El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a Brunello por hechos que perjudicaron a 42 víctimas. Asimismo, el Juzgado Federal N°1 bahiense elevó la investigación seguida contra Montezanti por su participación en el grupo paraestatal Triple A.
La Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, representada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Paula Molini, Pablo Fermento y José Nebbia, solicitó este miércoles la elevación a juicio de la investigación seguida contra el exmilitar Roberto Carlos Brunello por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.
Por otra parte, el 21 de diciembre pasado, el Juzgado Federal Nº1 bahiense clausuró la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra el ex camarista Néstor Luis Montezanti, acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A, que actuó en Bahía Blanca y a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre los años 1974 y 1975.
Pedido de elevación a juicio de la causa contra Brunello
La Unidad de Derechos Humanos solicitó este miércoles que Roberto Carlos Brunello vaya a juicio como responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de 42 víctimas, además de los abusos deshonestos cometidos en perjuicio de una de las mujeres secuestradas.
Al momento de los hechos, Brunello era el jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, la cual tenía a su cargo la ejecución de los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad. El acusado también integró la plana mayor del mismo batallón, en la doble calidad de oficial de Inteligencia (S2, en la jerga castrense) y oficial de Personal (S1) y ayudante del jefe.
Brunello había sido imputado en 2013 y estuvo prófugo durante casi ocho años, hasta que fue capturado el año pasado en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Tras ser indagado, el 19 de agosto pasado, el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca lo procesó.
La decisión fue parcialmente confirmada el 1 de diciembre por la Cámara Federal, la que -por otra parte- dictó la falta de mérito por el único homicidio por el que había sido procesado. Se trata de la desaparición forzada del conscripto Manuel Alberto Ruzo, destinado a la compañía que encabezaba el imputado. Además, Brunello intervino personalmente en el sumario por deserción a través del cual se intentó ocultar la desaparición de la víctima. La falta de mérito fue recurrida por la fiscalía.
Entre los casos por los que será juzgado, se encuentra el de una víctima que sufrió diferentes situaciones de abusos sexuales e intentos de violación en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181. El caso es uno de los únicos dos que, a la fecha, han podido ser llevados a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales– tras la negativa del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca -que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de aquella ciudad- de llamar a indagatoria a diversos acusados por los hechos.
Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían testimonios y otros elementos de prueba independientes que permitirían acreditar su ocurrencia. El caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Elevación a juicio de la investigación seguida a Montezanti
Por otra parte, el 21 de diciembre el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca hizo lugar al pedido de clausura de la investigación y elevación a juicio de la investigación que involucra a Néstor Luis Montezanti, quien se desempeñó como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense hasta el 2016, cuando fue acusado como autor del delito de asociación ilícita en concurso real con el de intimidación pública, calificados como crímenes de lesa humanidad.
El ex camarista será juzgado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A, que actuó en Bahía Blanca, y a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre los años 1974 y 1975. La existencia de la asociación ilícita fue reconocida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense en la sentencia dictada el pasado año en la causa “Triple A”, por la que fueron condenados cuatro integrantes del mismo grupo.
Montezanti también deberá responder por el delito de intimidación pública, en virtud de la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) entre agosto y noviembre de 1974. Dicho episodio fue acreditado por numerosas declaraciones de estudiantes que dieron cuenta de la presencia del acusado, junto a otros integrantes armados de la “Triple A”.
La ocupación del predio educativo fue la antesala de la actuación del grupo paraestatal en 1975 en la Universidad Nacional del Sur, en cuyas instalaciones, el 3 de abril de aquel año, tres miembros de la asociación ilícita asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo.
En las actuaciones judiciales iniciadas, en aquel momento, por este homicidio, Montezanti fue designado por uno de los autores, Jorge Argibay, como su abogado de confianza. Se trata de uno de los numerosos vínculos que la fiscalía pudo reconstruir entre el acusado y los restantes miembros del grupo paraestatal.
Al respecto, el requerimiento de la fiscalía analizó -entre otros extremos– la continuidad de Montezanti en el ejercicio de roles dentro del entramado delictivo, hasta su incorporación formal como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca entre los años 1980 y 1982.
El 27 de julio de 2015, Montezanti fue imputado, pero recién pudo ser indagado el 16 de febrero de 2018, tras su renuncia como juez de la Cámara Federal bahiense. Hasta esa fecha, el acusado no había comparecido a las citaciones, lo que condujo a que se decretara su rebeldía y prohibición de salida del país. Tras ser indagado, el 23 de septiembre de 2020, el juez federal Walter López Da Silva lo procesó en orden a los delitos por los que ahora es requerido a juicio. El 12 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la decisión. (ficales.gob.ar)
