En la Argentina de la anomia resulta sorprendente como un mismo gobierno puede imponer en muy poco tiempo propuestas legislativas diametralmente opuestas y así es como el famoso “relato” kirchnerista nos muestra las decisiones políticas pendulares que, sin justificación alguna y sin que nadie se sonroje, hoy defienden una postura y al poco tiempo sostienen la contraria. Como dijera Marx (Groucho, no Karl el ídolo de Kicillof): ”Éstos son mis principios; si no le gustan tengo otros” tal como ocurriera, por ejemplo, con el número de integrantes del Consejo de la Magistratura o de la Corte Suprema de Justicia, que se aumentaban o reducían con igual facilidad. Pero sin duda alguna el caso YPF resultó ser el más emblemático en este marco de contradicciones no solo por los fundamentos y personajes que intervinieron sino igualmente por las consecuencias económicas que el mal manejo del proceso nos acarreara.
1° El pasado 3 de junio se cumplieron 103 años de la creación de la empresa estatal YPF por parte del gobierno presidido por Hipólito Yrigoyen, la cual sufrió el embate privatista durante la gestión de Carlos S. Menem quien para lograr ese objetivo precisaba contar con el apoyo de las entonces 8 provincias productoras de petróleo; y así fue como Santa Cruz brindó el suyo a cambio de 654 millones de dólares por regalías que Néstor Kirchner depositó fuera del país y que hasta la fecha nunca se supo de ellos ni de sus intereses ni fueron repatriados por los sucesivos gobernantes de dicha provincia. Así fue como logrado el apoyo de los citados estados locales, el Congreso en 1992 sancionó la ley 24.195 mediante la cual se lograría la privatización de la hasta entonces empresa estatal, hecho que cínicamente los posteriores ciclos pero-kirchneristas pretendieron demonizar, no obstante que tanto CFK como su esposo formaban parte del gobierno menemista, al que apoyaban con inusitado fervor, a punto tal de considerar a su titular como “el mejor presidente que había tenido el país”, según lo afirmara sin rubor alguno Néstor Kirchner. Pero en el caso concreto de Y.P.F la adhesión a la política de privatización fue más allá de un simple apoyo y se transformó en una cuestión de Estado para el matrimonio Kirchner.
2° En efecto: quien fungiera como presidente y vicepresidente del país, pocos días antes de sancionarse la norma que disponía tal privatización, y en su calidad entonces de diputada provincial en Santa Cruz, requería a la Legislatura de esa provincia que se exigiera a los diputados nacionales de la misma que votaran a favor de esa norma, manifestando que “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación…vienen obstruyendo la posibilidad de que… (dicha ley) tenga su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita”. No obstante la flagrante violación de los fueros parlamentarios que tal solicitud conllevaba, la misma diputada reconocía que esa exigencia debía hacerse “sin perjuicio del respeto que la investidura y la propia función que nuestros diputados nacionales ejercen, pero con la firmeza que la situación exige”. Mucho respeto de la “investidura” de los legisladores, creo, que no se advertía.
Por su parte Néstor Kirchner afirmaba que “Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de la soberanía, para los santacruceños no lo es, porque esos millones de dólares que ingresarán, van a evitar, precisamente, la despoblación y el éxodo de los pobladores de Santa Cruz y creo que no hay nada más soberano que conseguir inversiones, aparte, quienes conocemos la historia de YPF, sabemos que era una empresa manejada por 15 o 20 gerentes dirigidos desde la propia YPF”; agregando que “Es una reivindicación histórica que nos permitirá cobrar 500 millones de dólares en regalías que le debe la Nación a la provincia. Esto le va a permitir a Santa Cruz, paulatinamente, profundizar el ordenamiento del Estado, lograr la reconversión económica y generar las bases de una economía de producción que nos permita salir de la marginalidad en que nos ha tenido por tantos años el poder central” Son obvias las 654 millones de razones por las cuales Néstor Kirchner abogaba por la aprobación de esa ley.
3° Así fue que, con media sanción del Senado, el proyecto fue tratado por Diputados entre el 23 y el 24 de septiembre de 1992, con la orden terminante a la bancada oficialista en el sentido que el mismo se aprobara a libro cerrado, sin modificaciones; y frente al reclamo de los legisladores de la oposición, el miembro informante Oscar Parrilli, a quien su jefa bautizara cariñosamente como (la continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo + “todo” en portugués) dijo: “Pedimos disculpas y comprensión a todos los señores diputados que nos han acompañado en esta sesión, por la urgencia que nuestro bloque tiene en la aprobación de esta iniciativa, porque hay plazos establecidos para llevar adelante la privatización, y la circunstancia de introducirle modificaciones nos exigiría que vuelva al Senado, lo que frente a la finalización del período ordinario de sesiones, nos impediría sancionar este proyecto de ley”. Aparentemente, el bueno de Parrilli no conocía la existencia de las sesiones de prórroga y las extraordinarias. Y el mismo legislador, al fundar el proyecto de privatización sostenía que se trataba de un “importante proyecto de ley de transformación del Estado nacional. Hemos dado a la Argentina, a todos nuestros compatriotas, el ejemplo de que el Parlamento funciona”; y agregaba: “Por ello debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo”; no sin antes afirmar que dicha ley “servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”. Con 120 votos por la afirmativa y 10 en contra quedó sancionada la norma que posibilitó privatizar YPF. ¿Quiénes apoyaron el proyecto? El citado Parrilli, José Luis Gioja; Eduardo Fellner; Jorge Argüello; Jorge Yoma; Carlos Alberto Romero; Eduardo Camaño; Felipe Solá; Eduardo Amadeo; Alberto Balestrini y Carlos Soria, entre otros.
