pequeña minoría. Pero esto no supone que alguien esté calificado o deba tener poder para elegir a quiénes se les reserva esa libertad. Ello no justifica ciertamente a ningún grupo de personas para pretender el derecho de determinar lo que la gente debe pensar o creer”. Es que el mismo autor afirma que “Todo el aparato para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones” (“Camino de servidumbre”). Y así llegamos nuestros días con la creación un organismo de censura previa y restricción de la libertad de expresión como lo es el NODIO. Y una muestra cabal de lo que se viene explicando, fue la intervención que le cupo al senador Parrilli en el reciente debate en torno a la legalidad de este órgano. El siempre servicial mayordomo de la vicepresidente, calificado por ella misma como un (“continuación del cuero cabelludo formada por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo” + “todo” en portugués) le solicitó a Lewin que “se investigue sobre la difamación deliberada y mal intencionada que los medios de comunicación ejercen sobre los dirigentes políticos”.

2° El art. 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” lo que supone que tal exteriorización por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación, puesto que como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia “ para resguardo de la propia libertad de prensa, y aun corriendo el peligro de su posible abuso, la Constitución ha proscripto el recurso a la censura previa” (Fallos 270:289) Por tanto y si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo, la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura reviste carácter absoluto, en el sentido que los tribunales no pueden intervenir prohibitivamente en forma anticipada. Pero ello no impide que si mediante la prensa se llega a cometer un ilícito, su autor pueda ser sometido a las leyes, procedimientos y penalidades previstas para tales supuestos, sin poder alegar el derecho otorgado por la norma en examen, ya que este, al igual que todos los demás, no reviste carácter absoluto y se encuentra sometido a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts.14 y 28 de la Constitución). Por eso la libertad de imprenta no significa que todo individuo tenga el derecho absoluto de decir, de escribir o imprimir lo que se le antoje, sin ninguna responsabilidad pública o privada pues como igualmente lo sostuviera la misma Corte si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidad por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de prensa, para quienes la utilizan como un medio para cometer delitos comunes, o que se proponen violentar el derecho constitucional respecto de las instituciones de la República, o alterar el bienestar general, o la paz y seguridad del país o afectar las declaraciones, derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación (Fallos 308:789 y 293:560) Por ello y si bien el legislador debe intervenir para prevenir y reprimir todo atentado a los derechos y libertades de los demás cometido a través de la prensa, tal intervención sólo puede serlo por vía de represión o reparación una vez efectuada la publicación, pero no por vía preventiva, esto es, mediante censura previa, y siempre a través del Poder Judicial. Finalmente tampoco puede ignorarse la disposición del art. 32 de la C.N según el cual “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

3° Cabe recordar asimismo que la reforma constitucional de 1994 incluyó en el art. 75 inc. 22 una serie de pactos y tratados internacionales los cuales integran el plexo constitucional y tienen jerarquía superior a las leyes (art. 31 C.N) En ese sentido el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica establece en su art. 13.3 que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Merece igualmente señalarse que el art. 6° de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”

4° Como se advierte son varias las objeciones a la creación del NODIO y que no podrían superar un test de constitucionalidad. En primer término, la ley 26.522 que regula los servicios de comunicación audiovisual no contempla las plataformas digitales por lo cual mal podría delegar en otro órgano (NODIO) facultades de las que carece. Además, y si tal delegación hubiera sido expresamente consagrada por la citada normativa, excedería de todas formas los objetivos y atribuciones conferidas a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que de manera alguna se encuentra habilitada para, a su vez, crear un órgano (NODIO)y atribuirle facultades que se encuentran en abierta violación de los arts. 14 y 32 de la C.N, así como de los tratados internacionales ya citados y que tienen superior jerarquía constitucional a la ley 26.522 y -ni que decir- a la resolución creando el NODIO, puesto que si ni siquiera el Congreso puede emitir leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

Por todo lo expuesto, entendemos que la normativa creando el NODIO debe ser dejada sin efecto a fin de preservar el derecho constitucional a la libertad de expresión, la cual no puede ser nunca materia de censura previa sino que, y en la hipótesis en que a través de ella y una vez hecha pública se incurra en delito, su juzgamiento compete exclusivamente a los órganos judiciales.