La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la condena a Pablo Víctor Cuchán por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género —en dos hechos— y amenazas, en el marco de una causa iniciada por hechos ocurridos entre 2022 y 2023. El tribunal rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificó la pena impuesta por el Juzgado Correccional N°1.
Los jueces Gustavo Ángel Barbieri y Natalia Margarita Giombi desestimaron los argumentos de la defensa, que cuestionaban la valoración de la prueba, el relato de la víctima y la determinación de la pena. En la sentencia, destacaron que las lesiones y amenazas habían sido acreditadas mediante informes médicos, declaraciones testimoniales y pericias psicológicas.
Entre los hechos, se detallan situaciones de violencia física y psicológica hacia una mujer con la que Cuchán mantenía una relación. En una oportunidad, la víctima fue quemada en las rodillas durante un forcejeo. En otro episodio, relató que el acusado la tomó del cuello y le tapó la cara con una bufanda o frazada. También se tuvo por probado que le dijo: “Los dos se iban a morir”.
La sentencia subraya que, si bien la víctima manifestó que no consideraba que la cárcel fuera la mejor solución y relativizó algunos episodios, igualmente brindó un testimonio consistente y acompañado por elementos objetivos —como las lesiones constatadas— que permiten acreditar los hechos.
Los jueces también rechazaron los agravios respecto a la pena —3 años de prisión— y respaldaron la consideración de agravantes como la nocturnidad y los antecedentes penales del acusado, condenado previamente por homicidio.
La resolución fue registrada el 18 de julio de 2025 y lleva las firmas de los jueces Barbieri y Giombi. El caso vuelve a poner en foco el accionar de Cuchán, condenado en 2004 por el femicidio de Luciana Moretti y liberado en 2015 tras cumplir parte de su condena.
La confirmación de la condena refuerza la importancia de la perspectiva de género en el tratamiento judicial de hechos de violencia, y ratifica la vigencia de los principios de protección a las víctimas consagrados en la normativa vigente.
