El Senado bonaerense otorgó media sanción a un proyecto de ley que habilita a los municipios a destinar hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de infraestructura hídrica durante un plazo de 180 días. La iniciativa, impulsada por el senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, busca facilitar trabajos para prevenir inundaciones y mejorar el drenaje.
El proyecto contempla la posibilidad de utilizar esos recursos para ejecutar obras de drenaje pluvial, realizar tareas en canales, reparar alcantarillas y adquirir equipamiento hídrico. Tras su aprobación en la Cámara Alta, la propuesta fue girada a Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta de los municipios ante las emergencias climáticas y los riesgos de inundaciones, especialmente frente a los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño.
Qué establece el proyecto
Actualmente, el 20% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se distribuye entre los municipios, con la condición de que esos fondos se destinen al mantenimiento de la red vial rural.
La propuesta de Vargas, que también lleva la firma de la senadora Silvana Ventura, establece una excepción temporal a ese esquema. Durante 180 días, los distritos podrían utilizar hasta la totalidad de esos recursos para financiar obras hídricas.
Durante el debate, Vargas defendió la iniciativa al señalar que los intendentes necesitan mayor flexibilidad para atender las necesidades de sus comunidades.
“Con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen fuertemente cuáles son las necesidades de sus vecinos”, sostuvo el legislador.
Además, argumentó que las inundaciones y el desborde de los canales pueden afectar los caminos rurales y dificultar la actividad productiva. Según su postura, ampliar las posibilidades de utilización de los fondos permitiría intervenir de manera más integral ante esas situaciones.
CARBAP advierte por el mantenimiento de los caminos rurales
La iniciativa generó reparos en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que manifestó su preocupación por la posibilidad de que los recursos destinados al sector rural terminen financiando obras en zonas urbanas.
El principal cuestionamiento apunta a que el proyecto no establecería una distinción geográfica que limite la utilización de los fondos a intervenciones en áreas rurales.
Desde la entidad señalaron que la normativa debería precisar que las obras financiadas con esos recursos se ejecuten en el ámbito productivo, para evitar que se reduzcan las partidas destinadas al mantenimiento de los caminos de tierra.
También compararon la situación con los cuestionamientos que existen sobre el destino de la tasa vial en algunos distritos y advirtieron sobre el riesgo de que se posterguen trabajos necesarios para garantizar la circulación de productores y el transporte de la producción agropecuaria.
La iniciativa deberá tratarse en Diputados
El proyecto aprobado por el Senado establece una facultad para los municipios, no una obligación. Por lo tanto, cada intendente podría decidir si utiliza los recursos para obras hídricas durante el período previsto.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Diputados bonaerense, donde podrá avanzar hacia su aprobación definitiva.
Mientras tanto, el debate se centra en cómo compatibilizar la necesidad de ejecutar obras para prevenir inundaciones con la continuidad del mantenimiento de la red vial rural, una infraestructura clave para la producción agropecuaria de la provincia.
