El municipio que conduce Pablo Garate presentó una demanda contra el Gobierno nacional para recuperar las bonificaciones en las tarifas de gas. Cuestiona los cambios en los descuentos para usuarios residenciales y la exclusión de clubes y entidades comunitarias.
El Municipio de Tres Arroyos inició una acción judicial contra el Gobierno nacional para frenar los recortes al régimen de Zona Fría, que establecía bonificaciones del 30% y el 50% en las tarifas de gas para determinados usuarios.
La presentación busca preservar los beneficios para los hogares y las instituciones de la región, luego de los cambios introducidos por la nueva normativa nacional.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la exclusión de clubes deportivos, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público, que quedaron fuera de las bonificaciones contempladas en el esquema anterior.
El municipio también objeta las modificaciones en el cálculo de los descuentos para los usuarios residenciales. Según los argumentos de la presentación, el nuevo mecanismo reduce la parte de la factura alcanzada por las bonificaciones y disminuye el beneficio económico que reciben los hogares.
El argumento climático
Entre los fundamentos de la demanda, la administración que encabeza el intendente Pablo Garate sostiene que las condiciones climáticas de Tres Arroyos no cambiaron desde la incorporación del distrito al régimen de Zona Fría, en 2021.
Desde el municipio argumentan que las bajas temperaturas generan una necesidad estructural de consumo de gas durante los meses más fríos del año.
Por ese motivo, consideran que las restricciones al beneficio no deberían depender de indicadores socioeconómicos, sino contemplar las condiciones climáticas de cada región.
Más municipios recurren a la Justicia
La presentación de Tres Arroyos se suma a otras iniciativas judiciales impulsadas en la provincia de Buenos Aires para cuestionar la reducción de los subsidios de Zona Fría.
Entre ellas se encuentran las acciones promovidas en Mar del Plata y el partido de La Costa, que también buscan preservar las bonificaciones en las facturas de gas.
Con esta demanda, el gobierno municipal pretende que la Justicia revise las disposiciones nacionales y restablezca las condiciones anteriores del beneficio.
El planteo sostiene que los cambios afectan a los usuarios residenciales y comprometen la capacidad de funcionamiento de instituciones que cumplen un papel social en las comunidades.
