De acuerdo con estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la pobreza en Argentina alcanzó al 49,9% de la población y la indigencia al 12,3% durante el tercer trimestre de 2024. Si bien estas cifras muestran una leve disminución respecto al segundo trimestre, siguen siendo las más altas desde 2004.
La pobreza infantil registró un incremento significativo, afectando al 65,5% de los menores de 18 años, frente al 62,9% del año anterior. La indigencia en este grupo también subió, pasando de 16,2% a 19,2%. “Dos de cada diez niños viven en pobreza extrema, una situación que recuerda los niveles críticos de la crisis de 2002 y representa una grave pérdida de capital humano”, advirtió el informe.
Factores de la mejora relativa
El director del ODSA, Agustín Salvia, atribuyó la reciente disminución de la pobreza e indigencia a la desaceleración de la inflación y la estabilidad del empleo. Sin embargo, aclaró que esto no se traduce en una mejora tangible para las familias, ya que el aumento de costos en servicios básicos como transporte y energía reduce su capacidad de consumo.
Precarización laboral y desigualdad persistente
El empleo pleno sigue siendo un desafío estructural: solo 4 de cada 10 personas tienen un trabajo formal, mientras que el 51,8% de los trabajadores no realiza aportes a la seguridad social. Los ingresos laborales cayeron un 19% entre 2022 y 2024, siendo los empleos informales los más afectados, con una reducción superior al 20%.
La inseguridad alimentaria y el rol del Estado
La inseguridad alimentaria alcanzó al 24,3% de la población, un incremento sostenido desde 2018. Los programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, mitigan parcialmente el impacto, cubriendo el 50% de la canasta alimentaria y el 25% de la canasta básica total. Actualmente, el 36,3% de los hogares recibe algún tipo de asistencia estatal.
Tres Argentinas: un retrato de la desigualdad
El informe clasifica a la población en tres grandes grupos: un 3% pertenece a la élite económica, un 27% a las clases medias integradas, un 40% a las clases medias tradicionales, y un 30% a las clases pobres estructurales.
El informe concluye que, aunque hubo un leve alivio en los indicadores de pobreza, el país enfrenta problemas estructurales agravados por la inflación, la precarización laboral y el deterioro del poder adquisitivo. (InfoGEI)
