La investigación por la muerte del abogado Roberto Cafasso en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca avanza con la recopilación de pruebas, pericias y documentación municipal. El entrevistado dejó en claro que son los primeros indicios en esta investigación, por eso puntualiza el término “en principio”.
El funcionario judicial a cargo de la causa confirmó que el expediente está caratulado como homicidio culposo y sostuvo que se trató de una tragedia que podría haberse evitado.
“Se trata de una muerte evitable”, afirmó el fiscal Cristian Aguilar en CAFEXMEDIO, al describir las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las condiciones de seguridad existentes en el sector donde cayó la víctima.
Según explicó, la Fiscalía trabaja en reconstruir la mecánica del accidente para determinar eventuales responsabilidades penales de los propietarios o administradores del gimnasio, que funciona bajo la figura de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).
De acuerdo con los primeros elementos reunidos, Cafasso se encontraba utilizando una máquina elíptica ubicada en un entrepiso. En determinado momento se le cayó una botella de agua y, al intentar recogerla, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás.
“Entiendo que es muy posible que haya tropezado con un zócalo de aproximadamente veinte centímetros, lo que provocó el giro en el aire de la propia víctima”, detalló Aguilar.
La caída se produjo desde una altura de 3,54 metros. El fiscal remarcó que detrás de las máquinas no existía una pared de contención y calificó esa situación como el aspecto central de la investigación.
“Es un accidente evitable por falta de medidas de seguridad, porque no había paredes detrás del elíptico”, sostuvo.
Aguilar también describió que en el sector superior había dos máquinas elípticas y dos bicicletas fijas ubicadas a apenas veinte centímetros del vacío.
“Los dos elípticos y las dos máquinas para hacer bicicleta estaban ubicados a veinte centímetros del vacío. Me parece un aspecto de suma gravedad”, enfatizó.
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de un cielorraso de gomaespuma debajo del entrepiso, destinado únicamente a cuestiones acústicas y estéticas.
“Si la víctima caía sobre una persona que se encontraba en el salón inferior, podríamos estar hablando de otra víctima”, advirtió.
Respecto de la situación administrativa del establecimiento, Aguilar señaló que el gimnasio no contaba con habilitación definitiva y que la habilitación provisoria que poseía se encontraba vencida desde enero.
“Lo que sí le puedo asegurar es que el lugar no tiene una habilitación definitiva”, afirmó.
Tras el hecho, la Fiscalía ordenó la clausura del inmueble y posteriormente también intervino la Municipalidad con una medida similar. El edificio permanece cerrado y bajo resguardo judicial.
En paralelo, se realizaron allanamientos para secuestrar documentación y se dispusieron pericias técnicas destinadas a evaluar las medidas de seguridad existentes en el lugar.
Entre los aspectos bajo análisis figura además la correspondencia entre la construcción efectivamente realizada y la documentación presentada ante el municipio. En ese sentido, el fiscal indicó que en uno de los planos observados aparecería dibujada una pared en el sector donde ocurrió la caída, aunque aclaró que se trata de una cuestión que todavía debe ser certificada.
“En principio, secuestramos un plano donde parecería estar dibujada una pared. Pero son todas cuestiones que debemos verificar”, explicó.
La Fiscalía ya solicitó expedientes a distintas áreas municipales, entre ellas Obras Particulares, Habilitaciones, Fiscalización y el Tribunal de Faltas, con el objetivo de reconstruir todo el proceso administrativo vinculado al funcionamiento del gimnasio.
Mientras continúa la investigación, Aguilar insistió en que la prioridad es determinar cómo ocurrió exactamente el hecho y quiénes tenían la obligación de garantizar la seguridad de las personas que concurrían al establecimiento.
“Estamos reconstruyendo cómo sucedió el hecho y, a partir de ahí, determinar posibles responsabilidades penales”, concluyó.
