El pasado 3 de junio se realizó un acto con la presencia estelar del presidente y la vicepresidente de la Nación, a raíz de conmemorarse el centenario de la creación de la empresa estatal YPF la que tuvo lugar en el año 1922 por parte del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Y es interesante recordar la génesis del ulterior proceso que sufriera la empresa estatal a partir de los gobiernos peronistas.
1° La empresa petrolera que siempre había sido estatal, sufrió el embate privatista durante el gobierno de Carlos S. Menem quien para lograr ese objetivo precisaba contar con el apoyo de las entonces 8 provincias productoras de petróleo; y Santa Cruz brindó el suyo a cambio de 654 millones de dólares por regalías que Néstor Kirchner depositó fuera del país y que hasta la fecha nunca se supo de ellos ni de sus intereses ni fueron repatriados por los sucesivos gobernantes de dicha provincia. Así fue como logrado el apoyo de los citados estados locales, el Congreso en 1992 sancionó la ley 24.195 mediante la cual se lograría la privatización de la hasta entonces empresa estatal, hecho que cínicamente el actual gobierno pretende demonizar. Cabe recordar -a quienes son flojos de memoria- que tanto CFK como su esposo formaban parte del gobierno menemista, al que apoyaban con inusitado fervor, a punto tal de considerar a su titular como “el mejor presidente que había tenido el país”, según lo afirmara sin rubor alguno Néstor Kirchner. Pero en el caso concreto de Y.P.F la adhesión a la política de privatización fue más allá de un simple apoyo y se transformó en una cuestión de Estado para el matrimonio Kirchner.
2° En efecto: la actual vicepresidente del país, pocos días antes de sancionarse la norma que disponía tal privatización, y en su calidad de diputada provincial requería a la Legislatura de Santa Cruz que se exigiera a los diputados nacionales de esa provincia que votaran a favor de dicha ley, manifestando que “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación…vienen obstruyendo la posibilidad de que… (dicha ley) tenga su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita”. No obstante la flagrante violación de los fueros parlamentarios que tal solicitud conllevaba, la misma diputada reconocía que esa exigencia debía hacerse “sin perjuicio del respeto que la investidura y la propia función que nuestros diputados nacionales ejercen, pero con la firmeza que la situación exige”. Mucho respeto de la “investidura” de los legisladores, creo, que no se advertía.
3° Por su parte Néstor Kirchner afirmaba que “Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de la soberanía, para los santacruceños no lo es, porque esos millones de dólares que ingresarán, van a evitar, precisamente, la despoblación y el éxodo de los pobladores de Santa Cruz y creo que no hay nada más soberano que conseguir inversiones, aparte, quienes conocemos la historia de YPF, sabemos que era una empresa manejada por 15 o 20 gerentes dirigidos desde la propia YPF”; agregando que “Es una reivindicación histórica que nos permitirá cobrar 500 millones de dólares en regalías que le debe la Nación a la provincia. Esto le va a permitir a Santa Cruz, paulatinamente, profundizar el ordenamiento del Estado, lograr la reconversión económica y generar las bases de una economía de producción que nos permita salir de la marginalidad en que nos ha tenido por tantos años el poder central” Son obvias las 654 millones de razones por las cuales Néstor Kirchner abogaba por la aprobación de esa ley.
4° Así fue que, con media sanción del Senado, el proyecto fue tratado por Diputados entre el 23 y el 24 de septiembre de 1992, con la orden terminante a la bancada oficialista en el sentido que el mismo se aprobara a libro cerrado, sin modificaciones; y frente al reclamo de los legisladores de la oposición, el miembro informante Oscar Parrilli, a quien su jefa bautizara cariñosamente como (la continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo + “todo” en portugués) dijo: “Pedimos disculpas y comprensión a todos los señores diputados que nos han acompañado en esta sesión, por la urgencia que nuestro bloque tiene en la aprobación de esta iniciativa, porque hay plazos establecidos para llevar adelante la privatización, y la circunstancia de introducirle modificaciones nos exigiría que vuelva al Senado, lo que frente a la finalización del período ordinario de sesiones, nos impediría sancionar este proyecto de ley”. Aparentemente, el bueno de Parrilli no conocía la existencia de las sesiones de prórroga y las extraordinarias. Y el mismo legislador, al fundar el proyecto de privatización sostenía que se trataba de un “importante proyecto de ley de transformación del Estado nacional. Hemos dado a la Argentina, a todos nuestros compatriotas, el ejemplo de que el Parlamento funciona” y agregó: “Por ello debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo”; no sin antes afirmar que dicha ley “servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”. Con 120 votos por la afirmativa y 10 en contra quedó sancionada la norma que posibilitó privatizar YPF. ¿Quiénes apoyaron el proyecto? El citado Parrilli, José Luis Gioja; Eduardo Fellner; Jorge Argüello; Jorge Yoma; Carlos Alberto Romero; Eduardo Camaño; Felipe Solá; Eduardo Amadeo; Alberto Balestrini y Carlos Soria, entre otros.
