La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó una sentencia contra la Municipalidad de Daireaux y estableció que el gobierno local debe demostrar que realiza el mantenimiento de los caminos rurales y que los fondos recaudados se destinan efectivamente a ese servicio.
La resolución, fechada el 20 de octubre, dejó firme en sus aspectos centrales un fallo de primera instancia que había dado lugar parcialmente al reclamo de un grupo de productores rurales. Los demandantes cuestionaron el tributo al considerar que no recibían una contraprestación adecuada por los montos que debían pagar.
El conflicto se originó en la causa “Cornejo, Pedro José y otros c/ Municipalidad de Daireaux s/ Pretensión Anulatoria”. La Cámara declaró desierto el recurso de apelación presentado por el Municipio y ratificó los principales fundamentos de la sentencia dictada en marzo de 2026 por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen.
Caminos rurales en mal estado y diferencias en los fondos
Entre las pruebas que se incorporaron al expediente, una pericia de ingeniería determinó que el 96% de los caminos rurales relevados presentaba condiciones regulares o malas.
Además, una auditoría contable detectó diferencias entre los ingresos que recibía el Municipio por la tasa vial y los recursos que efectivamente destinaba al mantenimiento de la red.
Según el análisis judicial, esa desproporción alcanzó el 22,95% durante 2022 y llegó al 27,88% en 2023.
A partir de esas conclusiones, el juez Pablo Cristian Germain había dispuesto la nulidad total del cobro para una de las productoras, al comprobar que no contaba con un camino de acceso en condiciones adecuadas. Para los demás demandantes estableció una nulidad parcial y ordenó recalcular los importes.
Qué debe demostrar el Municipio
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que la responsabilidad de acreditar la prestación del servicio corresponde al Municipio y no a los contribuyentes.
En otras palabras, el Estado local debe demostrar que realiza los trabajos de mantenimiento que justifican el cobro de la tasa. No alcanza con establecer el tributo mediante una ordenanza municipal.
La Cámara también sostuvo que los caminos deben garantizar condiciones razonables de acceso a los establecimientos rurales y permitir el traslado y retiro de la producción.
Esto no significa que toda la red vial deba encontrarse en idénticas condiciones, pero sí que el servicio debe prestarse de manera efectiva.
Otro punto cuestionado fue el destino de los fondos. Los camaristas señalaron que los recursos provenientes de una tasa no pueden utilizarse libremente para financiar cualquier otra actividad estatal. Debe existir una relación razonable entre lo recaudado y la inversión realizada en el servicio correspondiente.
Un antecedente para otros municipios bonaerenses
El abogado Jorge Moroni, representante de los productores, destacó la importancia del fallo y consideró que puede convertirse en un antecedente para otros reclamos judiciales vinculados con las tasas viales en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, los planteos comenzaron en 2022 por los montos cobrados y la falta de mejoras visibles en los caminos rurales. Tras agotar las instancias administrativas, los productores acudieron a la Justicia a fines de 2023.
De todos modos, el conflicto todavía no está cerrado. Tanto el Municipio como los productores presentaron recursos extraordinarios para intentar llevar la discusión a una instancia superior.
La resolución se conoce en un contexto de crecientes cuestionamientos de productores rurales al cobro de tasas municipales y podría ser utilizada como antecedente en otros distritos bonaerenses, aunque cada caso deberá analizarse de acuerdo con sus propias pruebas.
Según publicó La Tecla, el criterio judicial que quedó ratificado establece un principio central: los municipios deben demostrar que prestan el servicio por el cual cobran y que existe una correspondencia entre los recursos que reciben y las tareas que realizan.








