La diputada provincial Natalia Dziakowski (GEN – Buenos Aires) expresó su más enérgico rechazo al veto dispuesto por el presidente Javier Milei al proyecto de ley que declaraba la emergencia en zonas afectadas por las inundaciones y creaba un fondo especial de $200.000 millones para la asistencia y reconstrucción.
“La decisión del Presidente es inhumana, insensible y profundamente centralista. Vetar una ley que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que respondía a una necesidad concreta y urgente de miles de familias de Bahía Blanca es darle la espalda al dolor y a la reconstrucción”, manifestó Dziakowski.
El Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deja sin efecto una norma que había sido elaborada con la participación de legisladores de distintos bloques y que contaba con el respaldo de intendentes, instituciones y cámaras empresarias de la región.
“El Gobierno Nacional prefiere sostener su relato de ajuste antes que tenderle la mano a una ciudad golpeada por el desastre climático. Con este veto, no sólo niega la emergencia, sino que desconoce el drama social que viven miles de vecinos y vecinas”, remarcó la legisladora del GEN.
La ley vetada establecía, entre otros puntos:
Declaración de emergencia por 180 días.
Creación de un fondo especial para obras y asistencia directa.
Suspensión de pagos de créditos y servicios.
Acceso a líneas de financiamiento con tasas subsidiadas.
Promoción de empleo local en obras de infraestructura.
Coordinación con provincias y municipios para aliviar la carga impositiva.
“El Presidente dice que ya hay mecanismos de ayuda, pero la realidad es que no alcanzan. Los vecinos siguen esperando respuestas concretas, no planillas ni excusas. Necesitamos reconstrucción, no propaganda”, sostuvo Dziakowski.
Finalmente, la diputada pidió a los legisladores nacionales que “insistan con firmeza para revertir este veto” y llamó a toda la dirigencia política, sin distinción de banderías, a “defender los derechos de las comunidades afectadas”.
