La diputada bonaerense de UxP, Ayelén Rasquetti, propuso crear una agencia para gestionar bienes secuestrados en causas penales. La iniciativa deja en claro que “en el caso de los estupefacientes y psicotrópicos deberán ser destruidos, salvo indicación contraria de la Justicia”.
La diputada bonaerense del bloque Unión por la Patria (UxP), Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados. La iniciativa busca regular la administración, custodia y reutilización social de bienes incautados en causas penales dentro del ámbito de la justicia provincial.
De acuerdo al texto, la dirección de la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados estará a cargo de un directorio nombrado por el Ejecutivo bonaerense, con un mandato de cuatro años y posibilidad de reelección. Además, se especifica que los integrantes del directorio desempeñarán sus funciones ad honorem.
Entre sus principales objetivos, la Agencia deberá asegurar la conservación del valor y productividad de los bienes, favorecer la reparación integral de las víctimas, garantizar el cumplimiento de decomisos y penas pecuniarias, y promover la reutilización social de los activos secuestrados.
En ese sentido, el proyecto detalla un proceso administrativo para determinar qué hacer con cada bien secuestrado o decomisado y se contemplará la posibilidad de continuar actividades productivas cuando los bienes correspondan a empresas o unidades económicas.
Para esto, se establece que el administrador designado deberá analizar la viabilidad de la actividad, consultar a los trabajadores e identificar los requisitos para su funcionamiento. Si la continuidad es posible, se permitirá que una cooperativa formada por empleados tome el control de la empresa. Mientras que, en caso contrario, el documento establece una liquidación de los bienes y su eventual subasta.
Por otro lado, el proyecto oficialista prevé un tratamiento específico para distintos tipos de bienes secuestrados. En el caso de los estupefacientes y psicotrópicos deberán ser destruidos, salvo indicación contraria de la Justicia.
En lo que respecta a armas de fuego y explosivos, el proyecto dispone que sean entregados a la autoridad administrativa competente, mientras que los documentos falsificados y el dinero apócrifo también serán eliminados.
Como novedad, la propuesta legislativa no deja por fuera a las criptomonedas, luego del sonado escándalo de $LIBRA y establece la creación de una “wallet” oficial para su almacenamiento en instituciones bancarias o públicas.
Otro punto central de la propuesta que lleva adelante la legisladora Rasquetti es la creación de un registro público de bienes secuestrados y recuperados, que tendrá como fin garantizar la transparencia en el proceso de administración.
También se contempla la conformación de un Consejo Asesor, integrado por representantes de los 20 departamentos judiciales de la provincia, con el objetivo de impulsar protocolos de buenas prácticas, generar redes de información y promover capacitaciones.
El documento menciona el caso de Italia como modelo de referencia para la administración de bienes recuperados del crimen organizado. Se cita un informe de Bien Restituido y Analytica Consultora, publicado en julio de 2022, que analiza la experiencia de la Agencia Nacional italiana (ANSBC), la cual gestiona más de 24.500 bienes secuestrados y destina recursos a programas de prevención y reparación del daño social causado por el delito.
En los fundamentos del proyecto, se resalta la importancia de fortalecer el rol del Estado en la lucha contra el crimen organizado, con una política de administración de bienes que favorezca la reparación del daño causado a las víctimas. En ese sentido, la autora argumenta que la falta de un marco normativo adecuado ha llevado a una gestión ineficiente de los bienes decomisados, lo que impide su reutilización para fines sociales. (diputadosbsas)