5° Merced a la privatización, la española Repsol contaba ya en 1999 con el 85,01% de las acciones adquiridas por U$S 13.439 millones; en tanto en 2007 Néstor Kirchner logró que su amigo Eduardo Eskenazi a través del Grupo Petersen adquiriera el 14,9% de las acciones para posteriormente obtener en 2011 un 10,1% más, pero -y aquí lo curioso de las operaciones- sin que los compradores depositaran suma alguna sino que fueron habilitados a pagar con los dividendos que irían obteniendo de la propia empresa. De tal forma el capital accionario de YPF se distribuyó en un 57,43% para Repsol; un 25,46 para Eskenazi; y un 17,09% para otros inversores extranjeros, en tanto el Estado conservaba el 0,02%. Fue entonces cuando el gobierno mediante ley 26.741 de 2012 decidió expropiar las acciones en poder de Repsol a quien solo le quedaría una participación del 6,4%, en tanto las acciones así recuperadas pasarían a distribuirse entre el Estado Nacional (el 51%) y las 10 provincias con yacimientos petroleros (el 49%) La ley obtuvo sanción en la Cámara de Diputados con 208 votos a favor y 32 en contra. ¿Quiénes lo hicieron a favor? Diana Conti; Carlos Heller; Andrés Larroque; Facundo Moyano; Mayra Mendoza; Agustín Rossi; Felipe Solá; Victoria Donda; Héctor Recalde y Omar Perotti. Pero también lo hicieron legisladores de la oposición como Ricardo Gil Lavedra; Ricardo Alfonsín; Mario Negri; Gerardo Milman; Miguel Bazze; Ricardo Buryaile y Julio Martínez, entre otros.
6° La medida fue adoptada en forma inconstitucional toda vez que sin estar sancionada la norma respectiva, se procedió a desalojar por la fuerza la sede empresaria, echando violentamente a sus antiguos directivos, cortando todas las vías de comunicación, incautando la documentación allí existente y colocando como interventores a De Vido y Kicilloff. Ello por cuanto para poder expropiar, la Constitución Nacional en su art. 17 exige una ley que declare la utilidad pública así como una previa indemnización, nada de lo cual se respetara. ¡Total, en el país de la anomia qué importa un mandato constitucional…! En consecuencia, Repsol inició un proceso de arbitraje ante el CIADI reclamando los perjuicios sufridos por la arbitraria medida, generado la bravuconada de Kicilloff quien sostuvo que el gobierno nada pagaría y, que además iniciaría un reclamo por el daño ambiental. Nada de ello pasó sino que -por el contrario- la acción promovida ante el CIADI devino abstracta ya que el Estado argentino y Repsol arribaron a un acuerdo consistente en abonarle a este última empresa en concepto de indemnización y daños la suma de U$S 5.000 millones. En tanto, en los tribunales de Nueva York tramita el juicio por daños y perjuicios iniciado por el fondo Eton Park y Burford Capital que fue quien adquiriera los derechos del grupo Eskenazi contra el Estado nacional e YPY y que significaría un desembolso nunca inferior a U$S 5.200 millones; sin que tampoco pueda olvidarse que el oficialismo siendo todavía gobierno y como buenos pagadores seriales nunca cuestionaron que fondos buitre participaran en empresas nacionales. Así, “Black Rock” adquirió dos millones de acciones de YPF por la suma de 740 millones de pesos; en tanto que otro fondo buitre como “Third Point” invirtió 2,65 millones de acciones en la misma empresa, mientras que el más odiado fondo buitre como lo es “NML” de Paul Singer junto con “EM” de Kenneth Dart fueron dueños del 7% de las acciones del Banco Hipotecario, sin contar que el fondo buitre presidido por George Soros adquirió por 450 millones más del 3° de YPF.
