Tras el veto presidencial a la Ley 27.790, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado y con amplio respaldo en Diputados, el senador nacional Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi, ambos de la UCR, ratificaron su compromiso de sostener la norma en el Congreso. La ley contemplaba una serie de medidas urgentes y estructurales para la reconstrucción de Bahía Blanca y otras zonas afectadas por el temporal del pasado 7 de marzo.
“Vamos a sostener la Ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca”, aseguraron los legisladores, en un comunicado conjunto.
La norma vetada por el Ejecutivo nacional preveía la creación de un fondo especial para la reparación de infraestructura pública, la reactivación del circuito económico local, líneas de crédito preferenciales, y el acompañamiento social a las personas damnificadas. Además, establecía mecanismos de control parlamentario sobre los recursos asignados, garantizando transparencia en la ejecución de las medidas.
“Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario, que representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica”, enfatizaron Abad y Banfi.
Los legisladores radicales también destacaron que la ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo, sino que lo complementa y lo supera tanto en jerarquía normativa como en su alcance. “No se ocupa sólo de las urgencias, sino también de las soluciones estructurales. Y lo hace con control democrático”, subrayaron.
Para Abad y Banfi, “la emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes del Estado”.
La bancada de la UCR en ambas cámaras se prepara para dar la discusión en el Congreso, con el objetivo de insistir en la sanción de la ley y garantizar que el Estado esté presente donde más se lo necesita. “La reconstrucción de Bahía Blanca, aseguran, no puede esperar”.
