Será el próximo 7 de abril y los primeros casos que empezaran a analizarse son los de las víctimas del Batallón de Comunicaciones 181, por los hechos ocurridos en marzo de 1976. En el debate, están previstas 300 testimoniales.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca comenzará el próximo jueves 7 de abril, a partir de las nueve de la mañana, a escuchar las primeras declaraciones testimoniales en el juicio por la Megacausa “Zona 5” en donde se juzga a 38 ex militares y a ex policías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. En el debate, intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y los auxiliares fiscales Paula Daniela Molini y Pablo Vicente Fermento.
Los primeros casos que se analizarán son los de las víctimas del Batallón de Comunicaciones 181, por los hechos ocurridos en marzo de 1976, durante el primer tramo de la dictadura cívico militar, cuando se cometieron decenas de detenciones de personas del ámbito gremial. Está previsto que se tomen 300 declaraciones a lo largo de todo el debate.
La megacausa “Zona 5” aborda el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Según la hipótesis fiscal, dentro de la organización del Batallón de Comunicaciones 181, estaban los Grupos y Secciones Antiguerrilla de la Compañía de Combate My. Keller. En consonancia con la jefatura del Área militar 511 que ejercía el Batallón, aquellos elementos operativos insertos en la unidad realizaron los procedimientos de violación de domicilios y secuestro de numerosas víctimas en la ciudad de Bahía Blanca y en distintas localidades de la región como Villarino, Dorrego y Tres Arroyos.
Por otra parte, las dependencias de la unidad militar funcionaron como centro clandestino de detención y tortura de las personas que fueron secuestradas en aquellos operativos o trasladadas desde otros lugares de detención. En total, setenta de las víctimas, cuyos hechos conforman el objeto procesal de la causa, fueron mantenidas cautivas en las instalaciones de la unidad.
Uno de los centros clandestinos que operó en el Batallón de Comunicaciones 181 fue “El Gimnasio”, un espacio amplio ubicado en el primer piso de uno de los edificios de la sede, en el que permaneció cautiva la mayoría de las víctimas. Allí, los secuestrados eran mantenidos aislados e incomunicados del exterior, bajo la custodia de personal militar armado. Además, las víctimas fueron sometidas a interrogatorios en otra dependencia de la misma unidad militar, en el que se registraron prácticas de torturas, de acuerdo a lo investigado por el Ministerio Público Fiscal.
Cuestiones Preliminares
En la última audiencia del 31 de marzo, el tribunal -integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- rechazó por unanimidad las cuestiones preliminares planteadas por los abogados defensores al respecto de la violación a la garantía de juez natural, la prescripción de la acción penal y la violación al principio de congruencia.
A la hora de fundamentar la resolución, los jueces coincidieron con los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, ya que se basaron en precedentes resueltos hace más de 20 años por la Corte Suprema de Justicia y por organismos internacionales.
Manifestaron también que en el fallo “Tomassi” —señalado por la fiscalía al contestar las cuestiones traídas por las defensas— la Corte dictó una resolución que ratifica una infinidad de fallos que construye un “holding” para los tribunales inferiores en casos similares. Además, los jueces indicaron que tal precedente no puede pasar desapercibido por su actualidad –cuya fecha es del 22 de diciembre de 2020- y por haber sido resuelto por los mismos integrantes que hoy componen el máximo tribunal.
Declaraciones indagatorias
Por otra parte, en las audiencias anteriores se recibió la declaración indagatoria del imputado Bernardo Artemio Cabezón, de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26; de Osvaldo Lucio Sierra, quien cumplió funciones en el Departamento II de Inteligencia; Eduardo Carlos Videla y Enrique Stel, quienes ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181.
El 21 de abril se recibirá la indagatoria de Claudio Alejandro Kussman -ex oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires-, quien solicitó hacerlo en la sala de manera presencial. De acuerdo a la acusación, Kussman está implicado en los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara, quien fue secuestrado junto a María Emilia Salto y Laura Manzo por personal policial que integraba el Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Los tres fueron llevados a uno de los centros clandestinos que funcionó en dependencias de la policía bonaerense, en donde fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas, con especial ensañamiento en Bombara, quien —según la investigación fiscal— murió como consecuencia de tales prácticas.
Además, dentro de la hipótesis fiscal se señala que Laura Manzo identificó a Kussman entre los torturadores -lo hizo bajo la fonética de “Culman o Culmbach”-, junto a Noel y Salinas. Los tres ex policías eran los únicos integrantes –además de un suboficial de apellido Loncon– del servicio externo de la Unidad Regional V de la policía bonaerense. (fiscales.gob.ar)
