“Un juez inicuo es peor que un verdugo” (Cicerón)
Un reciente fallo judicial vuelve a poner sobre el tapete de la discusión pública al accionar de algunos magistrados del fuero penal y su íntima conexión con la perversa doctrina abolicionista que procura desplazar el rol de víctima y victimario y de tal forma se pretende sostener que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida. Algunos ingenuos califican a esta postura como “garantista” olvidando que es la propia Constitución Nacional quien crea un marco de garantías para toda persona sujeta a un proceso (art. 18), en tanto el abolicionismo descree de la fuerza punitiva de la ley penal, así como del sistema carcelario. Lamentablemente, esta corriente no nació en épocas recientes, sino que tuvo su inicio en las enseñanzas de Eugenio Zaffaroni y que fueran seguidas cual dogma jurídico por infinidad de jueces y fiscales. Por ello, es menester recordar algunos de los hitos y personajes que conforman este aquelarre judicial.
1° Eugenio Zaffaroni, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, ocupó otros cargos en tribunales inferiores, entre ellos, la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, sala 6ª.de la Capital, en cuyo seno, con fecha 26 de abril de 1989, falló en una causa seguida contra Julio Tiraboschi, portero de un edificio en Alberdi al 2000, que bajo engaños condujo a una menor de 8 años a la cochera del edificio donde abusó de ella. En 1ª. instancia se había solicitado la pena de 7 años de prisión, pero Zaffaroni la redujo a 3 años, por lo cual el imputado nunca fue a la cárcel. Para fundar su voto sostuvo que “estamos ante un imputado sin antecedentes, que confesó plenamente el hecho y demuestra arrepentimiento. Es un hombre joven y padre de familia, que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social”; agregando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”. Cuesta creer que un magistrado, frente a un hecho aberrante como el que motivara la causa, se preocupara por las “graves consecuencias” del degenerado delincuente y afirmara, muy sueldo de cuerpo, que la circunstancia que el abuso fuera a oscuras redujo el trauma de la menor. Es que para Zaffaroni lo importante fue siempre favorecer a los delincuentes, como cuando en una entrevista con la revista “Rolling Stone” afirmó que “era horrible” mandar gente a la cárcel. Y para que no quedaran dudas acerca de su pensamiento, en otra ocasión explicó cómo procedía cuando debía fallar y condenar a una delincuente, aclarando que “la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre”.
2° Otro hito en su rico historial fue al ser designado para integrar la Corte Suprema de Justicia. Al presentarse ante la Cámara de Senadores para cumplir previamente a su nominación con el recaudo exigido por el art. 99 inc. 4° de la C.N, lo hizo acompañado de su íntimo amigo y socio en el estudio jurídico que ambos compartían, Jacobo Isaac Grossman. Pero este individuo no era un abogado más, sino que se trataba de quien, junto a Alberto González, Eduardo Zurko, Julio César Barbosa y Cristina Bejar integraban una banda acusada de realizar numerosos secuestros y otros delitos, y que fueran condenados a 20 años de prisión. Sin embargo, en el caso de Grossman y merced a los buenos oficios de su íntimo amigo Zaffaroni, sólo cumplió parte de su condena ya que el 15 de febrero de 1991 fue incluido en el decreto 263 mediante el cual el presidente Menem indultó a otras 19 personas condenadas por su participación en hechos de guerrilla, aunque en el caso de Grossman se trataba de un delincuente común. Su presencia en el Senado mereció el repudio del senador Gómez Diez quien sostuvo que era “un verdadero desafío al Senado presentarse con un ex convicto como asesor”. Y como todo tiene que ver con todo, Zaffaroni era también amigo íntimo de Amado Boudou a quien Grossman defendió por “truchar” la documentación de un automotor, imputación respecto a la cual Zaffaroni afirmó que “tener procesado al vicepresidente de la República por un formulario 08 falso de hace veinte años de un auto que se transfirió, que no damnificó a nadie, me parece que es un poco exagerado”. ¡Amigos son los amigos!
3° Pero este mismo Zaffaroni fue también el propietario de 6 departamentos en la Capital dedicados a la prostitución, alegando en su descargo que no podía saber quiénes moraban en sus propiedades ni a qué se dedicaban; argumento falaz que fuera controvertido por Ricardo Montiveros, su íntimo amigo y administrador de sus bienes, con quien convivía, quien reconoció la infracción a la ley de profilaxis y abonó la multa máxima fijada por la legislación, con lo cual logró el cierre de la causa. Si ambos vivían juntos no se concibe que por boca de su fiel amigo y administrador ignorase quiénes ocupaban los departamentos y cuáles eran sus actividades. Pero, precisamente, el pago que hiciera ante la justicia por intermedio de su amigo y representante para lograr el cierre de la causa, revela sin posibilidad de error acerca del conocimiento que tenía del destino que se les había dado a sus propiedades.
