La Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto que establece límites a estos dispositivos en ámbitos públicos y privados. La iniciativa también prohíbe utilizar inteligencia artificial para reconocimiento facial o controlar el desempeño de los empleados.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense avanzó con un proyecto para regular la instalación y el uso de cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo, tanto del sector público como del privado.
La iniciativa obtuvo aprobación por unanimidad y apunta a proteger la privacidad y la dignidad de los trabajadores. Entre sus principales disposiciones, establece que los dispositivos deberán utilizarse exclusivamente con fines de seguridad y prevención de riesgos.
Además, el proyecto prohíbe aplicar inteligencia artificial sobre las imágenes para realizar reconocimiento facial, evaluar el rendimiento laboral o controlar conductas individuales y grupales.
Proyectos vinculados con la memoria
Durante la misma reunión, la comisión también aprobó por unanimidad la creación del Archivo Provincial de la Memoria, que funcionará dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
El organismo tendrá como objetivo recopilar, digitalizar y conservar documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos en las que haya estado comprometida la responsabilidad del Estado provincial.
Por otra parte, obtuvo aprobación por mayoría un proyecto de la senadora Roxana López, de Fuerza Patria, que declara de interés legislativo la labor del Archivo de la Memoria Trans.
La iniciativa reconoce el trabajo de la organización en la recuperación y preservación de historias de vida de personas travestis y trans que fueron históricamente invisibilizadas. Durante el tratamiento, integrantes del espacio participaron de manera virtual y compartieron su experiencia en la conservación de ese patrimonio documental.
La reunión estuvo encabezada por la senadora Amira Curi, de Fuerza Patria. También se aprobaron declaraciones relacionadas con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el 50° aniversario del Apagón de Ledesma, el reconocimiento a víctimas del terrorismo de Estado y el rechazo a las prisiones domiciliarias otorgadas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
