Con cambios al proyecto original, el Ejecutivo obtuvo el acompañamiento de lo que fuera Juntos. La nueva ley pone tope de máximos al aumento del inmobiliario en 200% en lugar de 300%. Fondos garantizados para los municipios
Tras una larga negociación, el gobierno bonaerense consiguió los votos del PRO, un sector de la UCR y la Coalición Cívica -ésta fuerza solo en la Cámara de Diputados- para aprobar la ley fiscal impositiva 2024 y un pedido de endeudamiento por una suma similar a $1800 millones de dólares. Para obtener el respaldo, el Ejecutivo bonaerense tuvo que ceder ante los pedidos de la oposición a lo que era el proyecto original que pretendía votar. Los proyectos se terminaron de aprobar en una doble sesión en la madrugada de este viernes.
La iniciativa original buscaba un incremento impositivo para el inmobiliario urbano y rural que iban del 140 al 300%; aunque éste último tope solo alcanzaba al 10% del total de las partidas. Ahora para el tope máximo el incremento será del 200%. Más allá de los cambios que obtuvo la norma, fuentes del Ejecutivo remarcaron que los impuestos patrimoniales mantienen la progresividad, con topes diferenciados para que aporten más los que mayor riqueza tienen. Además, se logró incluir una cuota extra del rural y una cuota extra del urbano solo al 10% de las partidas de más alta valuación.
Las negociaciones fueron arduas. La evaluación que hace el Ejecutivo es el espacio que supo integrar Juntos “defienden a los que más tienen, bajando los topes de 300% a 200% para que tribute menos el 10% de la población de más alto patrimonio”. La baja en el tope porcentual será compensada con la cuota extra.
En la oposición que terminó acompañando las iniciativas destacan que se frenó la creación de más estructuras, cargos y nombramientos políticos que se proponía en la Ley de Emergencias.
“Hasta último momento estuvimos acomodando papeles. Hubo un gran trabajo de este honorable cuerpo para buscar acuerdos. El gobernador entiende el valor republicano y que es en la búsqueda de consensos donde se efectiviza”, dijo el senador por Unión por la Patria, Marcelo Feliú.
El senador habló de incertidumbre que genera la situación macroeconómica con las últimas medidas del gobierno nacional, pero planteó que por sugerencia de la oposición se establecen topes en las categorías más altas que “significa también darle certidumbre a los contribuyentes, pero que va a tener un límite menor al que se difundió (es decir el 300% originario)”. Feliú destacó también la decisión que en la ley impositiva exima a los afectados por la tormenta en Bahía Blanca del pago del impuesto inmobiliario urbano.
Por su parte, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Guillermo Rabinovich se refirió a la decisión de la quita del impuesto a la ganancia de parte de la nación y su impacto en los municipios de la coparticipación de ese tributo: “Cuando dijimos que nos parece que si subimos los impuestos patrimoniales esto va a hacer muy difícil de pagar nos dijeron…’no se dan cuenta de los niveles de inflación’. Sí, claro que nos damos cuenta. Advertimos sobre este nivel de inflación y la inflación se paga”.
“Siempre van a tener de parte nuestra la escucha. Eso es lo que conforma finalmente la democracia en la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Por su parte el presidente del bloque de Senadores de la UCR, Agustín Máspoli, aseguró que “el proyecto original de Kicillof contemplaba aumentos de hasta un 300% y hemos logrado llegar a un acuerdo para que el mismo no supere la inflación anual”.
“La gente tiene problemas reales que requieren soluciones reales. El Estado debe acompañar y salir de la gestión del parche. El gran desafío del gobernador es salir de lo urgente y avanzar en lo importante porque esa es la única manera de contar con una Buenos Aires de pie”, agregó.
La Legislatura también votó un pedido de endeudamiento nominado en $1800 millones de dólares que será exclusivamente para el rollover de los compromisos de deudas que acarrea el Gobierno bonaerense, en otra de las condiciones en las que se impuso parte de la oposición.
“Muchas de esas deudas vienen de años anteriores y nos toca resolverlo este año”, planteó el diputado provincial de Unión por la Patria, Juan Pablo De Jesús; quién fue el miembro informante del proyecto del Ejecutivo.
En ese proyecto de endeudamiento, el Ejecutivo, además, pedía la prórroga de las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; además de la emergencia social, económica, productiva y energética. La iniciativa que la semana pasada el gobierno de Kicillof giró a la Legislatura solicitaba que la renovación de las emergencias sea por dos años. Sin embargo, en el tren de la negociación se acordó que finalmente sea hasta marzo del 2025.
Los intendentes del radicalismo y el PRO venían reclamando que para tratar el proyecto impositivo y el pedido de endeudamiento, el gobierno bonaerense primero debía cubrir las deudas que tenía con las gestiones locales por prestaciones en IOMA e IPS. “Hasta que no se paguen esas deudas no nos íbamos a sentar en las bancas”, aseguró en la previa un senador del radicalismo. Al caer la tarde, en los municipios empezaron a impactar las transferencias.
Desde hace semanas que una comitiva integrada por los intendentes Maximiliano Suescún (Rauch) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), además de los diputados Diego Garciarena (UCR), Agustín Forchieri (PRO) y los senadores Agustín Máspoli (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO) vienen reuniéndose con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En esas conversaciones estuvo sobre la mesa la creación de un fondo especial para los municipios por 116 mil millones de pesos.
La mecánica será de libre disponibilidad y bimestral para darle mayor celeridad. Como sucede con la ley fiscal, ese fondo de asistencia. De ese total de 116 mil millones, cerca de 30 mil millones están destinados a distritos de la oposición. El resto para los peronistas, que aglutinan 84 municipios.
Además, tanto el PRO como la UCR consiguieron quitar del proyecto de endeudamiento, dos artículos que creaban empresas estatales para la atención de Salud. Las iniciativas le daban forma al Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. En la antesala, el PRO sostenía que no había urgencia de tratar esos proyectos en la sesión de este jueves. Se terminó acordando que serán leyes individuales y pasarán su debate por las distintas comisiones durante el 2024.
En la previa a la sesión, desde uno de los bloques libertarios habían denunciado un “pacto” entre el PRO y la UCR para acompañar las iniciativas. “La responsabilidad de la posible aprobación de estas iniciativas será de los legisladores del PRO y de uno de los bloques de UCR, quienes vienen prestando acuerdos poco transparentes con el oficialismo hace más de 4 años, y que disfrazados de opositores traicionan la voluntad del pueblo bonaerense que los votó”, remarcó el diputado del bloque Libertad por Siempre, Fabián Luayza.
Sin embargo el senador de Libertad Avanza, Sergio Vargas, anunció que su bloque en la Cámara alta iba a acompañar “este proyecto de ley”; aunque rechazaron en particular, los artículos 39, 40, 41, 42 y 43. “Este espacio político -Libertad Avanza- a nivel nacional tiene como política tributaria tender a la unificación, claridad y transparencia en las leyes tributarias. No acompañamos una presión fiscal desmedida. Advertimos que no hay un control eficaz. No escapa a nuestra visión en que el 40% del PBI es generado por los bonaerenses. Lo que debemos discutir es como resolver esta inequidad que nos aqueja a todos los bonaerenses”.