4° Merced a la privatización, la española Repsol contaba ya en 1999 con el 85,01% de las acciones adquiridas por U$S 13.439 millones; en tanto en 2007 Néstor Kirchner logró que su amigo Eduardo Eskenazi a través del Grupo Petersen adquiriera el 14,9% de las acciones para posteriormente obtener en 2011 un 10,1% más, pero -y aquí lo curioso de las operaciones- sin que los compradores depositaran suma alguna sino que fueron habilitados a pagar con los dividendos que irían obteniendo de la propia empresa. De tal forma el capital accionario de YPF se distribuyó en un 57,43% para Repsol; un 25,46 para Eskenazi; y un 17,09% para otros inversores extranjeros, en tanto el Estado conservaba el 0,02%. Sin embargo, en todo este proceso, se obvió un requisito fundamental cual fue que el Estatuto de YPF establece en su art. 7° que si alguien comprare más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, lo cual no se cumplió en esta oportunidad.
Así fue que el gobierno mediante ley 26.741 de 2012 decidió expropiar las acciones en poder de Repsol a quien solo le quedaría una participación del 6,4%, en tanto las acciones así recuperadas pasarían a distribuirse entre el Estado Nacional (el 51%) y las 10 provincias con yacimientos petroleros (el 49%) La ley obtuvo sanción en la Cámara de Diputados con 208 votos a favor y 32 en contra. ¿Quiénes lo hicieron a favor? Diana Conti; Carlos Heller; Andrés Larroque; Facundo Moyano; Mayra Mendoza; Agustín Rossi; Felipe Solá; Victoria Donda; Héctor Recalde y Omar Perotti. Pero también lo hicieron legisladores de la oposición como Ricardo Gil Lavedra; Ricardo Alfonsín; Mario Negri; Gerardo Milman; Miguel Bazze; Ricardo Buryaile y Julio Martínez, entre otros.
No debe olvidarse que en este proceso fue cuando Axel Kicillof se envalentonó contra Repsol amenazando al decir: “No solo no le vamos a pagar un solo dólar sino que ellos nos van a tener que indemnizar por el daño ambiental que produjeron”, sosteniendo que el Estatuto de YPF era irrelevante. Fue entonces que los Eskenazi, que no habían puesto un solo peso, vendieron su parte a los fondos Eton Park y Burford Capital, por lo cual Repsol inició un proceso de arbitraje ante el CIADI reclamando los perjuicios sufridos por la arbitraria medida, generado la bravuconada de Kicillof, pero que nada de tal amenaza sucediera sino que -por el contrario- la acción promovida ante el CIADI devino abstracta ya que el Estado argentino y Repsol arribaron a un acuerdo consistente en abonarle a este última empresa en concepto de indemnización y daños la suma de U$S 5.000 millones.
5°Paralelamente, los fondos Eton Park y Burford Capital como adquirentes de las acciones que habían pertenecido a los Eskenazi, radicaron una demanda contra el Estado argentino ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, la cual en el año 2023 hizo lugar a la acción invocando precisamente el incumplimiento de Argentina al Estatuto de YPF al reestatizar la empresa sin lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios luego de nacionalizar el 51% de la empresa. Por ello, la jueza fijo una indemnización a favor de los acreedores de U$S 16,1 mil millones en tanto que a posteriori, en un nuevo pronunciamiento, ordenó que para satisfacer dicha indemnización Argentina debería entregar el 51% de las acciones de YPF. Finalmente, cabe señalar que a estos reclamos se sumaron 2 nuevos fallos de la jueza Preska: uno que beneficia al mismo fondo Burford Capital y el restante al fondo Bainbridge Fund que igualmente pretende las acciones de YPF.
Y aquí no puede soslayarse que el kirchnerismo, siendo todavía gobierno y como buenos pagadores seriales, nunca cuestionaron que fondos buitre participaran en empresas nacionales. Así, “Black Rock” adquirió dos millones de acciones de YPF por la suma de 740 millones de pesos; en tanto que otro fondo buitre como “Third Point” invirtió 2,65 millones de acciones en la misma empresa, mientras que el más odiado fondo buitre como lo es “NML” de Paul Singer junto con “EM” de Kenneth Dart fueron dueños del 7% de las acciones del Banco Hipotecario, sin contar que el fondo buitre presidido por George Soros adquirió por 450 millones más del 3° de YPF.
La expropiación y consecuente nacionalización de YPF, además de haberse realizado en forma inconstitucional generando así las acciones judiciales ya referidas y con el inmenso costo que la economía argentina difícilmente pueda soportar, generó igualmente algunos interrogantes aún sin respuestas. ¿Recién en 2012 descubrió el gobierno que Repsol no invertía y se llevaba las utilidades para España? Imposible, ya que siempre contó con representantes en el directorio de dicha empresa, que invariablemente avalaron con sus firmas los balances y estados contables, sin jamás formular objeción alguna. Si durante todos esos años de inacción oficial el ministro De Vido fue quien estuvo a cargo del área, ¿por qué suponer que luego el mismo funcionario sabría conducir eficientemente la intervención a YPF? ¿Así no faltarían combustibles e incluso, serían más baratos que en la actualidad? ¿Y por qué no se expropió el porcentaje en poder de Eskenazi?
Una vez más, el relato kirchnerista pretendió convencer a los habitantes, en un arranque de nacionalismo berreta para consumo de la “gilada”, que cuando fuéramos a cargar nafta, el empleado que nos atendiera, mientras entonaba el “Himno Nacional” nos entregaría de regalo una hermosa banderita con la sigla “YPF”.
