El tribunal revocó la decisión de la Cámara local y respaldó el criterio del exjuez Onildo Stemphelet al considerar que el caso debía analizarse con perspectiva de género
El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la prisión domiciliaria para Mirta Alarcón, condenada a 10 años de prisión por liderar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en Bahía Blanca.
De esta manera, el máximo tribunal penal de la provincia respaldó la resolución que en su momento había dictado el entonces juez de Ejecución Penal, Onildo Stemphelet, y dejó sin efecto la decisión posterior de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que había revocado ese beneficio a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Según los fundamentos del fallo, la situación de Alarcón debía ser analizada con perspectiva de género, teniendo en cuenta las condiciones particulares de detención, su contexto personal y familiar y los informes incorporados al expediente.
En ese sentido, los jueces entendieron que la resolución dictada originalmente por Stemphelet no resultó arbitraria y que el caso admitía una modalidad alternativa de cumplimiento de la pena, sin que ello implique modificar la condena impuesta.
El análisis del delito
Uno de los aspectos centrales de la resolución se refiere a la naturaleza del delito por el que fue condenada Alarcón.
Casación sostuvo que, si bien la causa está vinculada al narcotráfico, la figura penal aplicada no encuadra dentro de los delitos violentos en sentido estricto, argumento que había sido utilizado por la Fiscalía para oponerse al otorgamiento de la prisión domiciliaria.
La condena
Alarcón fue condenada en 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca como jefa de una organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana.
Durante el juicio se acreditó que la banda operó entre 2020 y 2021 en los barrios Spurr y Villa Serra, utilizando distintos domicilios para comercializar estupefacientes y recurriendo, según la investigación, a menores de edad para realizar entregas.
La causa fue impulsada por la UFIJ Nº 19 y reunió como pruebas testimonios de vecinos, mensajes extraídos de teléfonos celulares y distintos elementos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización.
Un fallo que reabre el debate
La decisión del Tribunal de Casación vuelve a poner en discusión los criterios para conceder prisiones domiciliarias en casos de condenados por narcotráfico.
Mientras la Fiscalía había advertido sobre el riesgo de otorgar un beneficio extramuros a quien fue considerada la líder de una organización criminal, Casación entendió que las circunstancias personales de la condenada y los estándares aplicables en materia de ejecución penal justificaban mantener esa modalidad de cumplimiento de la pena.
El fallo no modifica la condena de diez años de prisión impuesta a Alarcón, sino únicamente el lugar donde continuará cumpliéndola. En caso de mantenerse la prisión domiciliaria, deberá respetar las condiciones de control establecidas por la Justicia, entre ellas la permanencia en el domicilio autorizado y los mecanismos de supervisión dispuestos por el tribunal.
