Vie12142018

ActualizadoVie, 14 Dic 2018 4pm

La Cámara Federal de Bahía Blanca decretó nulas las declaraciones de supuestas víctimas de trata

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la decisión de la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón y decretó la nulidad de las declaraciones de 11 santiagueños víctimas de trata y explotación laboral en un campo bonaerense. Afirman que habrían sido manipulados por defensores.

El tribunal de alzada coincidió parcialmente con el fiscal Alejandro Cantaro y el fiscal ad hoc José Nebbia en que las personas rescatadas de la estancia "La Emilia" -ubicada a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.

Los trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañados, trasladados y explotados laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

Con posterioridad, las víctimas fueron citadas para declarar en Santiago del Estero ante la Defensoría. Según las actas, cambiaron el relato y los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado durante el procedimiento. Entonces, la defensa presentó esas supuestas ampliaciones para intentar mejorar la situación procesal de los acusados.

Ante esto, la Fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal ad hoc de Bahía Blanca, José Nebbia.

El caso

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.

A partir del relevamiento efectuado por el Renatea y la Afip-Bahía Blanca, se identificó dueño del campo quien, mediante un intermediario y a través de falsas promesas laborales habría engañado y trasladado a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nailon. No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene. La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estado. Según su propio relato, las víctimas realizaban jornadas de, aproximadamente, diez horas y debían trabajar sin ningún elemento de protección para las manos, mediante una técnica que los dejaba exhaustos y doloridos. (El Liberal)

 

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