Lectura de Domingo: "La Constitución desconocida" por Carlos Baeza

El genial Tato Bores, al finalizar cada programa de su exitoso ciclo televisivo, rescataba este pensamiento de Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”.

La cita viene a cuento ante las reiteradas violaciones de nuestra Constitución Nacional que pasan desapercibidas para la gran mayoría de los habitantes, precisamente por el desconocimiento de la Ley Fundamental elaborada por los Padres Fundadores en 1853.

1° Según enseña Loewenstein, existen Estados en los cuales, merced a su educación política, la Constitución es efectivamente “vivida”; y ello por cuanto el mero texto escrito no llega a funcionar plenamente, si no existe correspondencia entre sus previsiones y el esquema que detentadores y destinatarios del poder han concebido y observado en la práctica, llegándose a una auténtica simbiosis entre la Constitución y la sociedad en la que ella es aplicada.

Estos textos a los que denomina “normativos” se asimilan -en su terminología- a “un traje que sienta bien y que se lleva realmente”. Puede acontecer, por el contrario, que una Constitución -a la que tilda de “nominal”- sea válida desde el punto de vista jurídico, pero que no se adecue al proceso político de un Estado en un momento determinado, quizá porque su promulgación y puesta en vigencia fue apresurada y, por ende, sus normas no se integran aún a la realidad institucional, tal como ocurría con numerosas ex colonias africanas a quienes se les concediera su independencia después de años de sojuzgamiento.

Pero si bien ello puede ser así, se alimenta la esperanza que llegará el momento en que aquella simbiosis se producirá y la Constitución “nominal” se transformará en “normativa”. Siguiendo con el ejemplo: “el traje cuelga durante cierto tiempo en el armario y será puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido. Por último, se da el caso de Estados en los cuales si bien la Constitución es aplicada, ello no pasa de ser una fachada que funciona como sustento de las aspiraciones de ilimitada permanencia en el poder por parte de los detentadores: su texto, concebido para limitar y controlar a los gobernantes, ha sido desnaturalizado por y para ellos. En este tipo, denominado “semántico”, “el traje no es en absoluto un traje sino un disfraz”.

2° En la Argentina de la anomia, muchas cláusulas constitucionales son violadas de continuo, sin que “Doña Rosa” se entere pues como decíamos la cultura cívica aún no ha permeado entre la mayoría de los habitantes. Y algunos pocos ejemplos, servirán como muestra de esta hipótesis.

a) la reforma constitucional de 1994 creó una figura -totalmente inútil, al igual que quienes están a su cargo- que es la del jefe de gabinete (art. 100 C.N). Ahora bien: ¿sabía usted que este funcionario tiene la obligación constitucional de “concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 71...”(art. 101)?

Pues bien: esta cláusula ha sido reiteradamente incumplida por los sucesivos funcionarios que han ocupado el cargo, si tenemos en cuenta que abarcando el periodo de sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año (art. 63 C.N), debieron haber asistido en 9 ocasiones cada año (5 a una cámara y 4 a la restante). Sin embargo, el actual jefe de gabinete -el verborrágico y defensor de causas perdidas Santiago Cafiero- durante 2020 solo lo hizo en 3 ocasiones (30 de julio y 27 de noviembre a Diputados y 7 de octubre al Senado) en tanto que durante 2021 recién asistió por primera vez al Senado el pasado 3 de junio. ¿Sabe usted si alguna vez los legisladores que supimos conseguir intentaron siquiera promover un juicio político por la causal de mal desempeño contra el incumplidor funcionario (arts. 53, 59 y 60 C.N)? La respuesta es: no.

b) no sé si usted sabe que la Constitución Nacional de 1853 disponía que el presidente tenía un mandato de seis años, el que fuera reducido a cuatro en la reforma de 1994; en tanto que el mismo texto dispone que dicho periodo concluye el mismo día en que finalizan los cuatro años, sin que evento alguno pueda prorrogarlo más allá de ese plazo (arts. 90 y 91 C.N). Por tanto, habiendo asumido el presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, su periodo debía concluir indefectiblemente el 25 de mayo de 2007.

Pero ¿sabe qué pasó? Pues que una ley inconstitucional (la 25.716) prorrogó su mandato hasta el 10 de diciembre de 2007, de manera tal que no obstante lo que exige la Ley Fundamental, el mencionado presidente gobernó un total de 224 días más de lo que le correspondía, sin que nadie -los legisladores que supimos conseguir tanto del oficialismo como de la oposición- se hubieran escandalizado por permitir que una ley pudiera modificar la Constitución, lo que ésta prohíbe en su art. 31. ¿Recuerda usted que tamaña violación tuviera alguna repercusión o simplemente se aceptó como algo natural?

c) quiero recordarle también que según nuestra Constitución Nacional, en caso de ausencia permanente del presidente (muerte, renuncia o destitución) es reemplazado por el vicepresidente quien completará el periodo faltante de los 4 años del mandato. Pero si la acefalia permanente fuera de presidente y vicepresidente, el Congreso debe elegir a un funcionario –senador o diputado nacional o gobernador- quien asumirá temporalmente el Poder Ejecutivo y llamará a elecciones para cubrir esos cargos (art. 88 C.N y ley 20.972)). En este marco, a fines del año 2001 se produjo la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa quien ya venía gobernando sin la presencia del vicepresidente Carlos Álvarez el cual igualmente había dimitido.

