La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina presentó una demanda contra la Provincia y cuestionó el cambio previsional incluido en el Presupuesto 2026. Aseguran que la medida genera incertidumbre jurídica y podría afectar a más de 50.000 trabajadores.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción judicial para solicitar la inconstitucionalidad del artículo del Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires que dispone el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de los colegios privados al régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS).
La entidad sostiene que la medida fue adoptada por el Gobierno bonaerense sin una instancia previa de diálogo con el sector y advierte que genera incertidumbre legal para las instituciones educativas, que continúan alcanzadas por la normativa previsional nacional.
Qué cambia con la nueva normativa
La controversia se centra en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, que establece que el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los establecimientos educativos de gestión privada dejarán de aportar al sistema administrado por la ANSES para pasar a realizar sus contribuciones al IPS.
Según estimaciones de AIEPA, la medida alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires, entre auxiliares, personal administrativo y docentes que desarrollan actividades fuera de la planta funcional obligatoria.
“No hay seguridad jurídica”
Desde la asociación remarcaron que el problema no radica en cumplir con las obligaciones previsionales, sino en la falta de un marco normativo claro.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Los colegios privados siguen alcanzados por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que los libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
La entidad sostiene que, sin una coordinación entre Nación y Provincia, las instituciones podrían quedar expuestas a reclamos simultáneos de organismos previsionales nacionales y provinciales.
Alertan por un mayor costo laboral
AIEPA también advirtió que el cambio podría incrementar los costos para los establecimientos educativos.
Según señalaron, el régimen provincial contempla un aporte personal superior al del sistema nacional y podría implicar la pérdida de beneficios vinculados al régimen diferencial de contribuciones patronales para colegios privados incorporados a la enseñanza oficial.
Además, manifestaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre los propios trabajadores, especialmente aquellos que desarrollaron la mayor parte de su carrera bajo el sistema previsional nacional.
Riesgo para futuras jubilaciones
Uno de los principales cuestionamientos es que muchos empleados podrían no reunir los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación por el IPS.
En ese escenario, deberían jubilarse por ANSES, aunque durante varios años sus aportes hayan sido derivados al sistema previsional bonaerense, lo que podría generar inconvenientes administrativos y previsionales.
Reclamo ante la Suprema Corte bonaerense
Frente a este panorama, AIEPA presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma.
En paralelo, la entidad también comunicó su postura a la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), y pidió que no se exija la incorporación del personal extraprogramático al régimen provincial hasta que exista una definición normativa y judicial.
Mientras avanza el proceso judicial, el conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno bonaerense y el sector de la educación privada, que reclama mayor previsibilidad antes de implementar modificaciones en el sistema previsional de miles de trabajadores.