4° Siempre en la misma sintonía, Zaffaroni ha tenido actitudes que no cabe esperar en un ciudadano común y mucho menos en un integrante de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, cuando refiriéndose a la denuncia del fiscal Nisman que, entre otros, involucraba a la ex presidente CFK, sostuvo que la misma “era un mamarracho” ya que “cualquiera que trabaje en el Poder Judicial sabe que ese escrito es descabellado, eso lo hizo alguien que no tiene experiencia que nunca trabajó en un juzgado, que no trabajó seriamente”. Pero a continuación agregó que “si Alberto Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”; y frente a las críticas por tales dichos, fue todavía más allá y e ironizó: “No vaya a ser que Marijuan ahora quiera procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto “, finalizando: “Es un muerto, no lo voy a ahorcar, es absurdo”. Y ya en el llano, Zaffaroni atacó a sus ex colegas de la Corte al decir que “tienen miedo, el miedo del que no es penalista…No es que sean reaccionarios o fascistas. Temen el escándalo periodístico, este terrorismo mediático que sufrimos”. Y no conforme con el exabrupto de calificar de miedosos a sus ex colegas, bien a lo guapo de medios, afirmó que “En América latina, en este genocidio por goteo que estamos viviendo, el equivalente de los judíos de la Shoá son los pibes de nuestros barrios precarios, que están muriendo por miles”, lo cual mereció el inmediato y justificado rechazo de las organizaciones judías.
No obstante el resumido CV de Zaffaroni, nunca pude asumir como católico practicante que el Papa Francisco le concediera un importante cargo nada menos que en el Vaticano al juez prostibulario. En efecto: el Pontífice designar a dos jueces de neta filiación kirchnerista como encargados de sendas instituciones vaticanas. El primero de ellos fue precisamente Zaffaroni como integrante de la Junta Académica Fundadora del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales por el periodo 2023 a 2028; en tanto la restante designación recayó en el juez Roberto Gallardo como titular del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Sin embargo, lo que llama la atención no es la adhesión política de ambos magistrados, sino que, en el caso de Zaffaroni, no se haya tenido en cuenta su escandalosa trayectoria tanto personal como jurídica –que el Sumo Pontífice no podía ignorar- y que de manera alguna se condice con la personalidad que es dable exigir a quien cumplirá funciones en la esfera del Vaticano.
5° Y lógicamente que el adoctrinamiento pergeñado por Zaffaroni pronto encontró fieles seguidores cuyos apellidos no debemos nunca olvidar. Entre ellos cabe mencionar a los fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca, al debatirse el proyecto del nuevo Código Penal sostuvieron que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; que los delitos “son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”; “que el castigo es una solución irracional, una trampa” y que; “ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”; criticando que para combatir la inseguridad se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.
La misma postura han sostenido otros exponentes del abolicionismo como los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues quienes redujeron a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre -hecho no acreditado- esta segunda violación le restaba gravedad a la causa. Y ni qué decir de los jueces Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos. El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma.
En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito. Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”. Precisamente, asumir la defensa del juez López representó para Zaffaroni ser suspendido en la matrícula de abogado, ya que el art. 3, inc. 9° de la ley 23.187 que regula el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la Capital dispone que quien cese en sus funciones judiciales no podrá ejercer la profesión sino hasta pasados dos años de dicho cese. En el caso de Zaffaroni, a los tres meses de haber abandonado la Corte, asumió la defensa de su colega violando abiertamente una ley que como ex juez del Alto Tribunal no podía ignorar. Pero ese es Zaffaroni, trasgresor nato en todo sentido.
6° En la Argentina de la anomia, las decisiones de un grupo de jueces y fiscales patrocinados por el ex magistrado prostibulario, vienen pretendiendo instaurar el mal denominado “garantismo” que -como dijéramos- entre otros aspectos afirma que los medios de comunicación son responsables de causar una “sensación de malestar” en la población; que los delitos no son tales sino sólo “conflictos sociales” y que la pena “es una solución irracional, una trampa” propia del “fascismo y los gobiernos reaccionarios”. Cabe preguntase, entonces, cuando un asesino mata fríamente para robar ¿ese es un “conflicto social” ?; cuando un juez condena a un delincuente, ¿se trata de una “trampa” ?; o cuando nos enteramos de brutales violaciones ¿sólo tenemos una “sensación de malestar”? Esto no es “garantismo” sino “abolicionismo” y por ello la Constitución Nacional asegura en el art. 18 una serie de garantías para todos los habitantes, No existe “mano dura” ni “mano blanda”, sino el estricto cumplimiento de la ley. Como se advierte, ser “garantista” no significa disminuir las penas o defender institutos que hagan que las mismas sean algo ilusorio. Ser “garantista” sólo supone exigir que en el estado de derecho tales principios puedan ser ejercidos en plenitud e igualdad por cualquier persona y en toda circunstancia.
