Mar01262021

ActualizadoLun, 25 Ene 2021 9pm

Lectura de Domingo: "En la justicia no hay empate" por Carlos Baeza

“Mal puede juzgar un juez que tiene a la vista del juicio la autoridad o voluntad de su príncipe como idea de lo que ha de dictar” Quevedo

 

Los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los amparos interpuestos por los magistrados Bruglia y Bertuzzi -en forma conjunta- y Castelli –por separado- tendientes a ser restituidos en los cargos que venían desempeñando, han sorprendido por sus alcances que no solo contradijeran en forma flagrante la doctrina que el mismo Alto Tribunal ya sostuviera en esta materia, sino que han dejado la sensación de ser un empate para satisfacer tanto a los jueces removidos como a los órganos del oficialismo que provocaran esas remociones.

Pero en materia judicial, a diferencia del fútbol, los pronunciamientos de los magistrados nunca pueden concluir con un empate sino que a una de las partes del litigio le asiste la razón y a la restante no.

Como se recordará los 3 jueces impugnados habían sido trasladados con la conformidad del Consejo de la Magistratura en base al Reglamento n° 155/00 sobre este tema y mediante sendos decretos de nombramiento del Poder Ejecutivo, todo ello en el año 2018, señalando que en el caso de Bertuzzi ya había obtenido un anterior traslado en 2010. También en 2018 la Corte mediante Acordadas 4/18 y 7/18 había distinguido entre el caso de un juez del ámbito nacional que pretendía ser trasladado al fuero federal exigiéndose un nuevo acuerdo del Senado, del de un juez federal que solicitaba traslado dentro del mismo fuero, caso en el cual no se requería dicho acuerdo, dado que el traslado de “magistrados federales es para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo”.

Sin embargo, a posteriori, el Consejo de la Magistratura modificó dicho reglamento mediante Resolución 270/19, exigiendo en algunos supuestos de traslados un nuevo acuerdo del Senado para, finalmente, mediante Resolución 183/20 disponer que los tres jueces mencionados al ser trasladados no habían completado el proceso constitucional de designación, restando el nuevo acuerdo del Senado, por lo que decidió elevar los pliegos de esos magistrados al Poder Ejecutivo, quien a su vez los remitió al Senado el cual, ante la no comparecencia de aquellos, decidió desplazarlos de sus cargos y retornarlos a los puestos que ocuparan antes de los traslados lo que efectivizara el Poder Ejecutivo y que motivara la presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

Ahora la Corte a través de un contradictorio voto mayoritario hace hincapié en cuestiones que no fueran materia de debate, como ser la forma de designación de los jueces mediante la intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, como lo dispone el art. 99 inc. 4 C.N, o el distingo entre el procedimiento de subrogación del de traslado de jueces. Pero pretende invalidar lo resuelto en las Acordadas 4/2018 y 7/2018 al sostener que si bien se resolvió que los traslados de jueces federales dentro de la misma jurisdicción no requerían un nuevo acuerdo del Senado, ello debía entenderse en el sentido que tales traslados no lo eran en forma permanente sino provisoria y por ende debían cesar cuando se designaran nuevos magistrados cumpliendo todas las exigencias constitucionales.

Ante todo debe recordarse que la misma Corte antes de la creación del Consejo de la Magistratura (1994) y cuando solo se exigía para la designación de magistrados el acuerdo del Senado y el decreto del P.E, ya había decidido que resultaban válidos los traslados por un decreto del Poder Ejecutivo y sin un nuevo acuerdo senatorial para el magistrado trasladado, pues ello no importaba el desconocimiento de ninguna de las facultades sustanciales que cupiese reconocer al Senado de la Nación con base en la Constitución Nacional. Es que una interpretación contraria llevaría a vulnerar el principio de inamovilidad de los jueces el cual, junto a la irreductibilidad de sus sueldos (art. 110 C.N), es la garantía de su independencia en el cargo la que solo puede perderse en caso de mala conducta y a través de los mecanismos constitucionales de remoción.

Siendo así y como igualmente lo resolviera el Alto Tribunal los jueces están entonces amparados por la garantía analizada tanto si se encuentran ocupando el cargo para el que fueron originariamente nombrados como si se desempeñan en un nuevo cargo al que fueron trasladados. La garantía de inamovilidad ha sido concebida por esta Corte con la amplitud necesaria para proteger a todos los magistrados designados de acuerdo con las normas vigentes al tiempo del traslado; doctrina que se reiterara en los casos “Grau” y “Ventura Estévez”, cuando se concluyó en que el traslado de un magistrado no produce su cesación como juez si fue investido conforme al régimen constitucional vigente y con la inamovilidad que le confiere el mismo texto

Como se advierte, entonces, el Consejo de la Magistratura que conforme al Reglamento de traslados vigente en 2018 había prestado conformidad para el desplazamiento de los tres jueces impugnados los que igualmente obtuvieran el decreto del P.E. confiriéndoles el nuevo cargo, no podía a posteriori y en forma retroactiva, pretender aplicar un nuevo reglamento que ahora exigía además otro acuerdo del Senado y en su consecuencia revocar las designaciones ya producidas, con flagrante violación de la garantía de inamovilidad de los jueces consagrada en el art. 110 de la C.N; revocaciones que, por otra parte, solo podían ser dispuestas por el Poder Judicial conforme a las facultades que el mismo texto le asigna en el art. 116, pues de lo contrario, la citada garantía pasaba a quedar en forma arbitraria y discrecional en manos del Senado y del Poder Ejecutivo.

