La condena recayó sobre Andrés Omar Ombrosi, cuya defensa apelará. Fue por unanimidad y no podrá volver a ejercer la función pública. Fue la persona de confianza del ex intendente bahiense en la cartera provincial. Seguirá en libertad hasta tanto la sentencia adquiera firmeza y el fallo sea confirmado en instancias superiores.
Andrés Omar Ombrosi fue hallado culpable en primera instancia del delito de partícipe primario de “peculado” y condenado este martes a 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de la función pública por el Tribunal Oral Criminal I de La Plata que hizo lugar al pedido de los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo, pedido que fue acompañado además por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires representada en este juicio por el abogado Homero Esteban Picone. El condenado, sin embargo, seguirá en libertad hasta tanto la sentencia adquiera firmeza y el fallo sea confirmado en instancias superiores.
En su alegato los fiscales dieron por acreditado que Ombrosi participó de la maniobra que le permitió a exfuncionarios del Astillero Río Santiago (ARS) apoderarse ilegalmente de unos 4 millones de dólares entre 2012 y 2013. La mayoría de los acusados aceptó su responsabilidad y presentó un acuerdo de juicio abreviado que todavía debe ser resuelto por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Paolini y Huergo sostienen que el acusado aportó información con la que se redactaron 10 contrataciones de personal superior de Astillero, aunque el acusado solo reconoció cinco hechos y reiteró que nunca supo cuál era el fin con el que se le pidió esa documentación.
Luego de los alegatos Ombrosi hizo uso de su derecho de decir las últimas palabras en el debate. Aseguró no haber cometido ningún delito ni actuar con intención criminal (“dolo”) y agregó: “Entiendo que me investiguen y reconozco la labor de los fiscales pero mi participación no fue de mala fe, confío en la justicia”.
Ombrosi fue el único acusado en ir a juicio. Fue funcionario del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires durante el segundo mandato de Daniel Scioli. El resto de los acusados (Héctor Scavuzzo, Roberto Fiocca, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio) reconocieron su responsabilidad en el marco de juicios abreviados que deben ser resueltos por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Nadie se explica por qué no avanza la causa que sigue abierta sobre la figura del exministro Cristian Breitenstein, quien en la actualidad reside en Alemania.
Se estima que la maniobra fraudulenta fue por unos 16 millones de pesos del erario provincial mediante la confección de contratos como personal jerárquico del ARS con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana. No hay recibos de sueldos firmados por los contratados. El dinero era trasladado mensualmente en camiones de caudales y se ensobraba en una oficial del Astillero. Un instructor de Policía Judicial explicó cómo era la ruta del dinero ensobrado y los contratos truchos.
LA CAUSA
La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo. Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.
“Entre los meses de enero de 2012 y diciembre de 2014, el presidente de Astillero Río Santiago, con la colaboración de otras personas, sustrajo de acuerdo a la figura de Peculado importante suma de dinero bajo el disfraz de falsas contrataciones de distintas personas que hacía figurar cumpliendo distintas funciones en el área de Presidencia, y otras áreas cercanas”, dijo el fiscal Paolini.
Según confirmó, la causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.
Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación. Los otros aprehendidos, considerados por la Justicia como “colaboradores necesarios” fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.
LA MANIOBRA
Los investigadores descubrieron que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de “indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde”. En rigor, lo que se juzgará es la presunta participación de exfuncionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.
Según consta en la denuncia, Paolini consideró que hay “indicios vehementes y semiplena prueba” del delito de peculado cometido “entre al menos los meses de enero de 2012 y diciembre de 2013” y la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la “liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero”, por la suma total de $16.100.478. Una vez efectuada la liquidación -afirmó el fiscal en la instrucción de la causa-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de ARS, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados.
“Para poder llevar a cabo esta maniobra -continuó Paolini-, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo (diseñado unos meses antes de la asunción del presidente aquí imputado), por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de Personal Superior en un único área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior”.
El final del recorrido es la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública, que está bancarizada, de manera “inexplicable”, según escribió Paolini en el expediente. “Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero (cerca de dos millones de pesos mensuales, en ese entonces el valor del dólar oficial era inferior a $10) en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia -en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva”, consideró.
EL ROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ordenó que Scavuzzo debiera reintegrar más de 90 millones de pesos al Estado provincial. La decisión se dio tras detectar irregularidades por gastos ocasionados en esa empresa durante su gestión, en una causa iniciada por “peculado”. “Es importante lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas de la provincia”, expresó entonces Paolini a la agencia Télam e indicó que esa decisión corrobora “todas las pruebas recolectadas” durante su pesquisa.
“Ya había comprobado que Scavuzzo hizo gastos que no correspondían. Le había imputado que realizaba gastos del Astillero para uso personal, como pagar alojamientos o cenas que no correspondían a su función”, resaltó el fiscal. El Tribunal de Cuentas de la provincia auditó todos los movimientos contables registrados durante la gestión de Scavuzzo, y detectó una serie de “irregularidades”, como gastos personales hasta la liquidación de sueldos a empleados “ñoquis”, que en algunos casos ascendían a unos $400 mil por año. Se detectaron irregularidades por $90.779.046, que Scavuzzo deberá restituir “para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal”.
La disposición del Tribunal de Cuentas también alcanza al excoordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros, Rodolfo Elisetch, y en el fallo de más de 100 fojas, el organismo destacó “gastos con faltante de documentación de respaldo”. En su declaración indagatoria ante el fiscal Paolini, Scavuzzo declaró contra el ex ministro de la Producción de entonces, Cristian Breitenstein, ya que según dijo el exfuncionario se presentaba “en persona” para llevarse los sueldos de esos empleados.
Breitenstein, por su parte, negó en aquella oportunidad estar comprometido e indicó que en su función como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología estaban bajo su órbita las áreas de Industria, Minería, Comercio, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales, PyMEs, Puertos, Fogaba y Astillero Río Santiago.
“Estos dos últimos, con absoluta independencia funcional. Es decir, yo no los administraba. Para ser más claro, ambos tenían su presidente, su directorio (en el caso de Fogaba) y su propia estructura administrativa independiente del Ministerio”, afirmó y agregó: “Yo no tenía firma en esos ámbitos (con algunas excepciones muy particulares) y sus presidentes eran designados por el gobernador”. “No tuve la menor injerencia en la administración del día a día en esos lugares y menos aún firmé contratos ni dispuse movimientos de dinero ni retiré ni mandé a retirar recurso alguno”, enfatizó y cerró: “ARS es una empresa que percibe recursos del Estado y de los privados y tiene un régimen de contratación de la actividad privada que tiene rotación de personal, y en algunos casos se requiere de gente por cortos plazos”. (0221)
