El Tribunal dejó sin efecto la prohibición de ingresar nuevos detenidos a la Unidad 38 de Sierra Chica y ordenó evaluar la situación de las cárceles provinciales en su conjunto. Advirtió que una restricción aislada podría trasladar el problema a otros establecimientos también saturados.
El Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó revisar la situación de la Unidad Penitenciaria N.º 38 de Sierra Chica en el marco de la crisis de sobrepoblación que atraviesa el sistema carcelario provincial.
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía de Estado apelara la medida judicial que impedía el ingreso de nuevos detenidos a ese establecimiento hasta que su población se adecuara al cupo establecido.
En una resolución del 20 de octubre, la Sala I de Casación hizo lugar al recurso, dejó sin efecto el pronunciamiento cuestionado y devolvió las actuaciones a la instancia de origen. Allí deberá dictarse una nueva resolución, con participación de todos los interesados y una evaluación integral y actualizada del sistema penitenciario bonaerense.
El origen de la medida
La controversia comenzó con una decisión del Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Azul. Ese tribunal había ordenado a las autoridades provinciales adecuar la cantidad de personas alojadas en la Unidad 38 a su capacidad y abstenerse de recibir nuevos ingresos.
La disposición contemplaba una excepción para detenidos oriundos de localidades del Departamento Judicial de Azul y que estuvieran a disposición de magistrados de esa jurisdicción. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul había confirmado la medida el 13 de marzo de 2026.
El riesgo de trasladar el problema
Al analizar el planteo, Casación reconoció la existencia de una problemática estructural de sobrepoblación. Según señaló, las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense funcionan por encima de su capacidad técnica.
Sin embargo, advirtió que limitar los ingresos en una cárcel de manera aislada puede trasladar el excedente de detenidos hacia otros establecimientos que también están saturados. Esa situación podría empeorar las condiciones de alojamiento y aumentar los riesgos para la integridad física de las personas privadas de libertad.
El Tribunal retomó los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente conocido como “Verbitsky”. En ese sentido, sostuvo que la crisis penitenciaria requiere una respuesta integral.
La resolución remarcó que las decisiones judiciales sobre una unidad no pueden analizarse sin considerar sus consecuencias sobre el resto del sistema. Una medida destinada a mejorar las condiciones de detención en una cárcel podría perjudicar a quienes sean derivados a otros establecimientos sin plazas disponibles.