Frente a ello el Congreso eligió al senador Eduardo A. Duhalde, pero en lugar de imponerle que una vez en el cargo en forma temporal llamara a elecciones, lo facultó a completar el periodo faltante a de la Rúa que recién fenecía el 10 de diciembre de 2003 violentando groseramente los arts. 88 y 94 de la C.N. Si algo hay en el texto constitucional fuera de toda discusión, es que tanto el presidente como el vicepresidente sólo pueden ser electos por el pueblo (art.94); como igualmente que el vicepresidente es el único funcionario legitimado por la misma Ley Fundamental, para que en caso de acefalía permanente del presidente, pueda completar el mandato faltante (art.88).

Sin embargo, en abierta contradicción con el régimen constitucional, el Congreso se arrogó una facultad que la Constitución no sólo no le confiere, sino que deposita en manos del pueblo, cual es la de elegir al presidente y vicepresidente; y al mismo tiempo inventó una figura no prevista por el texto constitucional, cual es la de un “funcionario” que, sin ser el vicepresidente, pudiera finalizar un mandato inconcluso.

Diga que al “presidente” de facto Duhalde no le dio el cuero y renunció a los pocos meses de asumir su ilegal mandato; pero ¿usted recuerda que semejante atropello institucional perpetrado nada menos que por los legisladores que supimos conseguir haya tenido alguna consecuencia? Le aclaro que no.

3° El citado Loewenstein afirma que para el hombre de la calle, la Constitución significa muy poco y que ella necesita tiempo para poder fijarse en la conciencia de una Nación; agregando que “cuanto más tiempo haya estado en vigor tanto más habrá aprendido la comunidad a vivir con sus ventajas y desventajas. Solamente por el hecho de estar en vigor durante largo tiempo una constitución ejerce una poderosa influencia educativa”.

En nuestro caso, el texto sancionado en 1853 tuvo su plena vigencia hasta 1930, lapso de 77 años durante los cuales se produjeran los avances que llevaran a nuestro país a ocupar un sitial destacado en el concierto mundial. Sin embargo, a partir de ese momento se sucedieron las numerosas interrupciones de nuestra vida democrática merced a los golpes de Estado de 1930; 1943; 1955; 1962; 1966 y 1976.

Estudiando las razones que originan las desigualdades entre las naciones, Acemoglu y Robinson, realizan un profundo análisis económico-político de nuestro país que arranca desde antes de 1914 y atravesando el “corralito” llega hasta el gobierno kirchnerista; concluyendo en que para los economistas, “Argentina es un país desconcertante. Para ilustrar lo difícil que era comprender a Argentina, el economista Simón Kuznets, ganador del Premio Nobel, dijo su famosa frase de que existen cuatro tipo de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Kuznets lo pensaba porque, en la época de la primera guerra mundial, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Después, empezó un declive constante en relación con otros países ricos en Europa occidental y Norteamérica y, en los setenta y los ochenta, se hundió completamente”.

Ello, sumado a la característica bipartidista de nuestro régimen hizo que los gobiernos peronistas de 1945 y 1973, así como los radicales de 1958, 1963 y 1983, no recibieron los atributos del mando de sus legítimos antecesores sino de gobiernos usurpadores; y de allí que la transmisión del mando entre ambas fuerzas en el año 1989 significo un acontecimiento de alternancia que no se daba en la república desde hacía 73 años cuando Victorino de la Plaza completando el mandato del fallecido presidente Roque Sáenz Peña traspasara la primera magistratura a Hipólito Yrigoyen.

Sea como fuere, lo cierto es que llevamos 168 años desde la sanción de nuestra Ley Fundamental sin que la misma haya arraigado y se convierta en “un traje que sienta bien y que se lleva realmente”. Las causas de tal desconocimiento resultan difíciles de precisar: si es por indiferencia cívica; por falta de adecuada formación; por los diversos periodos en los cuales su texto no operó plenamente o por otras razones que pueden resultar tan o más valederas que las enunciadas.

Dos caminos pueden ayudar a la superación del problema. Por una parte, la plena vigencia de nuestra Constitución por un período prolongado, con la consiguiente carga educativa que ello implica al echar raíces cada vez más profundas en las prácticas cívicas. Pero el mismo tiempo es menester sembrar desde temprano entre los futuros ciudadanos la semilla de una adecuada formación cívica, que no se limite a ciertas enseñanzas cada vez más dispersas durante algunos ciclos, sino que por el contrario, asuma el carácter de un verdadero compromiso constitucional para el futuro.

Hace unos años, un amigo me obsequió una Constitución española para niños editada en 1982 por la Diputación de Madrid y en cuya presentación se lee: “Tres años después de la fecha histórica del 6 de diciembre de 1978 son pocos todavía los que conocen el contenido de la ley máxima a la que tienen que someterse todos los habitantes de la Nación”. Agrega que “es frecuente escuchar entre los españoles que pasarán más de una y más de dos generaciones en nuestra Nación antes de que exista una mentalidad democrática y cívica.

La Diputación de Madrid, consciente de su papel institucional de defensa de los valores democráticos, de la legalidad y la convivencia, quiere aportar su firme voluntad de influir en los ciudadanos para -desde las edades escolares- mejorar su cultura, su amor a la Patria y a las libertades”.

Y si bien desde 1983 han desaparecido las interrupciones institucionales que otrora afectaran al desarrollo institucional, no ha ocurrido lo mismo a lo largo de estos 38 años en lo tocante al fomento de la educación cívica en la población. Se impone, entonces, con urgencia la adopción e instrumentación de políticas adecuadas tendientes a lograr la progresiva e ininterrumpida formación cívica que permita que los destinatarios del poder “vivan” realmente la Constitución Nacional y para que no sea letra muerta el hecho que -como decía Moreno- cada hombre conozca “lo que vale, lo que puede y lo que se le debe”.

Pero en la Argentina de la anomia no puedo sino pensar que tales propósitos no llegarán a concretarse. Solo es un intento para que las futuras generaciones puedan vivir en una auténtica República.