Se trata de Emiliano Jesús Veralli y Gisela Soraya Trujillo, quienes están imputados por asociación ilícita y 20 hechos de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito.
Desde el lunes 10 y hasta el miércoles 12 de febrero, en dependencias del Tribunal en lo Criminal N.º 1, se desarrollará el juicio oral para analizar la conducta de Emiliano Jesús Veralli y Gisela Soraya Trujillo acusados de asociación ilícita y de 20 hechos de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito en Bahía Blanca y Saavedra.
Según la investigación, realizada por la UFIJ N.º 18 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos se registraron entre marzo y julio de 2021 cuando Veralli y Ezequiel Constazo Rodríguez -quienes se encontraban alojados en la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra- junto a Trujillo y otras personas no identificadas, acordaron y organizaron la distribución de tareas logísticas para adquirir mercadería a través de compras telefónicas.
Esas transacciones eran abonadas con tarjetas de crédito de terceros, se realizaban las entregas y más tarde, cuando las operaciones eran desconocidas por los titulares y denunciadas a los bancos, eso generó un perjuicio económico a varios comerciantes de diversos rubros como ferreterías, blanquerías y colchonerías.
Además, en algunos casos la mercadería era retirada por fleteros o empresas de transporte y ofrecida a la venta a través de Marketplace. En esos casos, Trujillo era la encargada de retener las compras ilícitas en su domicilio hasta que se llevaba a cabo la reventa.
También, se logró determinar la participación necesaria de Mario Alberto Marín en dos defraudaciones mediante el retiro de mercadería, con el conocimiento de que se encontraba participando de una actividad ilícita.
Veralli y Trujillo llegan a juicio imputados de los delitos de asociación ilícita y 20 hechos de defraudación. Constanzo Rodríguez fue condenado en juicio abreviado a la pena de 8 años de prisión y Marín recibió una suspensión de juicio a prueba, reglas de conducta por 2 años y se acordó una reparación económica para los comerciantes afectados.