7° La expropiación y consecuente nacionalización de YPF, además de haberse realizado en forma inconstitucional generando así las acciones judiciales ya referidas y con el inmenso costo que la economía argentina difícilmente pueda soportar, generó igualmente algunos interrogantes aún sin respuestas. ¿Recién en 2012 descubrió el gobierno que Repsol no invertía y se llevaba las utilidades para España? Imposible, ya que siempre contó con representantes en el directorio de dicha empresa, que invariablemente avalaron con sus firmas los balances y estados contables, sin jamás formular objeción alguna. Si durante todos esos años de inacción oficial el ministro De Vido fue quien estuvo a cargo del área, ¿por qué suponer que luego el mismo funcionario sabría conducir eficientemente la intervención a YPF? ¿Así no faltarían combustibles e incluso, serían más baratos que en la actualidad? ¿Y por qué no se expropió el porcentaje en poder de Eskenazi? Se pretendió convencer a los habitantes, en un arranque de nacionalismo para consumo de la “gilada”, que cuando fuéramos a cargar nafta, el empleado que nos atendiera, mientras entonaba el “Himno Nacional” nos entregaría de regalo una hermosa banderita con la sigla “YPF”.
No se trata de una discusión en torno a si YPF o cualquier otra empresa, debe ser privada o estatal, o si la eficiencia del servicio sólo se encuentra en uno de ambos modelos. Ocurre que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para abordar un plan energético y requiere, inexorablemente, de capitales extranjeros, que en una actividad de tan alto riesgo, necesitan reglas claras que resguarden adecuadamente las cuantiosas inversiones que deben realizar. Y, lamentablemente, la forma patoteril en que se procedió con Repsol -claro que finalmente indemnizando y en demasía- y el cambio de una política privatizadora a una nacional, no brindó mayor seguridad jurídica a eventuales interesados en colocar sus fondos por estos lares. Y en el mejor de los casos, quien decida invertir en el país, exigirá se aseguren precios internacionales para los combustibles, amén que ello significará, en una típica actitud “gatopardista”, cambiar todo para que nada cambie, dejando de lado el pretendido nacionalismo: en lugar de españoles, los reales titulares serán estadounidenses, chinos o inversores de otros países. Cabe, por tanto concluir a 100 años de la creación de YPF, que los argumentos de los Kirchner afirmando que la privatización era “una reivindicación histórica” pues se trataba de una “empresa manejada por 15 o 20 gerentes dirigidos desde la propia YPF” y que por ende no significaba “una entrega de la soberanía”, fueron solo falacias oportunistas para así poder hacerse de las regalías petroleras por una suma varias veces millonaria y de la que nunca más se tuvo noticia. Y no menos falaces fueron los fundamentos del mayordomo Parrilli cuando calificaba a la privatización como un “importante proyecto de ley de transformación del Estado Nacional”, dando muestras “de que el Parlamento funciona”, por todo lo cual “no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo”. Y si todo era así tan claro y conveniente, ¿por qué volvió a estatizarse la empresa si siendo privada era la solución a parte de nuestros problemas energéticos? Lo único cierto es que hoy, 100 años después de la creación de YPF, la Argentina de la anomia padece una grave crisis que se traduce en la falta de gas y que ha llevado a recurrir nuevamente a la llegada de los buques regasificadores con el alto costo en dólares de los que el Tesoro carece, como igualmente a padecer la carencia de gasoil en todo el país provocando una parálisis tanto en las tareas agropecuarias como igualmente en el transporte de todo tipo de mercaderías, como lo demuestran a diario los medios, con vehículos varados en rutas y estaciones de servicio a la espera del escaso combustible, mientras que los sindicalistas que representan a un sector de los afectados -los camioneros- guardan cómplice silencio con los gobernantes de turno con quienes comparten, no “la mesa de los argentinos” sino la del poder corrupto.