El fallo, contradiciendo su propia doctrina, ha pretendido dar a las Acordadas 4/18 y 7/18 un alcance distinto al que surge de las mismas. En efecto: en la Acordada 4/18 lo único que se resolvió fue que un juez nacional no podía ser trasladado a la justicia federal sin mediar un nuevo acuerdo del Senado, y por tanto, la misma no resulta aplicable al de los 3 jueces cuestionados. Es que precisamente la Acordada 7/18 decidió con claridad meridiana que tanto un juez nacional que fuera trasladado a otro cargo nacional, o un juez federal que fuera trasladado a otro tribunal del mismo fuero, no requerían un nuevo acuerdo del Senado, siendo este último supuesto el de los 3 jueces ya mencionados. Y esta misma explicación revela igualmente la arbitrariedad tanto del Consejo de la Magistratura que a través de la Resolución 183/20 decidió revisar el traslado ya consumado de los referidos magistrados, como del Poder Ejecutivo que los retrotrajo a sus cargos originarios.

Pero el centro del debate estriba en la argumentación en el sentido que si bien los traslados de los magistrados dentro del mismo fuero no requerían nuevo acuerdo del Senado, los mismos deben entenderse realizados en forma provisoria y hasta tanto se realicen los concursos para cubrir esos cargos mediante el procedimiento constitucional. En primer término, ello no resulta ni explícita ni implícitamente de la Acordada 7/18. Pero además no es posible asimilar los casos de traslados de magistrados, con los de nombramientos en comisión y subrogaciones. Respecto a los nombramientos en comisión regulados por el art. 99 inc. 19 C.N son los que puede realizar el Poder Ejecutivo por sí solo cuando el Senado está en receso, los que expirarán al concluir el siguiente periodo ordinario de sesiones si antes no fueran confirmados; lo cual revela su carácter provisorio.

En cuanto a los casos de subrogación, la ley 27.439 igualmente les confiere un carácter transitorio hasta la asunción de su titular, lo que explica que se deba llamar a concurso para cubrir esa vacante. Pero en los supuestos de traslados los mismos están regidos por la Resolución 155/00 del Consejo de la Magistratura la que les atribuye carácter definitivo y es precisamente por esa causa que en tales casos la normativa dispone el llamado a concurso para cubrir la vacante que deja el juez trasladado, lo cual no sería posible si solamente el traslado fuera transitorio y a posteriori ese juez debiera volver a su anterior cargo.

Y que ello es así lo demuestra la propia Acordada 7/18 cuando al tratar el caso de un juez nacional trasladado a otro órgano de igual jurisdicción nacional, sostuvo que “en tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional. Idéntico criterio corresponde aplicar con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento del magistrado respectivo”.

En palabras de la propia Corte: en ambos casos no se requiere nuevo acuerdo del Senado y tales traslados son definitivos, toda vez que, a continuación el Alto Tribunal afirma que “los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”. En síntesis: los traslados ya señalados -de juez nacional a otro cargo nacional, o de juez federal a otro cargo federal que no requieren nuevo acuerdo del Senado- son definitivos, en tanto que los que así no fueren -juez nacional a cargo federal o juez federal a cargo nacional- son transitorios y deben concluir al designarse al nuevo titular conforme al procedimiento de designación regulado por el texto constitucional.

Tal como se advierte del análisis precedente y más allá de las consideraciones obiter dictum desarrolladas a lo largo de 134 fojas (fallo de Bruglia y Bertuzzi; en el de Castelli son solo 22 fojas ya que en lo sustancial remite al anterior) lo único en debate, una vez admitido que cuando un juez federal es trasladado a otro cargo federal no requiere un nuevo acuerdo del Senado, es como lo admite la propia Corte, que dicho traslado no es definitivo sino transitorio; y este argumento se ve contradicho por la propia doctrina del Alto Tribunal como se ha demostrado precedentemente en forma clara y fundada. En el Estado de Derecho la independencia del Poder Judicial es uno de sus pilares como igualmente lo es el acatamiento que sus fallos deben tener por parte de gobernantes y gobernados, a la vez que los que provienen de la Corte Suprema de Justicia son definitivos en el sentido que contra ellos no cabe recurso alguno.

Sin embargo, también el mismo Estado de Derecho conlleva la posibilidad de criticar un pronunciamiento del Alto Tribunal cuando, con fundamentos jurídicos y emanados del mismo órgano, se advierte la existencia de palmarias contradicciones que no encuentran justificación a menos que se pretenda satisfacer a los magistrados recurrentes (pueden permanecer en sus cargos) y al mismo tiempo a los órganos estatales que provocaran inconstitucionalmente sus desplazamientos, como lo son el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo (pero permanecerán solo hasta que se realicen concursos para cubrir esos cargos, los que, con una celeridad desconocida ya se han abierto); propósito que resulta inviable pues como anticipáramos, en la justicia -a diferencia del fútbol- no hay empate.

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