La iniciativa fue presentada por la senadora,Nerina Neumann y el diputado, Emiliano Balbín, ambos de la UCR. “La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia deberá brindar un abogado al docente que lo solicite tras sufrir una agresión “con motivo del ejercicio regular de la función docente”
Los legisladores provinciales proponen incorporar un inciso en el articulado del Estatuto del Docente (Ley N°10.579) que contemple la posibilidad de que el docente, en caso de ser víctima de una agresión en ocasión de su rol de educando, pueda acudir a la Dirección General de Cultura y Educación para que le provea una representación legal con asistencia gratuita.
“Enfrentar violencia y acoso no debería ser parte del trabajo de un docente”, explicó la senadora Nerina Neumann y anunció que “por eso, junto al diputado Emiliano Balbín, presentamos un proyecto de ley para establecer un Defensor del Docente que ofrezca asistencia legal gratuita”.
Así, en el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, se establece que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia provea de un abogado al docente que lo solicite tras sufrir una agresión “con motivo del ejercicio regular de la función docente”
A continuación, detalla las circunstancias en la que el maestro o profesor puede solicitar el letrado. A saber:
Para la formulación de denuncias penales o correccionales
Defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular
En aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, fisicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos.
En el artículo 2 del proyecto, establece que “la Dirección General de Cultura y Educación deberá adaptar sus gulas, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo aquí dispuesto”.
Por último, el proyecto de Ley fija que la aplicación de la norma “se realizará en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”. (LaNoticia1)
