La medida fue dictada por una jueza de Lomas de Zamora, quien advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar el ingreso de más adolescentes al sistema penal. La nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La Justicia bonaerense ordenó suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio provincial, a pocos días de la entrada en vigencia de la normativa nacional.
La medida cautelar fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La presentación fue realizada en beneficio de adolescentes que actualmente se encuentran privados de su libertad.
Falta de infraestructura y recursos
Uno de los principales fundamentos de la resolución es la falta de infraestructura y recursos materiales para afrontar el posible incremento de jóvenes que ingresen al sistema penal.
La nueva Ley N.º 27.801 establece un régimen específico para adolescentes y reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, permitiendo que los jóvenes comprendidos en esa franja puedan ser sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.
La magistrada consideró que el cambio podría generar un aumento considerable de adolescentes detenidos, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro de los dispositivos de encierro.
En ese contexto, planteó interrogantes sobre si la provincia de Buenos Aires dispone de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a esta población bajo los estándares establecidos por los derechos humanos de niños y adolescentes.
Las condiciones de los centros de detención
Para fundamentar la suspensión, Pascual también analizó la situación de los establecimientos bonaerenses destinados al alojamiento de adolescentes.
En ese sentido, recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.
Aunque reconoció que recientemente se produjeron mejoras relacionadas con el acceso al agua potable, la alimentación y las instalaciones, la jueza sostuvo que el sistema todavía no alcanza el piso mínimo necesario para garantizar condiciones de detención adecuadas.
Entre las dificultades señaladas aparecen el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo. También se planteó la necesidad de reducir los períodos de aislamiento de los adolescentes privados de su libertad.
Una suspensión de 60 días
El fallo ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión de la Ley N.º 27.801.
Además, la magistrada convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la sede del tribunal. Allí, las autoridades provinciales deberán informar qué medidas fueron implementadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos establecidos para adecuar el sistema a las nuevas exigencias.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
A nivel nacional, el Gobierno reglamentó la Ley N.º 27.801 mediante el Decreto 875/2026, que estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y encargada de coordinar el sistema.
El nuevo régimen no contempla la prisión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad. Las penas deben cumplirse en centros especializados y sin contacto con personas adultas.
La normativa también incorpora alternativas a la privación de la libertad, como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo.
Para el seguimiento de los adolescentes, el nuevo esquema incorpora la figura del “supervisor especializado” y prevé un registro de profesionales de áreas como psicología, trabajo social y pedagogía.
Además, se dispuso la creación de un Comité Interministerial y una Mesa Federal para coordinar las políticas entre Nación y provincias. Para la implementación del sistema, el Congreso asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
