La reunión se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Sur y contó con participaciones a distancia, a través de medios remotos. Abordaron la situación de las secciones judiciales de Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Comodoro Rivadavia, General Roca, Viedma, Río Gallegos, Caleta Olivia y Río Grande. La ejecución de las penas, las dificultades en las etapas recursivas y las peticiones por el derecho a la verdad y para ampliar los objetos de los procesos estuvieron entre los temas principales.
La Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13, reunió el viernes pasado en Bahía Blanca a fiscales/es y funcionarios/as del Ministerio Público Fiscal, integrantes de organismos de derechos humanos, y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en las regiones patagónica y pampeana, quienes debatieron en torno a los desafíos y las dificultades que enfrenta el avance de las causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del terrorismo de Estado y para formular en conjunto propuestas superadoras.
El encuentro se llevó a cabo en el salón “Los Fundadores” de la Universidad Nacional del Sur, con la utilización de medios virtuales que permitieron la participación a distancia. Estuvo presente el rector de esa casa de estudios, Daniel Vega.
Participaron de la reunión, en representación del Ministerio Público Fiscal, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Angeles Ramos, las y los fiscales Miguel Palazzani, Horacio Azzolín, Teodoro W. Nürnberg, María Claudia Frezzini, Iara J. Silvestre, Julio Cesar Zárate, Lucas Colla, Marcelo A. Rapoport y Marcos J. Escandell, y las/os auxiliares fiscales Paula Molini, María Laura Ramírez, Pablo Fermento, Federico Iparraguirre y Matías Eidem.
También participaron víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas de la región; la Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca; H.I.J.O.S. Bahía Blanca; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) nacional, de Tres Arroyos y de Neuquén; la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado Viedma y Patagones; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) Neuquén; el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata; la Comisión Provincial de la Memoria; las secretarías de Derechos Humanos de la Nación, de Río Negro y de Santa Cruz.
También dijeron presente las subsecretarias de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de Chubut; la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación; la Dirección de Memoria Histórica y Programas del Ministerio de Defensa de la Nación; el Programa Verdad y Justicia y las áreas de Acompañamiento de Víctimas y Testigos, y de Asistencia a Testigos/Víctimas de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el equipo de Asistencia a las víctimas de Bahía Blanca; y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS junto a su Comisión Técnica de Reconstrucción Histórica y Reparación documental de legajos y/o registros de víctimas del terrorismo de Estado.
La reunión continuó la propuesta de celebrar encuentros regionales en los que, además de debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, se puedan discutir particularidades de carácter local, que permitan una construcción colectiva de carácter federal y el afianzamiento de los vínculos con los organismos de Derechos Humanos de los ámbitos provinciales/regionales, a los que suele resultarles complejo participar de las mesas institucionales de discusión nacionales.
En el encuentro se analizó la situación de las secciones judiciales de Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Comodoro Rivadavia, General Roca, Viedma, Río Gallegos, Caleta Olivia y Río Grande. En este ámbito, se reconoció el valor de la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas y los organismos de derechos humanos como pilar de los logros alcanzados. Se destacó asimismo el valor del trabajo articulado entre las distintas fiscalías federales y unidades fiscales y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El rector Vega destacó el rol y el compromiso de la UNS, que cuenta con una Subsecretaría de Derechos Humanos y que actúa en calidad de querellante en relación a los casos de docentes y estudiantes víctimas de la represión, que realiza una tarea de reparación de legajos personales de víctimas y en cuyas dependencias se han realizado audiencias de juicios de lesa Humanidad.
En el contexto de la reunión se debatieron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena previsto por la ley 24.660, el otorgamiento de prisiones domiciliarias, las salidas transitorias y la libertad condicional, entre otros. Al respecto, el eje fue puesto en la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, prevista en la 27.372.
También se abordaron las dificultades derivadas de las vacancias de los tribunales, así como aquellas que resultan de los reenvíos, tal como se denomina al proceso de revisión y modificación de los términos de la sentencia que deben realizar los tribunales de juicio por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.
Por otro lado, se mencionó la preocupación por las demoras en la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos pendientes en la causa que investiga los hechos padecidos por soldados conscriptos en la guerra de Malvinas.
En este contexto, se acordó el carácter prioritario que tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del terrorismo de Estado y el deber de garantizarlo por parte del Estado a través de estas investigaciones.
En el mismo sentido, se planteó la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, que sigue siendo una de las deudas del proceso de juzgamiento.
También se abordó la importancia de la incorporación en los procesos judiciales de los casos de las víctimas que, siendo niños y niñas, padecieron violencias, como haber presenciado los secuestros de su padre y/o madre, y/o que fueron llevados a los centros clandestinos de detención junto a ellos, o abandonados en la vía pública, o dejados con familiares o vecinos, o llevados a distintos organismos vinculados entonces con la minoridad sin haber sido correctamente identificados etcétera. Se trata de un tema de especial interés para la Procuraduría.(fiscales.gob.ar)
