Mié02242021

ActualizadoMié, 24 Feb 2021 4pm

Pedirían abrir una causa penal en Bahía Blanca, por facturas truchas que implican a Lázaro Báez

En la justicia de Bahía Blanca. Es porque la AFIP aún no entregó al fiscal bahiense el informe con todos los casos.

 

El fiscal federal Antonio Castaño evalúa solicitar al juez Santiago Martínez que abra una investigación sobre la utilización de facturas apócrifas por parte de empresas de Bahía Blanca, si la Administración Federal de Ingresos Públicos no responde antes el oficio enviado la semana pasada.

Por esa vía, Castaño, a cargo de la fiscalía 1, requirió del titular de la regional bahiense del organismo recaudador, todas las actuaciones relacionadas con esa operatoria, admitida en conferencia de prensa por el administrador Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray.

Al día siguiente del informe del funcionario, AFIP publicó en su sitio web dos listados, uno con las empresas generadoras de las facturas (llamadas usinas) y otro con las que las utilizaron (denominadas usuarias).

Allí figuran unas 40 firmas bahienses, entre ellas las 6 creadas por Juan Suris, procesado por narcotráfico y asociación ilícita tributaria y otras con vínculos comerciales con el grupo de Lázaro Báez.

Como única respuesta a su pedido, Castaño obtuvo del jefe de AFIP en Bahía Blanca que como los expedientes no habían sido aún judicializados, estaría violando el secreto fiscal si le aportara la información requerida. Por eso, remitió la solicitud al área de Legales del organismo.

Si la demora persiste, la apertura de una causa en el juzgado federal bahiense, obligaría a AFIP a remitir toda la información requerida sin más trámite. En la fiscalía bahiense, que investiga a Suris desde hace más de dos años, no tienen antecedentes sobre otras empresas bahienses comprometidas en las maniobras con facturas apócrifas, tanto como usinas como usuarias.

"Chequeamos las causas abiertas sobre el tema y no aparece ninguna, de ahí el pedido a la AFIP sobre el estadío actual de los expedientes" explicó a Clarín el fiscal general Alejandro Cantaro.

"Queremos saber qué grado de avance tienen y si alguno ha derivado en denuncias judiciales por algún delito económico" explicó. No obstante aclaró que el camino judicial puede no ser el final inevitable de las actuaciones.

"Pudiera ocurrir que el resultado de una fiscalización de AFIP termine con un ajuste, es decir, que las empresas paguen y no pasaría de ser un reclamo patrimonial sin importar delito tributario alguno" explicó.

"En un caso u otro, igualmente nos interesa conocer el resultado" remarcó el fiscal. La fiscalización sobre esas empresas comenzó en Bahía Blanca, pero fue derivada a Mar del Plata, cuando la regional bahiense, por orden de Echegaray, fue rebajada a la categoría de agencia, en agosto de 2012.

Según el gremio de la AFIP, en ese período y hasta noviembre de 2013 cuando se repuso la regional, el personal a cargo de las pesquisas fue desplazado y trabajó sin cargo fijo.En sendas publicaciones, los diarios La Nación y Perfil denunciaron que Báez habría enviado a un contador de sus empresas a acordar con AFIP los términos de un acuerdo que habría involucrado varios millones de pesos.

En su explicación pública sobre la operatoria, Echegaray admitió que el grupo del empresario patagónico está siendo investigado por el presunto delito de evasión fiscal, a través del uso de facturas apócrifas. (Clarin)

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