La AJB volvió a prender las alarmas sobre el estado crítico del sistema judicial en la provincia, y advirtió que hay un colapso estructural los juzgados de garantías.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a prender las alarmas sobre el estado crítico del sistema judicial en la provincia, y esta vez, lo hizo a través de un informe elaborado por su Centro de Información y Formación (CIyF), que detalla que hay un colapso estructural los juzgados de garantías desde 2003.
“No hay margen para dilaciones. La Justicia penal de la provincia necesita respuestas estructurales y políticas públicas que estén a la altura de la emergencia”, advirtieron desde la AJB, que basaron el relevamiento en datos de la Suprema Corte bonaerense y advirtieron que la situación está caracterizada por un crecimiento exponencial de causas, escasa incorporación de personal, pérdida de capacidad resolutiva y deterioro de las condiciones laborales.
Uno de los datos más contundentes del trabajo es el volumen de causas iniciadas, dado que en 2024 se alcanzó el récord histórico con 184.495 nuevas causas, un 25% más que el año anterior y un incremento del 119% respecto a 2020. Los departamentos judiciales que registraron subas extraordinarias en ese período fueron Berazategui con 283%, Quilmes con 254%, Florencio Varela y Olavarría con 231%, Cañuelas con 215% y Pilar con 205%. En tanto que, a nivel interanual, Avellaneda-Lanús encabezó el crecimiento con un 85% más de causas que en 2023.
Este crecimiento, sin embargo, no estuvo acompañado por un refuerzo proporcional en la dotación de personal, ya que según informó la AJB desde 2003, el aumento general de trabajadores judiciales fue del 188%, pero en muchas jurisdicciones el personal se mantuvo igual o incluso disminuyó. Por ejemplo, Pilar y Olavarría no sumaron trabajadores desde 2019 pese a duplicar sus causas, mientras que en Quilmes aumentó apenas un 4% frente a un incremento del 254% en causas.
En rigor, la Asociación denunció que actualmente son 33 los juzgados de garantías cuentan con menos personal que en 2015 y 22 mantienen la misma planta desde hace diez años. Esta falta de recursos genera una sobrecarga laboral sostenida, que afecta tanto a los trabajadores del sistema judicial como al acceso a la justicia por parte de la población. “No se trata solo de estadísticas; detrás de cada número hay personas”, señalan desde la AJB.
Por caso, en 2024, el promedio provincial de causas iniciadas por juzgado fue de 1.827, pero en Cañuelas y Ezeiza ese número fue un 134% y 118% más alto, respectivamente. A nivel individual, los judiciales bonaerenses manejaron en promedio 154 causas, aunque en las mismas jurisdicciones esa cifra se duplicó. San Nicolás, Junín y Moreno-General Rodríguez también registraron cargas muy por encima del promedio.
Como consecuencia directa de esta situación, la capacidad de resolución de causas se desplomó y así quedó demostrado en 2024, cuando se resolvieron apenas el 37% de las causas iniciadas, una caída drástica frente al 71% registrado en 2018. En departamentos como Ezeiza, Florencio Varela, San Nicolás y Avellaneda-Lanús, ese porcentaje se ubicó incluso por debajo del 30%.
El panorama se agrava aún más con la existencia de juzgados de garantía que fueron creados por ley pero nunca habilitados, según precisaron desde la Asociación de Hugo Russo, actualmente hay nueve estamentos en esa condición. Para la AJB, su falta de puesta en marcha constituye un incumplimiento institucional que impide descongestionar zonas críticas.
Ante este escenario, la Asociación Judicial Bonaerense renovó sus reclamos históricos por la incorporar personal de forma urgente, habilitar los juzgados pendientes, rediseñar la gestión judicial con enfoque en salud laboral, e invertir seriamente en infraestructura, tecnología y condiciones de trabajo.
La crisis de los juzgados de garantía llegó a los Tribunales de Trabajo
El colapso no se limita al fuero penal, ya que la AJB también expuso recientemente la situación crítica de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que en 2024 alcanzaron su pico histórico de causas iniciadas. Según el relevamiento, el incremento fue del 3,4% respecto a 2023 y del 86,4% en comparación con 2020, pero con un plantel de personal que creció apenas un 30% desde 2003.
En promedio, los tribunales laborales aumentaron su carga de trabajo un 207% en dos décadas, sin una correlación con el nombramiento de magistrados. De los 73 tribunales existentes, solo 22 tienen todos los jueces designados y permanecen vacantes 71 cargos, el 32,4% del total. Mientras tanto, distritos como Moreno-General Rodríguez y Pilar siguen funcionando con un solo tribunal cada uno, duplicando el promedio provincial de causas por dependencia.
La situación es especialmente crítica en San Martín, donde las causas aumentaron un 248% en los últimos diez años, pero la planta de personal se redujo un 7%, mientras que en Olavarría, la dotación bajó un 25% frente a un aumento del 34% en expedientes. Este desfase se traduce en juicios que se extienden más de 700 días en promedio, y hasta 950 días en La Plata y San Isidro.
Aunque el Senado bonaerense avanzó este año con la aprobación de pliegos judiciales, desde la AJB insisten en que se trata de una medida parcial y que no alcanza a revertir la magnitud del déficit. Por eso, el gremio volvió a exigir la cobertura urgente de vacantes, la puesta en marcha de los organismos ya creados y una silla en el Consejo de la Magistratura para poder intervenir en la selección de magistrados. (diputadosbsas)
