La diputada de la UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, impulsa el debate de la ficha limpia. Se incorporan ilícitos que no estaban comprendidos, entre ellos, delitos contra la vida, la integridad sexual, que además comprende la difusión de pornografía infantil y el ciberacoso, contra el Estado Civil, y contra la Libertad, como lo son el secuestro o la trata de personas.
A la par del debate que iniciará la próxima semana en el Congreso de la Nación, desde el bloque opositor de la UCR + Cambio Federal empujan proyectos en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para inhabilitar la competencia electoral de quienes cuenten con antecedentes penales, conocidos como ficha limpia.
En los últimos días, la diputada de San Andrés de Giles, María Belén Malaisi, ingresó por mesa de entrada de la Cámara baja un nuevo texto de ficha limpia que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, para que no puedan ser elegidas a cargos partidarios las personas condenadas a penas privativas de la libertad, aun cuando no sea de cumplimiento efectivo.
La iniciativa, viene a complementar un proyecto de la senadora, Lorena Mandagarán, que ya comenzó a ser tratado en la comisión Reforma Política y Régimen Electoral, que preside la legisladora del radicalismo, Nerina Neumann. En el Senado bonaerense, también convive una propuesta de La Libertad Avanza, con similares características.
Dentro de las particularidades del proyecto de ficha limpia de Malaisi, se destaca la incorporación de delitos que no estaban comprendidos en otros textos que fueron debatidos en Legislatura bonaerense. Entre ellos, aparecen los delitos contra la vida, la integridad sexual, que además comprende la difusión de pornografía infantil y el ciberacoso, contra el Estado Civil, y contra la Liberad, como lo son el secuestro o la trata de personas.
“Entendemos que esta provincia debe limitar el acceso de las personas que han cometido estos delitos a cargos partidarios y más allá de que el condenado ha purgado su cometido con la pena privativa de la libertad, la Convención Americana de Derechos Humanos da una posibilidad de que el Estado limite aún más a las personas que pueden acceder a esos cargos partidarios”, fundamentó Malaisi, en su proyecto de ficha limpia.
En la misma sintonía que Malaisi, el articulado de ficha limpia de Mandagarán busca prohibir las candidaturas de personas condenadas por delitos contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra el estado civil, supresión y suposición del estado civil y de la Identidad, contra la libertad, contra la propiedad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional.
Vale destacar, que esta semana, la diputada gilense también presentó otro proyecto para extender la ley de ficha limpia a quienes quieran ser designados en los cargos políticos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Consideramos que las personas designadas a un cargo de un Ministerio, Secretaria, o algún otro organismo provincial no solo debe ser idónea, sino que además debe ser una persona comprometida con el respeto del ordenamiento jurídico”, señaló Malaisi, en el articulado.
Es preciso mencionar, que a la par de los proyectos que empujan desde el bloque de la UCR + Cambio Federal para la segunda parte del 2024, la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a tratar el próximo martes varios proyectos de ficha limpia en un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar.
Los textos de ficha limpia que se debatirán a nivel nacional proponen modificar la Ley 23.298 (Partidos Políticos) para establecer la prohibición para que condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones. Hay iniciativas presentadas por diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.
Vale recordar que, durante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de marzo, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que impulsaría un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.
